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Muertes invisibles

Publicado en El Universal el 09 de junio de 2017

Durante los últimos meses hemos sido testigos de cómo, con total impunidad, la delincuencia cobra las vidas de policías en servicio en distintos estados de nuestro país. Hablamos del asesinato de 109 policías de los tres órdenes de gobierno, tan solo en lo que va de 2017; de los cuales, 59% eran de corporaciones de seguridad municipales. Cada policía que perdemos, refleja la ineficiencia de nuestras autoridades, la fragilidad de las instituciones y como sociedad, nos deja más desprotegidos.

En días pasados, supimos de una emboscada a cinco policías del Municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Cobardemente fueron acribillados a balazos, provocando la muerte de tres de ellos. Imagino el dolor de sus familiares; comparto la indignación de la madre de uno de ellos, quien, en un video, reclama al presidente municipal la falta de chaleco de protección para su hijo; me pregunto: ¿cómo es posible que hoy tengamos policías cumpliendo con sus tareas sin las condiciones mínimas de seguridad?

Desgraciadamente, la falta de equipamiento en la policía de Ecatepec, como en la mayoría de los municipios de nuestro país, no es un asunto únicamente de recursos. Los presupuestos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) muestran que, Ecatepec recibió recursos federales por 50.8 millones de pesos en 2016 y este año recibirá 46 más. Sin embargo, en ninguno de estos dos años se programó la compra de chalecos. Lo paradójico es que, si en el municipio con más habitantes del país y con alta incidencia delictiva no todos los policías cuentan con el equipamiento mínimo para protegerse, ¿qué se puede esperar de las fuerzas del orden en los municipios que reciben menos recursos? La situación se agrava considerando que, a la falta de equipo, se suma la ausencia de otros elementos indispensables para el desempeño de sus funciones como son la capacitación continua, una adecuada cobertura de seguridad social, horarios y sueldos dignos.

Lo más preocupante es que, como sociedad, hemos sido indiferentes ante la crítica situación que viven nuestros policías. En otros países, la muerte de una persona dedicada a brindar seguridad a sus habitantes es una afrenta a las comunidades, a las instituciones y al Estado en su conjunto. Aquí, en cambio, se acumulan como muertes invisibles.

Con la misma indignación y vehemencia con la que protestamos por los asesinatos de mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, debiéramos protestar y exigir justicia para los policías que son abatidos mientras cumplen con su trabajo.

Para empezar, demandemos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuente con las capacidades técnicas y los mecanismos operativos que le permitan ejercer sus atribuciones para hacer cumplir a las entidades federativas el objetivo de “fortalecer las capacidades de las instituciones policiales” señalado en el Programa Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; nada más, pero, sobre todo, … nada menos.

Manifestemos también nuestra indignación ante la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales para atender el desarrollo de las mujeres y los hombres que todos los días salen a las calles y velan por nuestra seguridad. México necesita impulsar el desarrollo policial, fortalecer a las instituciones de seguridad pública y, muy importante, sancionar a las autoridades que incumplan con sus responsabilidades.

Tenemos que hacer oír nuestras voces y sumar nuestros esfuerzos para sacar a nuestros policías del abandono institucional en el que han hoy viven confinados. Debemos dejar de ser indiferentes a sus carencias y necesidades, debemos arropar a las personas que nos protegen.
Colaboró en esta publicación Juan David García Melo.

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