Comunicado final del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción

Ciudad de México, 12 de julio de 2017.

El Senado incumple con su obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción.
La designación del Fiscal se ha diluido en discusiones políticas e intereses partidistas.
Al retrasar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, el Senado posterga la vigencia de la nueva legislación penal en la materia y vulnera la legitimidad del Sistema Nacional.
Damos por concluida nuestra misión.

El Senado de la República incumplió —una vez más— su obligación constitucional de nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción. Ese nombramiento está pendiente desde noviembre de 2014. El proceso de nombramiento inició como producto de la reforma político-electoral (10 de febrero de 2014). En aquella ocasión, el Senado publicó una convocatoria y citó a comparecencias a 33 aspirantes al cargo. En octubre de 2016 se dio por concluido aquel proceso ante la falta de consensos necesarios y se convocó a un nuevo proceso de designación.

Como Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC), quienes firmamos esta carta, nos incorporamos al proceso cuando las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana convocaron en octubre de 2016 a las comparecencias de los aspirantes para la Fiscalía Anticorrupción. Después de haberse celebrado éstas, entregamos nuestra recomendación el 20 de marzo con cuatro perfiles que consideramos idóneos para ocupar el cargo y consecutivamente entregamos la base de datos con las evaluaciones individuales de los participantes al Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Un día después, las comisiones unidas entregaron el expediente de los 23 aspirantes junto con la recomendación del CAC a la Jucopo, sin que ésta, posteriormente, elaborase un acuerdo y lo presentara al Pleno del Senado. Restaba al CAC, de acuerdo con las reglas establecidas por el propio Senado, solamente elaborar un informe final, una vez que el Fiscal Anticorrupción fuera formalmente designado.

Los integrantes del CAC nos reunimos en dos ocasiones con el presidente de la Jucopo para destacar la relevancia y urgencia del nombramiento. En la última ocasión (17 de abril), entregamos un comunicado en el cual se apremiaba a que ese órgano legislativo diera certeza y procediera al nombramiento del Fiscal Anticorrupción dando puntual explicación pública de los plazos, los procedimientos y los criterios de selección.No obstante, la Jucopo mantuvo oculto el proceso, sin mediar explicaciones claras sobre su demora. La discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes.

La semana pasada se supo lo que este comité advirtió desde mayo pasado: que no habría periodo extraordinario para nombrar al Fiscal Anticorrupción porque las elecciones y las tácticas poselectorales resultan más importantes para los partidos que cumplir con sus obligaciones de ley. El Senado dejó vacante un cargo fundamental para desahogar múltiples expedientes de casos de corrupción y para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El mayor problema es que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el Fiscal, según el transitorio primero del Decreto que reforma el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016. Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada. Esto implica también que no entrarán en vigor las nuevas penas para este tipo de delitos, las cuales son más altas. Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha argumentado que no puede pronunciarse sobre la apertura y desclasificación de información relativa a hechos de corrupción dado que el Fiscal no ha sido nombrado y el Código Penal Federal no es vigente en la materia.

Uno de los argumentos de quienes han bloqueado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción es que previamente debe eliminarse el “pase automático” del actual Procurador General de la República a Fiscal General. Otro argumento es que de nada sirve nombrar al Fiscal Anticorrupción porque apenas estará en el cargo menos de dos años, o bien, porque carece de autonomía plena. Ninguno de estos argumentos puede justificar que el Senado incumpla su mandato y, así, se impida que entren en vigor nuevos tipos penales para castigar con mayor severidad y eficacia a los corruptos y dar mayor certeza a los mexicanos.

Que el Senado abdique a su responsabilidad y obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción significa en los hechos el menosprecio por el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la falta de interés de este órgano legislativo por contribuir a la legitimidad y eficacia de una política pública fundamental para el país. Este Comité lamenta profundamente la falta de profesionalismo y compromiso de los senadores.

Dados los hechos consumados, damos por concluida la misión de este Comité. Es nuestra opinión que el proceso ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley. Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Atentamente,

EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO

Silvia Inclán Oseguera

Ricardo Jiménez González

Issa Luna Pla

Fernando Nieto Morales

Cristina Puga Espinosa

Juan Carlos Sánchez Magallán

Luis Carlos Ugalde

Causa en Común A.C. Sudermann 404- 503 Col. Bosques de Chapultepec CP 11580, México DF +52 55 5255 - 5861 info@causaencomun.org.mx Skype
Linkedin
Youtube