Así estamos: una mirada al último mes

Por José Antonio Polo Oteyza

Director General de Causa en Común

El camino al 2018 será sinuoso y sucio, con mucha aritmética electoral y pocas propuestas serias, si acaso. Además, la degradación de las últimas campañas y el derroche de abusos (y viceversa), probablemente vuelvan a poner en entredicho la legitimidad de las elecciones; por lo pronto, 54% de los mexicanos piensa que habrá fraude el año entrante (encuesta GEA-ISA).

¿Cómo se van acomodando las fuerzas? Sumando los votos en las cuatro entidades en las que hubo elecciones, el PRI es el partido que más votos obtuvo y el que más perdió en relación a los comicios previos (de hecho, en lo que va de sexenio, el PRI ha perdido 4,7 millones de electores en las 24 gubernaturas que se han disputado, más del doble obtenido en el Estado de México, su “bastión”). MORENA es la segunda fuerza. El PRD y el PAN perdieron casi igual número de votos. 

Esta es la elección presidencial a la que el PRI llega con menos estados gobernados: 14, contra 11 del PAN, cuatro del PRD, uno del PVEM y un independiente. Ningún partido solo rompe la barrera de los 30 puntos y todo dependerá de las alianzas que se conformen. El PRD es clave: si va solo o con partidos pequeños, no le alcanzará pero se incrementan las posibilidades del PRI; si se arrepiente López Obrador de lo dicho hasta ahora y se alía con ellos, seguramente ganarían, pero sería probablemente su fin como opción diferenciada de izquierda; si van con el PAN, podrían ganar y formar coalición de gobierno, aunque también con costos de identidad, si eso les importara.  

Para el PAN, la única opción es que, después de resolver sus serios conflictos internos, se alíe con el PRD. Por ello pretende conformar, entre el hartazgo con el PRI y el miedo a López Obrador, un “Frente Amplio Democrático”. Falta ver si las clientelas de cada partido transigen con lo acordado por sus cúpulas; si logran ponerse de acuerdo en un candidato “independiente”; el pequeño pendiente de negociar las candidaturas a los cientos de cargos en disputa (gubernaturas, diputaciones y senadurías); y, de paso, la tarea de acordar un programa de gobierno.

La apuesta del PRI será muy primaria, en la forma y en el fondo: buscará evitar una alianza PRD-MORENA (repitiendo el esquema en el Estado de México, en el que incluso se brindaron apoyos al candidato perredista); presumiblemente preferiría una alianza PRD-PAN, que al menos le cierre el paso a López Obrador; en todo caso, mantener la alianza con el Partido Verde, y esperar que le alcance repartiendo recursos a clientelas de menor escolaridad e ingreso, ignorantes de un historial que, como gobierno, ya poco se distingue de la derecha tradicional. Tendrá, asimismo, que desmarcarse, hasta donde esto sea posible, del siguiente panorama: el nivel de aprobación personal del presidente Peña, en 19%; apoyo a su gestión, 13%; credibilidad, 6%; el 69% piensa que el país vive una crisis económica; y ya, como corolario, con un 80% opinando que el país va por un rumbo equivocado (encuesta de GEA-ISA). Ya se han manifestado voces al interior del partido que buscan acotar al Presidente o ganar posiciones con miras a la asamblea general del partido en agosto, aunque nada indica una fractura mayor. En el saldo, triste papel y alcance para un partido supuestamente reformista pero incapaz de reformarse.

López Obrador, predecible hasta el bostezo, capitaliza el justificado descontento; nos recuerda, siempre otra vez, que padece de alergia institucional; y ofrece cambiarnos a todos para iluminar al país con su prístina voluntad. 

Al final, los actores podrán hacer todos los acomodos que el cálculo y la ambición permitan, mientras que, para las ideas, no hay mucho tiempo ni sentido. Lo que único que hoy parece cierto es que el próximo presidente será electo con alrededor del 30% de la votación y no tendrá, salvo un milagro, mayoría en el Congreso. 

Pasando a la economía, y desagregando por sectores, en el atribulado sector petrolero una mala y una buena: la exportación de petróleo de Pemex cayó a menos de un millón de barriles diarios, la menor desde 1990; la buena, que la segunda ronda en materia de hidrocarburos concluyó e implica inversiones por más de 8 mil millones de dólares. En el primer cuatrimestre del año, todo lo relacionado con petróleo, minería e infraestructura muy mal (con contracciones que van entre un 15 y un 7%); los sectores de manufacturas, comunicaciones, comercio o entretenimiento van bien (entre 3 y 4.5%). Como siempre, a los bancos les va muy bien: entre enero y marzo de 2017, su utilidad fue de 35,300 millones de pesos, nivel no obtenido desde que hay información, es decir 1997, y 25% por encima de las utilidades obtenidas en el primer trimestre de 2016.

