La construcción democrática necesita debates y análisis participativos y serios

Monterrey, Nuevo León., 27 de junio de 2017. A partir de la información difundida por distintos medios de comunicación, se ha hecho de conocimiento público la posible discusión en un periodo extraordinario de una reforma a la  Ley Orgánica de Ministerios Públicos, con el fin de adecuar la reforma constitucional Anticorrupción aprobada en marzo de este año. Con respecto a esta eventualidad, las organizaciones firmantes queremos poner los siguientes puntos a consideración de la opinión pública:

1. La Fiscalía de Nuevo León es una pieza clave de la reforma penal. En junio de 2016 se cumplió el plazo de ocho años para la implementación del Sistema de Justicia en todo el país. Requirió de grandes esfuerzos en materia de reforma legislativa e instrumentación en su operación, y participaron muchas organizaciones civiles, empresariales, y académicas de la mano con el Gobierno para lograr su implementación. Aquí en Nuevo León, la creación de una Fiscalía independiente y autónoma será pieza clave para contribuir a la correcta operación del sistema acusatorio. Será el órgano que investigue y persiga los delitos en representación de la sociedad, ajeno a intereses políticos y presiones del ejecutivo o legislativo. Es la oportunidad de por fin contar con una política criminal en Nuevo León.

2. Es un momento histórico para  hacer las cosas bien. El 10 de febrero de 2014 se aprobó la modificación del apartado A del artículo 102, para establecer la creación de una nueva Fiscalía General de la República, una institución llamada a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, esta reforma se quedó corta en sus alcances, y no creó las condiciones ni para la autonomía de la Fiscalía General, ni de las fiscalías especializadas como la Fiscalía Anticorrupción. Los pesos y contrapesos en esta reforma fueron insuficientes para garantizar que se subsanen muchos vicios de la antigua PGR.

Aquí en Nuevo León, en marzo de 2017, el congreso local expidió la Reforma Constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción. Uno de los cambios que destacan fue que la Procuraduría General del Estado pasa a ser Fiscalía General, adquiriendo así autonomía e independencia. La Ley de la Fiscalía de Nuevo León debe establecer, en conformidad con la reforma constitucional, las características de autonomía e independencia, además de la funcionalidad operativa, personal calificado, transparencia y rendición de cuentas que permitan acabar con las malas prácticas e ineficiencias de la actual Procuraduría de Justicia, pero también considerar las innovaciones y cambios positivos que se dieron en los últimos 5 años.

Esta Ley deberá de especificar de manera clara los motivos de remoción no sólo del Fiscal General sino también de los Fiscales especializados, si no queremos que sean sujetos a presiones políticas indebidas.

El cambio de la institución encargada de la investigación de delitos, va más allá de un cambio de nombre. La nueva Fiscalía tendrá la obligación de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por el delito. Por tanto, su figura es un eslabón importante para el combate a la corrupción y para garantizar el Estado de Derecho.

3. El fondo y las formas son igual de importantes en esta reforma. Considerando los enormes retos en materia de seguridad y combate a la impunidad, es fundamental que Nuevo León cuente con una Fiscalía que cuente con autonomía y protección jurídica, presupuestaria y de personal, para ser un ejemplo nacional de la adecuada persecución de delitos.

Por lo mismo, en procesos tan delicados, la forma es fondo. Es indispensable que el Congreso del Estado desarrolle un proceso de discusión riguroso y plural donde se trabaje en el diseño de la nueva institución y en su funcionamiento para que efectivamente sea capaz de investigar los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, y los hechos de corrupción que tanto han dañado las finanzas estatales.

Este proceso necesariamente debe de abrirse a los actores clave que han sido impulsores de la reforma de justicia en el estado, puesto que sólo así el Congreso logrará transmitir a la sociedad la garantía que su proyecto contiene los elementos centrales de diseño que propicien un éxito a futuro, tal como pesos y contrapesos en el manejo de los casos, sistema interno de promociones por meritocracia (servicio civil de carrera), o atención en forma especializada a delitos de alto impacto.

Es por eso que hacemos un llamado al Congreso del Estado para analizar a fondo las implicaciones de este cambio institucional y legal, con discusiones serias e incluyentes, para garantizar que la nueva Fiscalía sea un pilar sólido de gobernabilidad democrática, seguridad pública y Estado de Derecho. Una Ley de esta relevancia no puede ser votada al vapor y en periodo extraordinario, ya que sus implicaciones en el largo plazo serán de suma relevancia. Pedimos a los diputados que no supediten la calidad de la reforma a cuestiones de agenda política, ni que dejen a un lado la ciudadanía de discusiones tan relevantes para nuestro estado.

Firman este comunicado:

Consejo Cívico; RENACE; Observatorio Nacional Ciudadano; Evolución Mexicana; Ciudadanos Contra la Corrupción Nuevo León; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; México Evalúa; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C; y Causa en Común, A.C., Mexicanos Primero.

Causa en Común A.C. Sudermann 404- 503 Col. Bosques de Chapultepec CP 11580, México DF +52 55 5255 - 5861 info@causaencomun.org.mx Skype
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