Foro “El secuestro en México: Diálogos para su combate y prevención”

Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, en el foro “El secuestro en México: Diálogos para su combate y prevención” organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

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Mesa: El impacto de la sociedad civil organizada en las políticas públicas que atienden los delitos en materia de secuestro.

 

Me da mucho gusto participar en este importante Foro sobre el secuestro en México, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, institución de primer nivel que, desde 1976, contribuye a la investigación, formación y capacitación de servidores públicos en las áreas de procuración y administración de justicia.

Agradezco al doctor Gerardo Laveaga, Presidente del INACIPE, su hospitalidad, así como al maestro Emilio Cunjama, su invitación a dialogar sobre el “impacto de la sociedad civil organizada en las políticas públicas que atienden los delitos en materia de secuestro”.

Para Causa en Común, foros como este constituyen espacios valiosos para analizar y comprender el fenómeno de la inseguridad que padece México desde hace ya muchos años, y para construir, juntos, soluciones que nos permitan combatir delitos como el del secuestro, materia de este foro.

Por ello, saludo con gusto a todas las personas que aquí presentes y muy especialmente a quienes me acompañan en esta mesa de diálogo, con los que hemos compartido un largo camino de lucha en favor de la seguridad: Alejandro Martí, Isabel Miranda, Valentina Peralta y Josefina Ricaño.

Sé que en las mesas previas se han explorado, desde distintas perspectivas, los retos e implicaciones jurídicas del secuestro, la aplicación de nuevas tecnologías para hacer frente a este delito, las distintas aproximaciones teóricas y metodológicas que existen para el estudio del secuestro, así como el funcionamiento de las instituciones y la implementación de diferentes políticas públicas que se han instrumentado para combatir este grave delito.

En ese contexto, me propongo exponer ante ustedes la visión que tenemos en Causa en Común sobre cómo ha impactado el trabajo de la sociedad civil organizada en las políticas públicas que atienden los temas de la inseguridad en general y del secuestro en particular.

Tratándose de cualquier otro delito empezaría señalando su comportamiento en el tiempo utilizando datos de las fuentes oficiales, y luego haría una referencia a la cifra negra para dimensionar mejor de lo que estamos hablando.

Sin embargo, en el secuestro, la cifra negra por falta de denuncia es aún más alta que en otros delitos. Por otro lado, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo han recibido fuertes críticas por su falta de consistencia en el tiempo. Ello no obstante, utilizaré lo publicado por el Secretariado Ejecutivo, porque es la información estadística que tiene la serie de tiempo más larga.

Con dichos datos podemos observar comportamientos erráticos que van, desde incrementos de 600%, hasta disminuciones tanto marginales como sustanciales de 45% con respecto a los años “pico”.

Revisando las cifras desde hace 20 años, se alcanzan a identificar tres tendencias: una primera, que abarca los nueve años que van de 1997 a 2005, iniciando el registro con 1,047 casos y presentando decrementos sistemáticos hasta llegar los 278 casos en 2005, que es la cifra más baja desde que se registran estos datos. Un año después, en 2006, la cantidad de secuestros más que se duplicó con 733 casos, y desde ahí, inicia una segunda tendencia de crecimiento sostenido durante siete años, hasta alcanzar su punto más alto con 1,683 casos en 2013. Después, tenemos un tercer periodo, breve, en donde volvieron a bajar los casos, aunque no sustancialmente, pues pasaron de 1,395 en 2014 a 1,067 en 2015.

Sin embargo, los casos volvieron a repuntar a partir de entonces y los primeros meses de este año no son nada alentadores: con datos al mes de abril, este año se han denunciado 382 casos, lo que, comparado con en el mismo cuatrimestre del año pasado, representa un incremento de 11%.

Estos números indican que tenemos un problema crónico de secuestros, lo cual no debe sorprender si consideramos que tenemos un problema crónico de violencia. Los homicidios dolosos suman a mayo pasado 9,916 víctimas, un incremento de 22% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante esta grave situación, ha ido creciendo también la preocupación y el trabajo de la sociedad civil organizada por incidir en políticas públicas en materia de seguridad.

