El horror en Allende, Coahuila

Publicado en Animal Político aquí

Lo que sucedió en Allende no se limita a los días en que se registraron los asesinatos y desapariciones, se refiere a todos los cambios en las dinámicas y estructuras sociales hasta que la sociedad quedó a merced de la violencia.

Anatomía de una masacre es un reportaje excepcional que narra la matanza ocurrida en Allende, Coahuila, en 2011. Se trata de una doble tragedia: la matanza en sí misma, y el olvido en que la hemos enterrado.

Este reportaje de la periodista ganadora del premio Pulitzer, Ginger Thompson, copublicado por ProPublica (organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación) y National Geographic, reúne los testimonios de víctimas, funcionarios municipales, agentes de la DEA, miembros del cártel de Los Zetas, sicarios, policías, testigos y habitantes del lugar.

La investigación se suma a otros esfuerzos importantes por documentar y analizar lo sucedido en Allende como En el desamparo Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010); Allende, Coahuila (2011), documento que elaboró El Colegio de México en 2016, y los reportajes de Diego Enrique Osorno, quien fue uno de los primeros periodistas en interesarse por el caso.

La investigación de Thompson es, literalmente, una anatomía, pues explica todas las partes que integran la violencia que sacudió a esta población. Así, los actores involucrados son quienes cuentan la historia y dan versiones complementarias de lo sucedido, lo que nos permite entender las distintas dimensiones de la tragedia y sus consecuencias.

En marzo de 2011, hombres armados del cartel de Los Zetas, uno de los más brutales y sanguinarios de que se tiene registro, irrumpieron en Allende, municipio de Coahuila, ubicado en la región fronteriza de México con Estados Unidos, a unos kilómetros de Texas. Sin nadie que pudiera ni intentara detenerlos, secuestraron y ejecutaron a decenas de personas, organizaron saqueos masivos e incendiaron y destruyeron viviendas. Las desapariciones y asesinatos continuaron por varios meses y se extendieron hacia Piedras Negras, Acuña y otros municipios. Es tal el desaseo de las investigaciones que el número de muertos y desaparecidos oscila entre 28, según la cifra oficial, y 300, de acuerdo a las asociaciones de familiares de víctimas. Por años, la tragedia quedó en el silencio y el olvido. Nadie habló de lo sucedido por el miedo a las represalias, hasta las primeras detenciones, que ocurrieron en 2014.

La explicación más aceptada a la fecha, aunque sigue habiendo interrogantes sobre lo sucedido, es que fue un acto de venganza de los hermanos Treviño, líderes de Los Zetas, en contra de desertores de la misma organización que huyeron a Estados Unidos y que entregaron información a las autoridades sobre las actividades del grupo delictivo. Al enterarse, los Treviño ordenaron la muerte de toda persona relacionada con los delatores. En el caso del citado municipio, el castigo se dirigió hacia uno de los cabecillas locales, Luis Garza Gaytán, miembro de una familia prominente de rancheros, mineros y comerciantes. Las víctimas fueron parientes y trabajadores domésticos de los Garza, personas que tenían el mismo apellido, o que simplemente estaban en el lugar y momento equivocados. Los sicarios no hicieron preguntas… mataron a mujeres, niños y ancianos por igual; masacraron a cualquiera que se cruzara con ellos.

manera de contexto, cabe recordar que el grupo delictivo de los Zetas se asentó en Coahuila en 2004 y gradualmente estableció un monopolio sobre la venta de droga en la zona, eliminando a la competencia local y reclutando a narcotraficantes independientes para expandir sus operaciones. Para 2007, según se explica en el reportaje, ya se habían infiltrado en la entidad apoderándose de las propiedades de agricultores y rancheros, incursionando en negocios legales de sectores como servicios, bienes raíces, construcción y minería, mezclándose con las familias más adineradas de la zona, participando como socios en sus actividades económicas y cooptando a las autoridades de todos los niveles -desde funcionarios estatales hasta policías municipales- por medio de la extorsión, el soborno y la intimidación.

Lo que sucedió en años previos importa, pues en el largo proceso de descomposición social podemos encontrar respuestas a cómo se gestaron las condiciones para esta tragedia. En ese sentido, lo que sucedió en Allende no se limita a los días en que se registraron los asesinatos y desapariciones, se refiere a todos los cambios en las dinámicas y estructuras sociales, al debilitamiento gradual del orden estatal, así como a la aparición de actores más violentos y completamente desarraigados de la comunidad. Eventualmente, la sociedad quedó a merced de la violencia.

