Una nueva Fiscalía, ¿Para cuándo?

En 2014, se reformó la Constitución otorgándole autonomía del Presidente a la institución responsable de la procuración de justicia a nivel federal. Sin embargo, tres años después, sigue sin entrar en funciones la nueva Fiscalía General de la República. Mientras tanto, la situación en esta área sigue siendo desastrosa. Hoy, una persona que resulta víctima de un hecho delictivo tiene muy pocos incentivos para ir a presentar una denuncia; sabe, sabemos, que será un proceso lento y tortuoso, y que, además, muy probablemente no termine en una consignación. Por eso la “cifra negra”, es decir, los delitos no denunciados, es del 94%, según las encuestas que levanta el INEGI. Y por eso también tenemos una impunidad casi plena; es decir, cercana al 100%, en todos los delitos.

Urge un nuevo modelo de Fiscalía que se construya sobre bases completamente distintas a las que hoy mal sostienen a una institución ineficiente a más no poder, no sólo a nivel federal sino en todos los estados. No se trata sólo de elegir a una persona con las credenciales adecuadas, muchísimo menos se trata de sólo cambiarle el nombre a la PGR o, para el caso, a las demás procuradurías. Lo que se requiere es una reingeniería institucional profunda a nivel federal, que pueda ser replicada en cada estado.

Además de la autonomía de los ejecutivos federal y estatales, ¿qué elementos tendría que incluir una reingeniería de este tipo? Desde luego, un servicio profesional de carrera que haga transparentes los requisitos de ingreso, permanencia y promoción, de conformidad con perfiles de puesto acordes con los requerimientos que establece el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Desde luego, un sistema de capacitación que permita formar ministerios públicos que en verdad investiguen, y que en verdad puedan conducir legalmente las investigaciones. Desde luego, deben establecerse métodos de evaluación que certifiquen estas aptitudes y los conocimientos técnicos necesarios para cumplir con esa función. Lo mismo aplica para la rama de servicios periciales, sin la cual no es posible llevar a cabo una investigación ministerial científica.

Especial relevancia deberían tener los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mediante la creación de áreas específicas y la incorporación de personal suficiente y debidamente capacitado, lo que permitiría agilizar procesos y prevenir futuros rezagos en el procesamiento de carpetas de investigación, que actualmente es del 66%.

También debería asegurarse que el Legislativo apruebe los recursos suficientes para crear y mantener a la Fiscalía, con incrementos anuales reales a partir de una línea base inamovible.

Es indispensable una efectiva rendición de cuentas. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Para ello, debería establecerse un plan estratégico para cada institución, la federal y las estatales, que detalle los diagnósticos, objetivos, acciones e indicadores de desempeño, e instaurar mecanismos ad hoc de supervisión externa.

Estas son sólo algunas ideas, algunas de las cuales ya han sido propuestas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Ahora hay que consolidarlas para arribar a un acuerdo de cómo debería funcionar la nueva Fiscalía.

Sin embargo, corremos el riesgo de que las diferentes agendas políticas que confluyen en el Congreso paralicen o desvirtúen el sentido profundo de la reforma. Hay quienes consideran suficiente la autonomía o el “bloqueo” al actual procurador. Hay también quienes proponen detener la discusión hasta que llegue un nuevo gobierno. Sería lamentable. No olvidemos la motivación de origen de la reforma es edificar una institución moderna, confiable, honesta y eficiente. Construir una institución toma tiempo, es un proceso de varios años y se necesita una ruta bien pensada y una ejecución robusta; reitero, no sólo es un cambio legislativo. Ése debe ser su resultado. Lo merecemos. Lo necesitamos. Nos urge.

 

* Con la colaboración de José Francisco de Villa Soto, investigador de Causa en Común.

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