A principios de este año, el gobierno federal abanderó su lucha contra el crimen organizado y la corrupción con el combate al huachicol; una lucha que presumía ser de amplio alcance y en la que los involucrados seríamos… todos. Después de una serie de llamados a la “guerra contra el huachicol”, se cerró la llave de los ductos, situación que generó desabasto de gasolina que se tradujo en una alerta colectiva y en largas filas en las gasolineras de diversas entidades del país.
Al mismo tiempo, un selecto grupo de funcionarios “corrieron a Estados Unidos” a comprar varias centenas de pipas sin esperar controles o licitaciones. Las desesperadas acciones del gobierno federal no se tradujeron en ningún huachicolero detenido, ningún caso investigado, pero sí en tragedias humanas asociadas a las tomas clandestinas, como la que sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, con decenas de muertos y heridos. Eso sí, se lanzaron acusaciones contra personal de PEMEX, aunque nunca se explicó cómo se planeaba resolver el problema en sus distintas facetas.
Sólo confusión causó la ecuación alrededor del huachicol: desabasto (no necesario, sí inducido) y ausencia de estrategia (aún se vende huachicol en las carreteras y las tragedias humanas continúan asociadas a las tomas clandestinas). A la ecuación del huachicol se suma la lógica de que, con menos producto sustraído, se incrementaría la capacidad de venta y se observaría un incremento en el volumen de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Base de Datos Institucional de Pemex, eso no sucede: de hecho, las exportaciones del primer trimestre de 2019 son menores a las del último trimestre de 2018; es decir, se vende menos combustible cuando se suponía que, con la erradicación del huachicol, habría más producto que consumir a nivel nacional y para vender al mundo.
Sucedió todo lo contrario y hoy no hay nadie que explique ¿cuándo surgió el problema?, ¿dónde surgió?, ¿quiénes fueron responsables?, ¿por qué se tomó la decisión de atacarlo de esa manera?, ¿cuál fue el beneficio real de esa batalla?, ¿ya terminó? y ¿hoy, cuáles son los eslabones de la cadena del huachicol? En este artículo se busca dar elementos para intentar algunas respuestas a las dudas que quedan suspendidas en torno a esta pretendida “gesta heroica”, de la que ya no se informa nada.
Con relación al momento en que surge el problema de huachicol y sus responsables, fue a partir de la década de los ochenta cuando, con las reformas administrativas en PEMEX, se despide a un importante número de empleados, principalmente agremiados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con conocimientos técnicos y operativos del área de refinación. En ese momento, los trabajadores despedidos encontraron en la instalación de tomas clandestinas una forma de obtener ingresos considerables. De esa manera, el denominado huachicoleo inició en PEMEX y se fue extendiendo al interior de sus estructuras operativas.
En un inicio, los robos eran indetectables y el producto sustraído era para llenar tanques de vehículos o se vendía a particulares. Sin embargo, se convirtió en un problema mayúsculo con la incorporación de organizaciones criminales, que hoy operan apoyadas por el personal de PEMEX, y protegidas por comunidades que asumen que la gasolina les pertenece. En ese triángulo –PEMEX, crimen organizado, comunidades-, asentado en la impunidad omnipresente que define a México, se originó y se desbordó el monstruo que nadie parece saber cómo detener.
Hoy, el robo de combustibles se registra en todas las estructuras e instalaciones de PEMEX y se abastece fundamentalmente de tres fuentes: tomas clandestinas, robo a instalaciones petroleras y ventas ilícitas al exterior o contrabando de productos, los cuales se utilizan para adulterar los combustibles que son distribuidos en estaciones de servicio y expendios clandestinos. Una gran cantidad de producto se empezó a vender en Estados Unidos desde 2011, debido a su creciente demanda en la frontera norte. Los solventes, por el contrario, se distribuyen en territorio nacional donde se usan para diluir el petróleo refinado que se vende en el país. Es decir, el robo no está exclusivamente “picando un ducto” y “llenando bidones”. Se trata de un problema gigantesco con muchas derivaciones. Así, el huachicol es un problema de corrupción, un problema de criminalidad, un problema técnico y un problema social.
