Discurso de María Elena Morera 5 Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad

Discurso de María Elena Morera Mitre

Presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común

 

5 Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos+ Policías

07 de noviembre de 2016, Castillo de Chapultepec

 

Señor Presidente Enrique Peña Nieto:

Sea usted bienvenido.

Distinguidos miembros del presídium:

Muchas gracias por acompañarnos.

Muchas gracias a la Embajadora de Estados Unidos, a la señora Roberta Jacobson, y al Embajador, al señor Duncan Taylor, por el apoyo que le dan a Causa en Común para que llevemos a cabo nuestros proyectos.

Señores Gobernadores; señoras y señores legisladores; representantes de organismos de la sociedad civil; miembros de los cuerpos de policía, representantes de los medios de comunicación; invitados que nos hacen el favor de acompañarnos.

Reciban, todos, un saludo nuevamente, y la más cordial bienvenida al 5º Foro Nacional por la Seguridad.

Nuestro objetivo, es abrir un espacio de intercambio de ideas, de reflexiones, acerca de uno de los problemas que más afecta a los mexicanos: la inseguridad.

Una inseguridad definida por los grandes niveles de violencia, por niveles de criminalidad que ya son inadmisibles, y en paralelo, por la descomposición ya crónica de nuestras instituciones de seguridad y justicia.

En este tema, el de la inseguridad, vivimos una emergencia desde hace décadas. Por ella, y a pesar de ella, ningún Gobierno ha logrado definir, crear y mucho menos consolidar una política pública de seguridad que sea transexenal y que sea de Estado.

La violencia, el miedo, el desamparo y, especialmente, la gran impunidad, son parte de la vida cotidiana de muchos mexicanos. Lo dicen los ciudadanos en todos los tonos, lo dicen las cifras también.

Si vemos, por ejemplo, en la última Encuesta Nacional de Victimización a cargo del INEGI, destaca que hay al menos una víctima de algún delito en uno de cada tres hogares mexicanos.

La cifra negra, del 94 por ciento, y en su última encuesta trimestral sobre inseguridad, muestra que siete de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad donde vive.

Es, ésta, la mayor sensación de inseguridad de los últimos nueve trimestres.

La violencia, lejos de focalizarse, como se ha dicho, se extiende.

En 22 estados, las cifras de homicidios se han incrementado con respecto al año anterior. Y en otras, se ha disparado. Por ejemplo: en Colima, se ha triplicado; en Veracruz, se ha duplicado; en Zacatecas, el incremento ha sido del 65 por ciento; en Michoacán y en Nuevo León, del 50 por ciento, y en Baja California, del 34 por ciento.

Antes estas alarmantes cifras, los ciudadanos se preguntan una y otra vez; dónde están las autoridades; dónde está la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno y dónde están las promesas que nos han hecho que nos van a mejorar la seguridad.

La tendencia de los asesinatos empeora raídamente.

Septiembre fue el mes con más homicidios de los últimos cuatro años, con más de dos mil casos. Antes, ya había sido agosto, y anteriormente había sido julio.

Así las cosas.

El número de víctimas de homicidio aumentó un 20 por ciento. Además, en la vorágine de estas muertes, se dan también afrentas al Estado mexicano, como los asesinatos a los militares en Culiacán, al igual que, más recientemente, la del Juez Federal.

El caso es que, en lo que va del sexenio, se cuenta con un promedio mensual de mil 800 homicidios, casi 22 mil al año, y el país se acerca a los peores momentos de violencia del sexenio anterior.

Estas cifras y estos eventos ya tienen su efecto político. Desde las propuestas de ajustes institucionales a nivel Federal, también, pasando por las propuestas y por los debates superficiales sobre Mando Único o Mando Mixto. Y así, llegamos hasta las muestras de hartazgo de los ciudadanos con justicia por propia mano, tristes, pero cada vez más frecuentes.

Aquí, conviene reflexionar no solamente cómo padecemos, sino cómo tratamos a nuestra policía. Ya es un lugar común estigmatizarlas, y es entendible.