A futuro, el entorno será adverso a la inversión, al consumo y al crecimiento, con el Banco de México encarrilado subiendo las tasas (hay quien dice que más que cualquier otro Banco Central). Estas llegan ya al 7%, ligando 10 incrementos desde que comenzó el ciclo alcista, en diciembre de 2015. 

Antes de pasar a otros temas, un dato sobre desigualdad: 210 mil personas que tienen inversiones en la Bolsa de Valores poseen casi la quinta parte de la riqueza nacional (22%); ampliando sólo un poco más la mira, el 5% de las familias más ricas concentran el 58% de la riqueza (estudio de la CEPAL). 

En cuanto a inseguridad, las presiones políticas que la debacle genera cristalizan en pretextos, como las críticas de funcionarios federales y de los gobernadores contra el nuevo sistema de justicia penal. Primero, los índices delictivos comenzaron a repuntar antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. Segundo, se tuvo desde el 2008 para preparar a sus operadores, sobre todo policías y ministerios públicos. Desde luego se pueden considerar ajustes, pero sin desarrollo policial y ministerial, no habrá reforma (ni contrarreforma) que funcione. Con este antecedente, a ver qué sucede con la reforma constitucional para aplicar una sola legislación nacional en materia civil y familiar, la cual abarca el 66% de todos los procedimientos judiciales del país. 

Siguiendo con la inseguridad, el país cruzó una línea, otra más: en mayo se registraron más asesinatos (2,186 averiguaciones previas) que en el peor mes del gobierno Calderón (2,131). El gobierno del presidente Peña heredó una curva a la baja y va saliendo con una tendencia al alza. En la contabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública (siempre inferior a la del INEGI), van 83,535 homicidios dolosos en el sexenio. En cuanto a secuestros, uno de los delitos con mayor cifra negra, el sexenio suma 5,887 casos con averiguación previa, para un promedio de cuatro por día. 

En esta vorágine se pierden homicidios que son también una afrenta a las instituciones: fueron asesinados, en una celada, en Guerrero, tres oficiales de la Policía Federal Ministerial que dejó también 13 policías heridos (otro enfrentamiento entre civiles en el mismo estado dejó siete muertos). Fue también asesinado el delegado de la Policía Federal en Veracruz y uno de sus escoltas (en el mismo lapso de 24 horas fueron asesinadas 22 personas en dicho estado). La ausencia de un mínimo de empatía con la policía, incluyendo a quienes dicen dolerse por la inseguridad, relega estos asesinatos a un simple registro de caídos, y a nadie sorprende.

Por último, tema del mes han sido las supuestas intervenciones de comunicaciones de activistas sociales y periodistas. No es la primera denuncia de este tipo: en febrero, diversas organizaciones que formaban parte de la “Alianza para el Gobierno Abierto” (parece broma, pero se trata de una iniciativa multilateral para promover la participación ciudadana, impulsar una mayor transparencia y combatir la corrupción), denunciaron un supuesto espionaje, y en mayo se deslindaron de su colaboración con el gobierno. Al respecto: 

1) Curioso el escándalo, cuando la filtración de grabaciones es extendida, abierta e impune desde hace años, con el fin de extorsionar y difamar a políticos y empresarios y, para algunos, útil para documentar la “corrupción del sistema”. La libertad de expresión es en nuestro país el paraguas del espionaje ilegal. 

2) Si fue el gobierno (altamente probable), inevitable decir que resulta estúpido espiar a gente que no sólo distan mucho de representar una amenaza para el Estado, sino que viven esencialmente de comunicar sus opiniones. Para saber lo que piensan, basta leer una síntesis de prensa.

3) Las declaraciones del presidente reafirman, por enésima ocasión, la improvisación con que se abordan temas sensibles: minimiza el hecho, desliza la amenaza contra los denunciantes, posteriormente se desdice, adelanta las conclusiones de la investigación que ordena iniciar, y al final se compromete (tanto porque sabe como porque no sabe). 

4) Dichas declaraciones se dieron en este contexto: además de una credibilidad en mínimos-mínimos (del 6%), seis de cada 10 periodistas encuestados han recibido algún tipo de agresión, uno de cada dos ha sido intimidado, y 75% duda de los mecanismos de protección gubernamentales (“Encuesta sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo en México”).

Así vamos… 

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