Propuestas de seguridad pública a los candidatos a gobernador

 Propuestas de Causa en Común en materia de Seguridad Pública y Justicia para el Estado de México

 

María Elena Morera Mitre[1]

El Estado de México es uno de los más complejos del país: es el que tiene la mayor población, además de intensos flujos migratorios; es una entidad con una gran diversidad étnica y geográfica y, como es conocido, destaca por su enorme contribución al PIB, principalmente a la producción manufacturera y de servicios especializados. Sin embargo, el Estado de México es también una entidad de grandes contrastes entre zonas residenciales urbanas de enorme riqueza y áreas rurales en situación de pobreza extrema y marginación; tiene, asimismo, muy graves problemas de inseguridad.

Lo más preocupante es que la situación de inseguridad en la entidad parece estar lejos de resolverse. Las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del INEGI, publicada 2016 con datos de 2015, señalan que la percepción de la población de 18 años y más, ubica al Estado de México en el primer lugar nacional en materia de inseguridad: 9 de cada 10 personas encuestadas no se sienten seguras en su estado.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, tan sólo en marzo de 2017, hubo un total de 22,492 delitos registrados en el Estado de México, de los cuales el robo con violencia fue el de mayor prevalencia, representando 19 de cada 100 delitos cometidos.

Al comparar los delitos de alto impacto, es decir extorsión, homicidio doloso, robo con violencia y secuestro del primer trimestre de 2016 contra el mismo periodo de 2017, se observa que se elevaron 30.4%, pasando de 9,386 a 13,485 delitos. Son particularmente graves los aumentos en los casos de extorsión, que se incrementó 68%, y de robo con violencia, que creció en un 47%.

Consternan también los 263 homicidios ocurridos en la entidad durante el tercer mes del año, 64% de los cuales fueron homicidios dolosos. En cuanto al feminicidio, tipificado en el Código Penal mexiquense en marzo de 2011, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que, entre enero y febrero de 2017, abrió únicamente 10 carpetas de investigación por este delito; esto a pesar de que desde julio de 2015 el gobierno estatal decretó la Alerta por Violencia de Género en 11 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Para mí, como ciudadana, y sobre todo como mujer, resulta indignante que, entre de 2011 y el día de hoy, sumen 314 carpetas por feminicidio, pero que sólo en 182 casos se haya logrado vinculación a proceso, y que únicamente en 85 se derivaran sentencias condenatorias.

Lo que resulta más preocupante de este panorama de inseguridad es que, dado que la cifra negra de delitos es de 95%, es indudable que el número real de delitos sea sustancialmente mayor al que reportan las fuentes oficiales.

En este contexto tan delicado se requiere una autoridad que escuche, que reconozca los problemas y que actúe con base en la evidencia, pero también una sociedad activa, crítica y propositiva. Hoy, más que nunca, necesitamos que la población afectada se involucre y forme parte de las decisiones y acciones contra la inseguridad pública y la impunidad. Todos tenemos que ser corresponsables e ir más allá de señalar lo que está mal; necesitamos no sólo denunciar, sino proponer soluciones y exigir resultados a la autoridad.

Por ello, Causa en Común hace varios llamados al compromiso y a la acción.

  1. I) Un primer llamado a quien resulte ganador de la contienda electoral, es para implementar un proyecto integral de Desarrollo Policial para el estado, tema que Causa en Común ha venido promoviendo durante mucho tiempo con el fin de tener policías honestas, dignas, profesionales, orientadas a la comunidad y que rindan cuentas.

Más allá de la discusión sobre mando único o mando mixto, a los ciudadanos nos interesa que haya seguridad en nuestros espacios de convivencia cotidiana. No podemos ni queremos esperar más. Por ello es imperativo cumplir con lo que ya estipula la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre Desarrollo Policial.

Se trata simplemente de poner en marcha el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL) contemplado en la Ley, fortaleciendo sus cuatro componentes: sistema profesional de carrera, profesionalización, certificación integral y régimen disciplinario.

En cuanto a la carrera profesional, es necesario impulsarla como sistema de carácter obligatorio y permanente con lineamientos y procedimientos para el reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, evaluación y reconocimiento; así como para la separación o baja del servicio del personal.