En la siguiente tabla se aprecia el crecimiento, aunque sólo sea un aproximado, en el número de tomas clandestinas, que son el indicador principal del huachicol.
Como se observa en la tabla anterior, el problema de las tomas clandestinas inició en la década de los noventa, a la par de las reformas administrativas en PEMEX. Es importante señalar que la salvaguarda de los recursos materiales y humanos de la paraestatal recaía desde 1977 en la Unidad de Servicios de Protección y Seguridad que, en 2002, fue elevada de nivel creándose la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF), y más tarde, en 2014, se reniveló convirtiéndose en Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE). Desde entonces ha habido un despliegue de 1,200 agentes aproximadamente, encargados del resguardo de las instalaciones de PEMEX en coordinación con policías municipales, estatales, Policía Federal y Fuerzas Armadas.
A manera de reflexión, es muy improbable que con ese reducido número se hubiese fincado una mafia huachicolera interna, que controlara la totalidad del territorio, considerando que la Red Nacional de Ductos es de aproximadamente 80 mil kilómetros. Además, el personal adscrito a esa área no está sindicalizado. Por ello resulta cuestionable que la persecución de responsables iniciado este sexenio no haya incluido a los líderes de las secciones sindicales, que controlan el acceso a todas las Terminales de Almacenamiento y Reparto en todo el país, y que además cuentan con todo el conocimiento técnico relativo a la distribución de combustibles.
Como lo refleja la tabla, es notable la rapidez con que se incrementó el robo de combustible en la última década, pero también en dicho periodo hubo reacomodos importantes al interior de PEMEX, para ajustar la estructura institucional al nivel que presentaba ya el problema. También fuera de PEMEX hubo reformas, como la promulgación de la “Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos”, aprobada en 2016.
De vuelta al presente, ¿en serio ya se solucionó un problema de esa magnitud?, ¿la estrategia de perseguir militares, y de “cerrar la llave de la gasolina” resultó en la extinción del problema que le ha costado a México miles de millones de dólares? ¿Con las nuevas pipas, ya se resolvió el problema de almacenamiento y reparto? Pues no, no es creíble que la severidad del problema se haya resuelto, y menos con acciones desesperadas y sin una planeación para prevenir el problema.
Si el problema está asociado a personal de PEMEX y es en parte técnico, ¿por qué no generar controles internos en los procesos de refinación y transportación de hidrocarburos, para identificar patrones en el robo de combustible?, ¿por qué nada se ha dicho de algunos eslabones imprescindibles de la cadena huachicolera, como son los sindicatos, el crimen organizado y las gasolineras? y ¿por qué, a pesar de ser un problema de amplio espectro criminal, no hay un solo huachicolero detenido y sigue la venta de gasolina a pie de carretera en cualquier parte del país? ¿Dónde está la investigación que contempla todos los eslabones involucrados en el huachicol? ¿Por qué seguimos conociendo de accidentes con lamentables costos humanos, a partir de actos clandestinos de sustracción de hidrocarburos? ¿Qué se plantea para reformular el esquema que, según el propio Ejecutivo, no pudo detener el huachicol? Considerando que, desde el ejecutivo se ha denostado a las policías, destruido a la Policía Federal y amenazado al ejército con desaparecer La respuesta es: nada.
Aunque no hay respuestas, lo que sí escuchamos son amplísimas declaraciones que sugieren que ya no hay huachicol. Resulta entonces que, con sólo decirlo, el problema se habría terminado. Tanto así, que la Base de Datos Institucional de PEMEX, fuente primaria de información, retiró de su estadística el número de tomas clandestinas, por lo que se desconoce el comportamiento a nivel nacional de ese fenómeno. ¿Si el problema está esencialmente resuelto, para qué entonces ocultar la información? Hoy, la información se concentra en unas pocas personas al interior del Centro Administrativo de Pemex (CAP) y ni el personal de seguridad física de la subsidiaria conoce las cifras oficiales.