Voy a hacer un poco de historia, porque desde hace 20 años venimos planteando la urgencia de atender el colapso de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia. Fue en noviembre de 1997 que la sociedad civil organizó una de las más importantes manifestaciones de nuestra historia reciente: la marcha de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia. Al año siguiente, se logró promover la Cruzada Nacional contra el Crimen.

En 2001, se organizó la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. En 2004, bajo el lema “Rescatemos México”, la ciudadanía volvió a marchar para exigir a las autoridades mejoras sustanciales en materia de seguridad pública.

Ante el deterioro de la situación en materia de secuestro y otros delitos, en agosto del 2008 se realizó la Marcha por la Seguridad y, en ese mismo año, se concretó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Lamentablemente, el Acuerdo no tuvo la continuidad necesaria para lograr las transformaciones institucionales que ahí se plantearon.

En marzo de 2011, la sociedad civil definió una agenda legislativa en materia de seguridad pública con un enfoque en derechos humanos. Activistas, expertos y ciudadanos propusimos, entre otros temas, incluir a cinco consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, en 2012, se incorporaron invitados ciudadanos permanentes al Consejo Nacional. Hemos visto, sin embargo, que nuestra sola presencia en esta instancia no es suficiente para lograr los avances institucionales que el país requiere.

Por eso, creemos importante dar un siguiente paso impulsando la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano que forme parte, con voz y voto, del Consejo Nacional.

Hoy, más que nunca, tenemos que intensificar las denuncias y denunciar los retrocesos. En este sentido, no puedo dejar de sumarme a las denuncias por el espionaje que sufrieron integrantes ciudadanos de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa global impulsada para salvaguardar y promover mejores prácticas de transparencia, apertura y derechos digitales de 75 gobiernos. Y, como todos sabemos, el tema no ha quedado ahí. Ahora se habla de espionaje contra al menos 88 personas dedicadas al periodismo, defensores de los derechos humanos o personas involucradas en algún tipo de activismo social.

Otro ejemplo son las acciones de acoso a través del SAT con la realización de auditorías selectivas a personas y organizaciones que han tenido un papel relevante en la construcción del sistema anticorrupción, las leyes de transparencia y rendición de cuentas, así como en la defensa de la libertad de expresión.

Esta situación nos muestra alarmantes signos de que nuestro gobierno está confundido: erróneamente ha creído que el “enemigo” son las organizaciones sociales o los periodistas, cuando el verdadero enemigo son los delincuentes que le roban la tranquilidad a las familias y al país. Es a ellos a quienes el gobierno tiene la obligación de investigar y combatir.

Disculpen la digresión, pero es necesario alzar la voz.

Regresando al tema de secuestro, existe un andamiaje institucional para prevenir y combatir este delito. Contamos con las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS), creadas en 2009, y dependientes de las procuradurías o fiscalías estatales. Como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se instituyó, en 2014, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), responsable de coordinar, dirigir y ejecutar la estrategia nacional antisecuestro.

Las 32 UECS, una por entidad, recibieron en suma 435 millones de pesos de los 7 mil millones que en 2016 comprendieron el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP). A pesar de esto, y a decir de la propia titular de la CONASE, las UECS que trabajan bien son las menos. Isabel Miranda, aquí presente, ha denunciado en varias ocasiones el rezago que presentan entidades como Tamaulipas, Nayarit, Tabasco, Guerrero o Veracruz en este asunto.

En Causa en Común tenemos muchos años planteando dos aspectos clave de la seguridad, que naturalmente también aplican a este delito: uno, en la transparencia, y otro, el de la profesionalización de los cuerpos policiacos.

En cuanto a la transparencia, creo que no hacer falta insistir mucho en que las tareas de evaluación y supervisión sólo son posibles si se cuenta con datos actualizados, completos y veraces.

Una importante conquista en este sentido, tuvo lugar cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en 2014 que la información estadística en materia de incidencia delictiva suministrada por las instituciones de procuración de justicia del país incorporara el número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión.

La otra propuesta tiene que ver con la profesionalización y certificación de nuestros cuerpos de policía. Ya contamos con un estándar profesional, incluido en el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL), que a su vez forma parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no avanzaremos contra el secuestro ni contra ningún delito si no convertimos la letra de la Ley en realidad. Para ello necesitamos incorporar a dicha Ley las sanciones y los incentivos adecuados.