Pero por qué nunca reparamos en que muy pocos policías locales tienen seguro social, seguro médico, sueldos dignos, educación o profesionalización suficiente.

Cuando se reflexiona, la conclusión es obvia; es que el modelo policial del país es intrínsecamente corrupto, porque sólo puede existir económicamente, ya no digamos operar en ningún sentido, gracias al subsidio de la delincuencia y de la corrupción.

Es, a pesar de esta realidad, que satanizamos a las policías, y de ahí surge que las Fuerzas Armadas tengan que entrar como un cuerpo emergente, pagando el costo político de una función que no cuenta ni siquiera con un marco jurídico, y como seguimos siempre a la emergencia, ya nos acostumbramos a ver soldados en las calles e, inclusive, como policías municipales.

Es sano para nuestra democracia. No lo es.

No lo es, porque confundimos Defensa Nacional con Seguridad Pública. Pero principalmente no es sano, porque refleja la situación de divorcio, y la reproduce, que tenemos entre comunidades y autoridades.

Pero este desastre institucional no termina aquí. Continúa con las Procuradurías, con el Sistema de Justicia, con los Centros Penitenciarios.

Se cumplió ya el plazo de ocho años para la implementación del nuevo Sistema de Justicia, pero la gran mayoría de los Juzgados continúan operando con los mismos vicios que se buscaban erradicar, y no existen mecanismos de evaluación y seguimiento, por lo menos no los necesarios, para concretar la Reforma.

Un dato, entre muchos otros, es que el 40 por ciento de la gente que está hoy, en reclusión, no ha sido sentenciada. Éste es un dato atroz que nos debería avergonzar a todos.

En suma.

Catalogamos correctamente a nuestras instituciones como parte del problema, pero las condenamos a seguirlo siendo.

Vivimos en un presente eterno, de una profecía autocumplida. Es absurdo, y es, también, suicida.

Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes, hay que imaginarlas de otra manera, construirlas con esquemas meritocráticos, cuidarlas, fiscalizarlas, valorarlas, sociedad y Gobierno, y convertirlos en proyecto no de un partido político, no de un Gobierno, sino del Estado mexicano.

Pero cuál es, en cambio, la respuesta gubernamental:

O bien, las autoridades se retraen ante el impulso de la delincuencia, o bien, se dan esfuerzos aislados, loables, pero enteramente dependientes de funcionarios coyunturales, sin que existan condiciones para que estos se institucionalicen en largo plazo.

Tenemos ejemplos muy meritorios en algunas Procuradurías locales y, especialmente, en la Policía Federal y en PGR, específicamente en el Área de Antisecuestro, que, a pesar de la falta de recursos, tienen importantes logros.

Nuestro más sincero reconocimiento a todos ellos.

También, ha habido esfuerzos a nivel estatal.

Baja California, Chihuahua, Nuevo León, habían logrado avances importantes. Sin embargo, ahora van hacia atrás por la falta de compromiso político y la falta de continuidad en el esfuerzo.

Aquí, cabe mencionar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nació hace casi 20 años, como respuesta a la necesidad de coordinar los esfuerzo Federales y locales, y como instrumento técnico que articulara una política de Estado de largo aliento. La realidad es otra.

El Secretariado no cuenta con los instrumentos necesarios para generar incentivos que hagan cumplir los acuerdos del Consejo, no vigila que se cumpla con la ley que establece el Sistema de Desarrollo Policial, y tampoco da un seguimiento transparente, público y verificable, de los avances y retrocesos.

Sólo por darles un ejemplo. Desde hace años, existen protocolos detallados para saber cómo reclutar, cómo pasar el control de confianza, profesionalización, sistemas informáticos, unidades de asuntos internos, etcétera.

Dichas directivas han sido aprobadas por todos los gobernadores, por los Secretarios de Seguridad Pública y por los Procuradores de todos los estados. Sin embargo, ni se aplica ni se sustituyen por otras.

En cuanto al uso de recursos, es frecuente el subejercicio, la malversación de fondos o el desconocimiento de cómo utilizarlos, y todo esto sin ninguna consecuencia.