Hay que cuidar a quienes nos cuidan. De ahí que resulte esencial que, como parte del sistema de incentivos de la carrera policial, se ponga en marcha un sistema complementario de seguridad social que garantice, al menos, las prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado y sus familiares. Con ello, además de cumplir la norma en materia laboral, se desarrollaría un sentido de orgullo, pertenencia y arraigo.

En materia de profesionalización, se debe consolidar un procedimiento permanente y progresivo de formación académica, tanto inicial como continua, que incluya actualización, promoción, especialización y alta dirección, a fin de desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades para cumplir adecuadamente sus funciones.

En cuanto a la certificación integral, todos los integrantes de las instituciones policiales, sin excepción, deben tener el certificado único policial, que incluye control de confianza, examen de habilidades y destrezas al igual que la evaluación de desempeño.

En cuanto a control de confianza, los elementos de seguridad deben someterse a las evaluaciones periódicas, tal y como lo marca la Ley, que comprueben el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos. Se debe poner especial cuidado en tres aspectos: primero, evaluar a todo el personal antes de que entre en funciones; segundo, por ningún motivo mantener en activo a quien no haya acreditado los exámenes de control de confianza; y, tercero, tomar las previsiones necesarias para renovar los certificados antes de que venza su vigencia. Señalo esto porque, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a marzo de este año había más de 3 mil elementos de las policías estatal o municipales en el Estado de México que no tenían su certificación vigente, ya sea porque no fueron evaluados (294), porque no aprobaron (793) o, en la inmensa mayoría, porque su certificado ya no estaba vigente (1,990). Esto es inaceptable. No puede ser que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley la quebranten. Sin certificado vigente, nadie y mucho menos los que tienen nivel de mando, deben ejercer funciones en el ámbito de la seguridad pública. Como sociedad organizada estaremos haciendo un seguimiento puntual de que así sea.

El último elemento del SIDEPOL, el régimen disciplinario, es un esquema diseñado para detectar desviaciones o actuaciones deficientes por parte de los elementos de la policía. Comprende los deberes, correcciones disciplinarias, sanciones y procedimientos vigentes. Funciona bien cuando instrumenta sistemas para detectar a tiempo actitudes irregulares y se realizan investigaciones para supervisar y juzgar las conductas indebidas; pero funciona mejor cuando se da con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

  1. II) De poco servirá la reforma policial, si ésta no se acompaña de una reforma igualmente profunda en el ámbito de procuración de justicia. Por tanto, el segundo llamado a las y los candidatos se refiere, a la transformación de la actual Fiscalía General, la cual debe ir mucho más allá del cambio de una palabra en la fachada de su edificio. Se trata de consolidar una pieza clave en el sistema de justicia del estado, para contar con una institución con la credibilidad y la fortaleza suficientes para hacer investigaciones científicas, sustentar sus casos en evidencias, y que contribuya decisivamente a desmantelar las redes criminales que operan en territorio mexiquense.

En nuestra opinión, el elemento central de la reforma debe ser la instauración de un modelo de investigación que priorice la investigación científica, sustentada en evidencia e información de calidad.

En cuanto al Fiscal General y los fiscales especializados se necesita que, además de autonomía política y operativa, cuenten con perfiles sólidos, una buena reputación, una destacada trayectoria profesional y compromiso con los derechos humanos. Para que esto se cumpla, las organizaciones de la sociedad civil debemos comprometernos a ser vigilantes de que estos funcionarios guíen su actuación en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías y derechos de las personas.

III) El tercer llamado a las y los candidatos es a generar un fuerte compromiso para reducir sustancialmente la violencia de género y combatir el feminicidio en la entidad. La prevención y el combate a los asesinatos de mujeres debe ocupar uno de los primeros lugares en los esfuerzos del nuevo gobierno. Ello exige una estrategia estatal integral contra el feminicidio y la violencia de género con medidas preventivas y reactivas, así como un acceso expedito a la justicia.

Deben incrementarse sustancialmente medidas preventivas como programas que visibilicen y alerten sobre la violencia de género e intrafamiliar, campañas de comunicación, talleres y cursos de sensibilización. En paralelo, urge brindar capacitación que especialice a los policías para atender estas situaciones con perspectiva de género. En las medidas reactivas, nos referimos a la ampliación de la red de videovigilancia, así como al establecimiento de más botones de pánico en zonas en donde exista preponderancia de delitos en contra de las mujeres. Para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, proponemos impulsar nuevos y mejores protocolos de atención, así como agilizar los mecanismos de denuncia, ampliando el número de módulos de atención de delitos vinculados a la violencia de género.