Requerimos, igualmente, transformar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una entidad independiente y de carácter técnico, que vigile eficazmente el desarrollo institucional de nuestras policías.

Recordemos que tenemos identificados los perfiles de estos delincuentes y sabemos que no se deviene secuestrador de un día para otro. Existe una evolución o, si prefiere, una involución claramente documentada, que señala que la mayoría de quienes participan en los secuestros provienen de familias disfuncionales permisivas, y que comienzan su carrera delictiva en delitos aparentemente menores, como robo a transeúnte, y continúan con robo a casa habitación, robo de carga y vehículos y, en ocasiones, con robo de valores y asaltos bancarios, hasta llegar al secuestro. Una policía profesional, debidamente capacitada, detendría a los futuros secuestradores en los estados más tempranos de su evolución criminal.

La profesionalización también tendría obviamente efectos en cuanto a las capacidades de reacción. La gente no denuncia y no lo hace por desconfianza a la autoridad. Profesionalizar y certificar a nuestras policías permitiría recuperar la confianza y el respeto de los ciudadanos y, de esta manera, la cifra negra eventualmente disminuiría.

Podemos mejorar, y tenemos ejemplos. Hace unas semanas, el Comisionado de Seguridad en Morelos explicó la estrategia que habían utilizado para bajar el delito de secuestro, que era el que más lastimaba a la sociedad de esa entidad. En enero de 2014, Morelos era la peor entidad federativa del país, medido por número de secuestros por cada cien mil habitantes con 23 casos por mes. Las líneas de acción que tomó fueron precisamente en el rubro de la profesionalización y la mejora a la Unidad Anti Secuestro. La Unidad contaba con 22 policías, para más de cuatro mil carpetas de investigación; es decir, cada policía debía investigar aproximadamente 182 casos. Lo que se hizo fue reasignar a 100 elementos de investigación a la Unidad, y dotarla de vehículos, armamento y tecnología. Además, se establecieron los indispensables vínculos con el C5 local. Hoy, todo indica que el índice de secuestros ha disminuido sustancialmente.

Igualmente, con información de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONASE, sabemos que Michoacán ha realizado importantes esfuerzos en el mismo sentido. Creemos que debemos replicar las buenas experiencias.

Está ahí también el Programa Integral de Capacitación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuyo es propósito capacitar al personal de las Unidades Estatales, en conocimientos teóricos y prácticos, así como en habilidades y capacidades a nivel directivo y operativo en atención a casos de secuestro. A enero de 2017, han sido capacitados 758 elementos de dichas Unidades, y se han destinado recursos por 1,697 millones de pesos. Sin embargo, se han detectado casos de subejercicio o bien reprogramación de recursos para otros objetivos. Esto es inadmisible, y habremos de solicitar a las autoridades la información que sustente dichas irregularidades para denunciarlas en todos los foros.

Un tema pendiente de la mayor importancia es el relativo a la inteligencia operativa, en general contra el crimen, pero hoy concentrándonos en el tema del secuestro. Sabemos por distintas fuentes que Plataforma México detuvo su inercia de desarrollo. Es necesario que presionemos a fin de que no se detenga la ampliación del Sistema Único de Información Criminal y a fin de que los módulos relativos a secuestro se desarrollen plenamente.

Por eso insistimos: la profesionalización de las policías, y el desarrollo policial en general, debe ser una prioridad en la agenda nacional. No es un tema de partidos, no es un tema electoral, es un tema de Estado. Desde la sociedad civil organizada, seguiremos trabajando para presionar a las autoridades e impactar de manera positiva en el diseño de políticas públicas en esta materia.

Como se puede observar, el tema da para platicar mucho tiempo más; yo dejo apuntados algunos temas que preocupan especialmente a Causa en Común, mismos que, junto con los aportes de mis compañeros de mesa, seguiremos comentando.

Muchas gracias.

Causa en Común A.C. Sudermann 404- 503 Col. Bosques de Chapultepec CP 11580, México DF +52 55 5255 - 5861 info@causaencomun.org.mx Skype
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