Policías y ministerios públicos que investiguen: ¿Quizá algún día?

Columna publicada en El Universal aquí.

La investigación es un proceso fundamental para la prevención y combate al crimen. Sin ella, no se puede ni se podrá desmantelar a los grupos criminales que operan impunemente en todo nuestro territorio. En la mayoría de los países así ocurre, pero en México, por increíble que parezca, las policías adquirieron facultades para investigar hasta el 2008. ¿Por qué? Porque las asumíamos corruptas e ineficaces, y entonces así las tratábamos: sin facultades, sin salarios dignos, sin capacitación, sin infraestructura ni equipamiento suficientes. Y así queríamos que cumplieran con la responsabilidad de combatir el crimen y reducir la inseguridad. Les encargábamos que nos protegieran, pero las dejábamos indefensas. Así de absurdo…

Fue en ese año cuando la reforma al artículo 21 constitucional eliminó el monopolio de la investigación que detentaba el ministerio público, abriendo el espacio para que las policías también investigaran. También se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2009, que establece los lineamientos esenciales para el desarrollo policial en los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, a pesar de las reformas, las cosas no han cambiado. Nuestras policías continúan operando como cuerpos reactivos, y no preventivos, que detienen, no con base en investigaciones, sino esencialmente en flagrancia, cuando se está cometiendo algún delito.

Para ampliar aún más la brecha entre nuestras leyes y nuestra realidad, se puso en marcha un nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual, junto con el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014, impusieron a nuestras policías la responsabilidad de velar y proteger los derechos de víctimas e imputados, asegurar la escena del crimen y los bienes relacionados con una investigación, identificar testigos y realizar inspecciones; todas ellas, acciones esenciales para garantizar un debido proceso.

Desafortunadamente, las modificaciones normativas no han venido acompañadas de una verdadera capacitación ni de la provisión de las condiciones materiales para desempeñar adecuadamente las nuevas funciones. Resulta alarmante que la mayoría de nuestros policías hayan recibido únicamente 40 horas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal, sólo para cubrir el expediente. Y ello, cuando todos sabemos que nuestros policías viven una situación crítica porque la mayoría ni siquiera cuentan con el “piso mínimo” para realizar sus funciones: su vida profesional transcurre con jornadas laborales irracionales y salarios muy bajos; y, en algunas corporaciones, deben pagar por sus uniformes, municiones o por la reparación de las patrullas. A nadie sorprende que, en estas condiciones, no haya policías con capacidades reales de investigar los delitos y, mucho menos, de hacer frente a las exigencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

¿Y el ministerio público? Sigue siendo el mismo, atrapado en una crisis de identidad en la que se asume como jefe de policía, sin serlo, pero tampoco se consolida como institución investigadora.

No tenemos problema para promulgar leyes progresistas y ambiciosas, pero nuestras autoridades han resultado ineptas para diseñar procesos, delinear perfiles profesionales y para capacitar; es decir, para llevar a cabo verdaderas transformaciones que permitan a nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia operar con base en la planeación, al análisis y la generación de inteligencia.

¿A qué se dedican entonces los políticos responsables de este desastre? Como no hay rendición de cuentas, ni consecuencias, pueden concentrarse tranquilamente en dos cosas: buscar nuevos cargos e hilvanar pretextos. Es el cinismo como norma de actuación política.

Nuestras policías y nuestros ministerios públicos requieren un plan de desarrollo integral y de largo plazo. Continuemos exigiendo lo elemental. Sólo así podremos transitar hacia el modelo de investigación que nos urge desde hace años. Quizá algún día…

Con la colaboración de David Blanc Murguía, investigador en Causa en Común

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