“Así estamos…” Octubre 2017

Una mirada al mes de Octubre…

El gasto que implicarán las obras de reconstrucción, a cargo y cuenta del gobierno federal en su mayor parte, tendrá su efecto electoral. Se erogarán al menos 43 mil millones de pesos para atender el daño a escuelas y viviendas, y la eficacia y transparencia con que se realicen las obras habrán de sumar o restar puntos al gobierno federal y al PRI. Otros posibles elementos a favor del PRI serían la candidatura solitaria de López Obrador y el debilitamiento del Frente y de Anaya, mediante los ataques a su persona y, quizá, por la transferencia de votos a la posible candidatura de Margarita Zavala.

Sobre este último punto, pudieran exagerarse los efectos de la salida de Zavala del PAN. No tiene carrera política propia, el reconocimiento de su nombre podría confundirse con popularidad y los espacios para el grupo político del ex presidente Calderón se encontraban ya muy acotados al interior del partido. A lo anterior se suman las inmensas dificultades que enfrenta cualquier pre-candidatura independiente. O no… y su pre-candidatura se transforma en candidatura y logra precipitar, con la ayuda del gobierno, el desfondamiento de Anaya y del Frente. De ser así, podría en efecto incrementarse la utilidad del Frente y de Zavala para el PRI, al restarle votos cruciales a López Obrador.

Es un sobreentendido que la contienda será costosa, estridente y sucia. Normal en un sistema mal llamado democrático, cuyos formalismos no alcanzan a encubrir la demagogia y la corrupción que lo definen. Tan es así que uno de los factores principales para explicar ciertas alianzas, y la visceralidad en el discurso político, es el riesgo de persecución política y penal que los protagonistas consideran que corren en tal o cual escenario. El enfrentamiento entre Ricardo Anaya (y el Frente Ciudadano) y el presidente (y el PRI), surge presumiblemente porque los segundos traducen la agresividad retórica de Anaya en dicho riesgo. Por eso, aunque exista cercanía ideológica, el encono es mayor entre ellos que frente a MORENA. De ahí otro escenario, también plausible, en el que el enfrentamiento entre el PRI y el Frente debilite a ambos bandos, y termine por facilitarle el triunfo a López Obrador. Por lo pronto, éste último, al cabo siempre transparente, no engaña sobre su peculiar sentido de la honestidad al haber protegido a criminales como Abarca, el alcalde asesino de Iguala, o al delegado de Tláhuac. En últimas fechas, defendió a la dirigencia del Partido del Trabajo, un partido que no representa a nadie, que usurpa el registro electoral con que cuenta, que a su vez defiende a gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte o el de Venezuela, y que ahora le ha dado por robarse recursos destinados a centros de atención a niños pobres. Podría esto representarle un costo político a López Obrador. O, como están las cosas, quizás no.

De la degradación de la política nacional también siguen dando cuenta los gobernadores. Con la detención de un segundo ex gobernador de Tamaulipas, van nueve ya sujetos a proceso penal por delitos que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, hasta peculado y defraudación fiscal. Pero los gobernadores no nacen, sino que se hacen en un país que hoy alcanza el índice de percepción de corrupción más alto de Latinoamérica y el Caribe. Va un solo dato: el 51% de los mexicanos afirma que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios, principalmente escolares y hospitalarios, así como para obtener un documento de identidad o un servicio público (Transparencia Internacional).

Un contexto como éste explica el sainete que detonó un fiscal electoral parcial, que nunca enfrentó los flagrantes y permanentes actos anticipados de campaña de López Obrador, que nunca procesó ninguna violación relevante a la ley electoral, y que pretendió victimizarse a partir de la mentira de unas supuestas intimidaciones. Y, con todo ello, imposible que no moviera a risa una PGR que, para defenestrar al personaje, se le ocurre enarbolar su código de ética. El vodevil incluyó mucha prensa y mucha tinta, debates éticos entre intelectuales indignados e interpretaciones arcanas de códigos y leyes orgánicas.

Y, mientras tanto, el nuevo sistema de justicia penal no levanta ni levantará por falta de operadores; es decir, de policías, fiscales y jueces. Mientras tanto, también se pospone la creación de una Fiscalía General de la República digna del nombre. A falta de los diseños burocráticos indispensables, de la definición de los nuevos procesos ministeriales, de la titánica labor de capacitación, la discusión se estanca en nombres y apellidos, y se instauran conceptos sacrosantos, como el de la autonomía, la cual, por sí misma, no significa ni garantiza nada.

Mientras tanto, la violencia aumenta, imparable. En el periodo enero-septiembre del año pasado hubo 16,789 asesinatos, mientras que, en el mismo periodo de este año, se acumulan 21,200 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). El Programa Nacional de Seguridad Publica 2014-2018 tenía como meta alcanzar en el 2018 una cifra de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes; como vamos, es probable que esta tasa termine siendo cercana al doble.

Por su parte, la tasa del robo con violencia se ha incrementado en un 37% con respecto al año pasado, la de robo a negocios en un 36%, la de robo a transeúnte en un 35%, la de extorsión en un 16% y la del robo de vehículo también en casi un 16%. En el caso de los vehículos, en los últimos 12 meses fueron robados casi 86 mil automóviles asegurados, el mayor número desde que se tienen registro; y 60% con violencia, el mayor porcentaje de también desde que hay registros.

La oleada no es temporal ni regional. Es endémica y nacional. En septiembre, 76% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, el nivel más alto del que se tenga registro desde que empezó a levantarse esta encuesta en septiembre de 2013. Ya sucumbió, por ejemplo, Baja California Sur, donde la violencia produce un desplome inmobiliario por la caída en la venta de casas y la cancelación de reservaciones. O está el caso de Guanajuato, en otros tiempos relativamente tranquilo, y ahora ya en los primeros lugares en cuanto a homicidios.

En esta vorágine, continúa el asesinato de alcaldes, de los cuales dependen bandas criminales para obtener información, contratos y puestos clave. En el mes, mataron a tres: uno en Puebla, otro en Michoacán y otro más en Colima. Uno más de Michoacán sufrió un atentado. En lo que va del sexenio, han asesinado a 22 presidentes municipales.

Con las elecciones de por medio no habrán proyectos ni acciones para atender la emergencia, que por lo tanto se agravará en sus dos vertientes principales: colapso de las instituciones de seguridad y justicia, y violencia criminal.

Esta crisis afectará todos los aspectos de la vida del país, incluyendo a una economía de por sí debilitada por altas tasas de interés, una fuerte caída en la inversión, la disminución en la producción de Pemex (a niveles similares a los de 1980) y la probable cancelación del TLC. Si ésta se concretara, provocará a su vez disrupciones comerciales, menos inversiones, presiones sobre el tipo de cambio y la inflación, mayores tasas y menor crecimiento.

 

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