Por su parte, el máximo órgano de seguridad: el Consejo Nacional, practica la unanimidad del inmovilismo. Lo que predomina, es: sálvense quien pueda, porque los municipios le quieren delegar sus funciones y sus responsabilidades de seguridad a los estados, y los estados a la Federación. Y la Federación preside, pero sólo en el discurso.

Se trata, en suma, de una delegación perversa de responsabilidades y de una claudicación colectiva a las responsabilidades que, legal y políticamente, se tienen con la ciudadanía.

 

Señor Presidente:

Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos no se van. El daño y el dolor queda en las familias, y puede quedar por generaciones. Hay que detener esta sangría.

Su Gobierno tiene dos años por delante.

Reconocemos que usted y su Gobierno han logrado consensos muy importantes para concretar reformas de gran trascendencia para este país. Pero en materia de seguridad, falta mucho para sentar las bases de un país más seguro y menos violento.

Por ello, proponemos que Gobierno Federal, estatales, partidos políticos, organizaciones empresariales, académicas y sociedad civil, acordemos un pacto por una política de Estado en materia de seguridad, que defina los ajustes necesarios para el Secretariado Ejecutivo, que se convierta, éste, en una instancia de coordinación técnica, realmente, funcional, que pueda darle seguimiento a la ley y a los compromisos que acuerdan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Implantar las disposiciones legales y administrativas necesarias para determinar con total certeza el uso de los recursos, así como para aplicar mecanismos transparentes de sanción y de incentivos. Hoy, sólo hay incentivos, pero no hay sanciones.

Proponemos institucionalizar la participación de una sociedad civil solidaria, pero también crítica.

Para ello, proponemos que como parte del Consejo Nacional se instaure un consejo técnico de participación ciudadana, con facultades sustantivas que permitan vigilar constructivamente el ejercicio de los recursos y los lineamientos de transformación institucional.

Más que la discusión sobre la modalidad del mando de las corporaciones, lo importante es el modelo de desarrollo.

Es necesario homologar las capacidades profesionales e institucionales, tanto de procuradurías como de policías en todo el país. Y los manuales ya existen, nada más hay que hacerlos, utilizarlos, digamos.

Es urgente que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco jurídico en tareas de seguridad pública, al tiempo que se proyecta su retiro paulatino. Pero éste, éste sólo será posible en la medida en que avance la institucionalización de las policías.

Es muy riesgoso para las Fuerzas Armadas y para el país mantenerlas como están.

Es imperativo, asimismo, impulsar todas las medidas que sean necesarias para que se atienda el deplorable estado en el que se encuentran los centros penitenciarios del país.

Además, exigimos que se abran mesas de trabajo para que, juntos, academia, sociedad civil, Legisladores y Gobierno, diseñemos con seriedad una fiscalía que sirva a los mexicanos, y que el Sistema Nacional Anticorrupción se instrumente debidamente y que cuente con los recursos necesarios para que en el futuro se prevengan, investiguen y se sancionen las conductas corruptas que tanto lastiman a la sociedad.

Consideramos, señor Presidente, que estas líneas de acción son urgentes y también posibles.

Después, se podrá decidir el tipo de mando o si se deja o no la función de seguridad en tal o cual Secretaría. Lo que hoy se requiere es que cada institución y cada actor cumpla con su responsabilidad.

Y, por último, le pedimos nuevamente la base de nuestros derechos: el derecho a la identidad. En los próximos dos años puede establecerse el piso legal y administrativo para la operación de la Clave Única de Identidad.

Sería, sin duda, señor Presidente, de gran relevancia para el eficiente cumplimiento de diversas responsabilidades institucionales del orden social, económico, político y de seguridad.

Tiene usted, señor Presidente, la oportunidad histórica de liderar estos cambios. No los desaproveche, aún hay tiempo.

Muchas gracias.

Causa en Común A.C. Suderman 404- 503 Col. Bosques de Chapultepec CP 11580, México DF +52 55 5255 - 5861 info@causaencomun.org.mx Skype
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