Por: María Elena Morera (@MaElenaMorera)
En diciembre pasado se cumplieron diez años desde que las Fuerzas Armadascomenzaron a enfrentarse al crimen organizado en el país. En Veracruz lo han hecho desde 2011 pero la violencia no ha disminuido; por el contrario, los problemas persisten, se modifican y se acumulan. A la inseguridad se agregan gravísimos casos de corrupción y una crisis presupuestal que han colocado al estado en una situación desoladora.
A manera de contexto, es necesario describir los principales rasgos de la violencia que componen la radiografía de la inseguridad en el estado y que dan razón de la crisis de confianza en las instituciones que ahí operan.
Con una población de 8.1 millones, Veracruz es la tercera entidad con mayor número de habitantes, después de Estado de México y Ciudad de México. Además, goza de una ubicación privilegiada, con uno de los principales puertos comerciales y con vías carreteras que lo conectan con sus estados vecinos de San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco.
Por su ubicación y sus rutas comerciales para la transportación de productos (legales e ilegales), Veracruz es toda una plaza en disputa entre al menos cuatro grandes grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, Cárteles Unidos y Jarochos Unidos y, a decir del gobernador Miguel Ángel Yunes, la problemática más aguda se ubica en la zona montañosa de Córdoba-Orizaba y al norte, en Poza Rica y Boca del Río.
Y en esta disputa el horror se hace presente con la localización de fosas clandestinas en las cuales, aun preliminarmente, ya se cuantifican por cientos las víctimas, y donde por supuesto es urgente que la fiscalía del estado garantice que se realizarán las pruebas de ADN necesarias para identificarles plenamente.
A esta tragedia no contabilizada tenemos que sumarle la que sí se reporta y en ella los datos también son graves. Del 2000 a 2009, la tasa de homicidios en el estado se mantuvo en un rango entre 6-7 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2010 hubo un repunte importante hasta alcanzar los 15.5 para el 2016, más del doble que el año anterior. Según cifras del SESNSP, de febrero del 2016 a febrero del 2017 hubo un incremento en el número de homicidios de 158 %.
Y luego podemos tener un problema de subregistro. Ya en febrero de este año fue enviado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un registro de 109 homicidios dolosos y, sin embargo, Lantia Consultores sumó 137 ejecuciones durante el mismo periodo. Es de notarse esta inconsistencia cuando, teóricamente, la cifra de ejecuciones debería ser menor que el total de homicidios que la Fiscalía admite ante el Secretariado.
Por si fuera poco, desde el 2002 se registran 22 homicidios contra periodistasen la entidad (sólo durante la administración de Javier Duarte hubo 17 asesinatos de periodistas) haciendo de Veracruz el estado más peligroso para dicha profesión.
Desde los ciudadanos la percepción de inseguridad se ha incrementado de forma constante de acuerdo a ENVIPE. De 2011 a 2016, el porcentaje de la población que se siente insegura en el estado se incrementó de 64.8 %, a 85.1 %. En 2016 fue la cuarta entidad con mayor percepción de inseguridad, solo por debajo de Estado de México (90.6 %), Tabasco (87.9 %) y Tamaulipas (86.2 %).
Además, la cifra negra llegó en 2015 a 94.8 % solo por debajo de Guerrero y Estado de México.
Esta situación nos puede estar diciendo algo muy grave, no sólo porque la población no está denunciando los hechos delictivos por desconfianza en las autoridades, sino también porque ello nos impide conocer con precisión la violencia en el estado.
La desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad del estado tiene varios orígenes. Uno de ellas es el poco avance en los controles de confianza de la policía. A enero de 2017, 26 % de los mandos y operativos de la Secretaría de Seguridad Pública están reprobados y continúan en labores.
En las visitas que realizó Causa en Común para la elaboración del Semáforo de Desarrollo Policial 2015, el principal argumento para explicar esta situación fue la falta de recursos y la problemática para reemplazar al personal no aprobado, sin embargo nada justificaba mantener en la nómina policial a personal que no cumple con los perfiles requeridos y limitarse a continuar solicitando apoyos federales.
Yunes ofreció en campaña detener a los saqueadores del estado y mejorar la seguridad y la justicia. Sin embargo, pasan los meses y no estamos viendo cambios importantes que nos hagan pensar que va a cumplir. Gendarmería, Ejército y Marina continuarán los esfuerzos para contener la espiral de violencia, pero sin estrategia de construcción institucional no habrá un mejor horizonte.
En Causa en Común hemos insistido en que es necesario depurar y profesionalizar a la policía e incrementar las capacidades de investigación para que los ciudadanos recuperen la confianza para denunciar. Hasta el momento, sólo conocemos de apoyos federales para subsidiar la responsabilidad del estado, y es el día que no conocemos la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones locales de seguridad.
Finalmente, en medio de este contexto tan adverso de escándalos políticos, violencia y fosas clandestinas, destaca la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil en el estado. Mediante la denuncia y la propuesta, nuestros compañeros activistas merecen todo el apoyo de las autoridades federales y estatales, y el de todas las organizaciones del país. El Colectivo Solecito, el Colectivo por la Paz, el Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos y todas aquellas organizaciones que trabajan por alcanzar la paz y la justicia, son un ejemplo a seguir en estos días aciagos para su estado. Unámonos en apoyo a su labor de denuncia y en apoyo a los veracruzanos.
* Con la colaboración de los investigadores Manoel Pérez y Nuria Tovar.