Con este panorama, queda claro que el tema del robo de combustible pasa a formar parte de una política amplia de opacidad del gobierno, a la que ya han sucumbido el Instituto de Evaluación Educativa (INEE) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
Lo que también dejamos de saber fue el uso que se le dio a las pipas, compradas en un acto de desesperación, y que más bien representa parte del teatro político en curso. Como las compras han continuado, es probable que se hayan realizado sin licitaciones y a cargo del buen entender de un puñado de funcionarios que, hasta donde sí se sabe, no saben nada de pipas.
Entonces, la “guerra contra el huachicol” pareciera más bien una larga serie de engaños para ocultar información y para endilgarle otra responsabilidad al Ejército, siempre el Ejército. ¿De qué sirve apostar pequeños grupos de soldados a lo largo de los ductos, que por lo visto continuarán suministrando gasolina, sin entrenamiento ni capacidad para detener a una turba decidida a robarse la gasolina? Quién sabe…
Si el problema está asociado a la marginación social, ¿por qué no ofrecer programas reales de desarrollo comunitario? ¿Por qué no se ha reparado en el hecho de que PEMEX históricamente ha apoyado a comunidades petroleras, mediante la construcción de infraestructura social, donativos (gasolina, pavimentación) y donaciones (recursos económicos)? ¿Por qué se asume que los apoyos económicos que se anuncian van a ser más eficaces que los apoyos sociales que se brindaban? Quién sabe…
No existen atajos ni soluciones mágicas, y desde luego el problema no se resuelve con “cerrar la llave”. Sin investigaciones que contemplen todos los eslabones de la cadena del mercado ilícito de combustibles, apoyándose de la Ley del 2016, continúan y continuarán los incidentes lamentables de violencia extrema. Ahí están las imágenes recurrentes de personas incendiando patrullas y apedreando a elementos del Ejército, de la policía estatal y agentes de seguridad física de PEMEX. Y nunca hay investigaciones, nunca responsables y nunca consecuencias.
¿Qué hacer? Sí en verdad se quiere combatir el huachicol, se deberían conducir investigaciones contra huachicoleros, considerando a empleados de todas las subsidiarias de PEMEX y sus vínculos con el crimen organizado. En esas investigaciones, deberían estar una serie de industrias nacionales e internacionales, que han disminuido las compras de derivados de hidrocarburos a PEMEX, y que podrían estar adquiriendo el producto de manera ilegal.
Ya sabemos que el huachicol no se trata sólo de “picar ductos”, sino de un problema que combina la operación y control al interior de la empresa y no sólo al exterior. Por ello, al interior de PEMEX se deben mejorar los controles, marcajes y mediciones de los hidrocarburos a través de toda la red de ductos, terminales de almacenamiento y reparto, tanques de alivio, pipas, buques y demás infraestructura que permite el transporte de los productos.
Al exterior de PEMEX, se debe evitar que las comunidades petroleras se conviertan en comunidades huachicoleras, como es el actual caso de Puebla e Hidalgo, combinando medidas disuasoras, medidas de fuerza cuando sea necesario, y verdaderos programas sociales.
Y por favor, se debe mantener pública la información. Es necesario conocer los números de tomas clandestinas que son registradas mensualmente por PEMEX, para conocer y reconocer los distintos patrones que sigue el fenómeno del huachicol.
Como en muchos otros temas, ojalá hubieran menos conferencias y discursos y mítines, y más seriedad técnica y más responsabilidad con la empresa y con el país.
* Pilar Déziga es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público en temas de seguridad fronteriza, derechos humanos y política migratoria entre México y Estados Unidos en el Consulado de México en Douglas, Arizona. Colaboró en la Embajada de Canadá en México en el área de inmigración. Adicionalmente, formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia para la prevención del robo de hidrocarburos en México. Cuenta con cursos de especialidad en temas de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Relaciones bilaterales México–Estados Unidos.
Es investigadora de @causaencomun.