Gracias a este reportaje conocemos ya cómo se trazó la delgada línea entre el miedo y la complicidad. Los presidentes municipales detallan sus encuentros con líderes de Los Zetas y revelan una máxima que supuestamente marcaría su relación: “Usted no es mi enemigo, siempre y cuando se ocupe de sus asuntos y nos deje encargarnos de los nuestros”.

Lo trágico de Allende es que se demostró hasta qué punto esta amenaza encubría una realidad aún peor. Nadie impidió trabajar a Los Zetas y, a pesar de ello, hubo represalias brutales y no hubo consideración alguna hacia la población. El orden de la violencia es eso: la volatilidad permanente, el estado de terror como forma de ejercer control y, en ese estado de completa indefensión, bastó la traición de tres individuos para devastar un pueblo entero.

Vale la pena discutir un apartado importante del reportaje, el cual se refiere a la actuación de las instituciones. El título que se eligió para la versión en inglés fue Cómo Estados Unidos desencadenó una masacre en México. Con esto, la autora hace referencia a que la DEA, de manera irresponsable, compartió información con la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, a pesar de los riesgos que ello implicaba.

La declaración de Russ Baer, portavoz de esa dependencia estadounidense ejemplifica, sin embargo, el lugar secundario que las víctimas tenían y tienen en los cálculos de la agencia.

“Con respecto a lo que pasó en México y las repercusiones de la filtración, la postura oficial de la DEA es la siguiente: es por completo culpa de Omar y Miguel Treviño. Estaban matando gente antes de que aquello pasara y mataron gente después de que se entregaron los números. La DEA hizo el trabajo de ir por ellos e intentar enfocar y dedicar nuestros recursos en sacarlos del negocio. Al final tuvimos éxito en este sentido. Nuestros corazones están con las familias. Son las víctimas, desafortunadamente, de la violencia perpetrada por los hermanos Treviño y los Zetas. Pero esta no es una historia en la que la DEA tenga las manos manchadas de sangre”.

Es decir: “Al final sí, es trágico lo sucedido, pero acabamos con los malos y la historia se terminó”. Pues no, porque esta tragedia pone en evidencia las consecuencias de un cálculo casi burocrático, que desestima el riesgo de pérdida de vidas inocentes… quizá porque no serían estadounidenses, sino mexicanos.

La violencia brutal a la que fueron sometidos los habitantes de Allende quedó en el olvido por años. Días después de lo sucedido, muchas familias pidieron ayuda, pero las autoridades hicieron caso omiso a sus solicitudes; los desincentivaron a denunciar, se escondieron. Han pasado seis años sin que los familiares de las víctimas tengan respuesta; muchos desconocen qué fue de sus seres queridos, y quieren conocer la verdad. Por ejemplo, la esposa de una víctima narra cómo fue su reunión con las autoridades de la Fiscalía de Coahuila en 2015, cuando les entregaron certificados de defunción simbólicos:

“Les dije: Esperen. Yo no esperé aquí seis horas para que llegaran y me ofrecieran un certificado de defunción y esta caja. Somos humanos. ¿Cómo pueden pensar que esta es la manera correcta de ayudarnos a darle cierre? Quiero saber de qué se enteraron y dónde. ¿Dónde está la persona que lo mató? ¿Cómo lo mataron?”.

¿Dónde está la investigación ministerial y forense que se les debe a las víctimas y a sus familiares? Muchos de los criminales involucrados están muertos o en prisión, pero ¿y los responsables institucionales?

Los escombros de Allende son el testimonio material de que, a seis años de lo sucedido, la herida sigue abierta. Las casas cubiertas con graffiti y maleza, las paredes resquebrajadas y baleadas simbolizan a un país, un estado y una localidad asolados por criminales, y por la incompetencia y corrupción de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

La historia de Allende trasciende Coahuila y se replica, con distintas escenas, todas de horror, en buena parte del país: autoridades ineptas, indiferencia social, olvido de las víctimas. A mí al menos me queda claro que nuestra titánica labor de reconstrucción institucional sólo podrá iniciarse, iniciarse en serio, cuando nos hayamos reencontrado con nuestro sentido básico de humanidad y solidaridad.

* Con la colaboración de la investigadora María Guillén Garza Ramos.

Causa en Común A.C. Sudermann 404- 503 Col. Bosques de Chapultepec CP 11580, México DF +52 55 5255 - 5861 info@causaencomun.org.mx Skype
Linkedin
Youtube