  1. IV) El cuarto llamado a quienes quieren encabezar el poder ejecutivo del Estado de México es a que se comprometan a generar, de la mano con la sociedad civil, una agenda de participación ciudadana para vigilar, monitorear y evaluar la gestión de las políticas públicas estatales en materia de seguridad. Esto debe implicar dos compromisos concretos. El primero, para fortalecer los consejos ciudadanos locales de participación para la prevención del delito, como espacios de diálogo y coordinación entre las autoridades y líderes sociales locales, académicos, activistas, periodistas y empresarios que operen, más que como testigos sociales, como acompañantes y evaluadores de los avances de las instituciones de seguridad y justicia. Es fundamental que las recomendaciones que emitan estos consejos se traduzcan en compromisos reconocidos por las autoridades.

El segundo espacio para la participación ciudadana se refiere a los esquemas de proximidad policía-comunidad, donde los agentes que vigilan una demarcación apliquen acciones colaborativas con los vecinos. Esto implica, por un lado, fortalecer los lazos de cooperación entre los habitantes para la vigilancia vecinal, para identificar los conflictos y problemas de convivencia, así como para desarrollar habilidades para prevenir situaciones de riesgo. Como contraparte, en los policías se requiere desarrollar capacidades de proximidad para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos menores, así como diseñar líneas de acción preventiva con la participación de la comunidad.

Un esquema de esta naturaleza ya está operando en Nezahualcóyotl, desde hace 8 años aproximadamente, mediante redes vecinales y policías que reciben capacitación permanente. Se trata de una experiencia que sido reconocida como buena práctica de prevención social por la agencia estadounidense USAID por sus resultados positivos en la disminución de los delitos: mientras que en 2012 el municipio ocupó el lugar 16 en el estado por su alta incidencia delictiva, para 2015 se ubicó en el puesto 72 de 125 municipios de la entidad.

  1. V) El quinto y último llamado a quienes pretenden gobernar el Estado de México es para refrendar y profundizar el esquema de colaboración entre gobierno y sociedad civil en temas de transparencia y combate a la corrupción. Para ello, proponemos la presencia de una supervisión civil externa como elemento que acompañe la implementación del Modelo Anticorrupción en las instituciones del estado.

En este sentido, el actual gobierno del Estado de México ya dio el primer paso. A principios de 2017, Causa en Común firmó un acuerdo con el gobierno estatal para iniciar la implementación de un Modelo Anticorrupción que retoma las mejores prácticas internacionales para las instituciones de seguridad pública. Pero un paso no basta; lo importante ahora es concretarlo a partir de esquemas de supervisión civil externa, que fortalezcan los procesos de gestión de quejas, de investigación, de control disciplinario y, en general, de la actuación policial.

Es de todos sabido que la base de la confianza ciudadana en las instituciones descansa, en buena medida, en el uso transparente que los gobernantes hacen de los recursos públicos; por eso pedimos que, quien asuma el nuevo gobierno, establezca un compromiso de apertura en la información que posibilite a las organizaciones de la sociedad y a toda persona interesada, “seguir el dinero”, llevando a cabo procesos de supervisión y monitoreo de los presupuestos destinados a seguridad y procuración de justicia, a través de la instauración de portales en línea con bases de datos abiertos que desglosen las cifras por programas y rubros de inversión. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública; de los programas para la profesionalización y de control de confianza; o las compras de uniformes, vehículos y equipamiento, entre otros.

Confiamos en que, quien resulte ganador en esta contienda electoral del Estado de México, asumirá los compromisos por la seguridad pública y la justicia con altura de miras, con programas y líneas de acción que trasciendan los periodos de gobierno y diferencias entre partidos. Confiamos en que, ahora sí, se lleven a cabo las transformaciones institucionales tan largamente pospuestas. Confiamos en que, a partir de un nuevo gobierno, comience a recuperarse la seguridad que nunca debió perderse.

[1] Presidenta de Causa en Común

 

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