Así estamos… (Noviembre)

Solo hasta hace unos días, López Obrador no ha logrado una ventaja que le de holgura sobre los demás partidos o el Frente, si sobrevive como tal. Por lo pronto, ya tiene enfrente a un administrador de coyunturas, conservador, la representación más acabada del “PRIAN”, pero inteligente, académicamente preparado, conocedor del gobierno y con imagen de honesto y apartidista. Con este perfil, podría disminuir el rechazo al PRI, que actualmente le profesa la mitad del electorado. En el caso de López Obrador, no se ve cómo pueda atraer indecisos o disminuir el rechazo que a su vez genera en al menos una tercera parte de los votantes, dada su incapacidad para amalgamar algo más allá de la caricatura, las trilladísimas frases y los insultos.

En el caso del Frente, se observan pocas posibilidades de que continúe o de que continúe sin una afectación mayor, dada su ambigüedad política, la fricción con corrientes internas de sus dos principales partidos y los ataques sistemáticos a la imagen de Ricardo Anaya. Es probable que Anaya se quede con la candidatura de un PAN disminuido y que Miguel Angel Mancera se quede con la del PRD. La estrategia priísta de dividir a la oposición, que funcionó en el Estado de México, puede volver a concretarse para la elección federal. En buena hora también le llegó la resolución del Tribunal Electoral otorgándole el triunfo en la elección de Coahuila.

En lo económico sobresalen la desaceleración y la acumulación de obstáculos y riesgos. Con crecimientos en el tercer y cuarto trimestres menores a los de la primera mitad del año, el promedio para el 2017 será de 2%. Hay un menor dinamismo del mercado interno, que se explica, entre otras razones, por el desplome en la inversión, que a su vez ha provocado una caída en el sector construcción del 3.8% entre enero y septiembre, la reducción más importante en 8 años. Mucho mayor es el descenso en las obras contratadas por el sector público, con una contracción anual de casi 12%, la mayor desde 2007, cuando el INEGI comenzó a tener registro. Por su parte, la inflación, de casi 7%, es la mayor en 16 años. Curiosamente, los analistas privados destacan tres “riesgos” que son ya realidades: incertidumbre política, inseguridad y corrupción (encuesta sobre expectativas del Banco de México). Y a ellas se suman, ahora sí, tres riesgos principales: el posible colapso de las negociaciones del TLCAN, la posible reforma fiscal de Trump, que podría cancelar aún más inversiones, y el posible incremento de las tasas en Estados Unidos.

Por su tendencia, la inseguridad es el factor que probablemente tenga mayor impacto en las variables económica y política. Hubo en octubre 2,764 asesinatos (90 diarios), el mayor número mensual en lo que va del sexenio, 31% más con respecto al mismo mes del año pasado y 94% más que el mismo mes del 2014. Octubre también fue el cuarto mes de este año que supera los asesinatos de mayo del 2011, el peor mes del sexenio del presidente Calderón. En lo que va del 2017 (enero-octubre), se han contabilizado alrededor de 24 mil homicidios, cuando en todo el 2016 fueron cerca de 21 mil, en el 2015 alrededor de 17 mil y en el 2014 casi 16 mil. En la masacre global, algunos asesinatos destacaron en medios en el último mes. Fue el caso de un alcalde en Veracruz; de otro alcalde electo, también en Veracruz (por decenas de hombres armados); de un candidato a alcalde en Guerrero; del exdirigente del PRD en Guerrero; del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, y de un alto ejecutivo de Televisa, en el Estado de México.

Entre muchas otras, dos consecuencias se asocian directamente a esta oleada criminal. Una es la vertiginosa privatización de la seguridad. En comunidades de todo el país, esta privatización se concreta en “autodefensas”, con o sin ligas con grupos criminales. Otra expresión son las al menos 6 mil empresas de seguridad, de las cuales 2,400 operarían sin autorización (Asociación Mexicana de Seguridad Privada). Otra consecuencia de la crisis de violencia, con muy serias implicaciones políticas, es la probable promulgación de una ley de “seguridad interior”, pretendidamente para regular la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dicha ley parte del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la inseguridad que carcome al país. Sin embargo, e independientemente de que dicha propuesta contiene peligrosas ambigüedades y otorga atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar. Guardias privados, militares y “autodefensas” son una mala receta, muy mala, si lo que se quiere, o quisiera, fuera atender la inseguridad en un contexto democrático, de libertades y de respeto a los derechos humanos.

De hecho, la ley sobre seguridad interior es una claudicación política. El gobierno federal se ha quedado, no sólo sin respuestas institucionales, sino siquiera discursivas, que expliquen el mayor fracaso del sexenio. Pero tampoco hay mucha luz en la oposición: los lineamientos de gobierno presentados tanto por el Frente Ciudadano como MORENA, sólo acumulan lugares comunes e indefiniciones. Como es siempre el caso, no pueden pasarse por alto las proclividades de López Obrador, que ahora incorpora al señor Félix Salgado Macedonio como su representante en Guerrero. Algo dirá del nivel político en que chapotea el país que pueda nombrar, sin mayor vergüenza, a alguien que llevó a Acapulco, por connivencia o por permisividad, a los primeros niveles de violencia en el país. Por lo visto, no han sido suficiente sus protegidos políticos en Iguala, asesinos seriales asociados al mismo grupo criminal que sentó sus reales en Acapulco en los años de Salgado Macedonio. Que por esos lodos transite una de las principales opciones políticas del país da cuenta de una suerte de aturdimiento de grandes proporciones.

La salud es otro gran problema nacional que se agrava, éste sin mayor aspaviento. En el estudio “Health at a Glance, 2017”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se muestra que la esperanza de vida en el mundo desarrollado es de alrededor de 80 años, mientras que México cuenta con la esperanza de vida más baja entre los países de la organización, con 75 años. Si bien la diferencia no llama la atención, dadas las diferencias en desarrollo, lo verdaderamente grave es que los factores que la explican apuntan a un futuro de retroceso en cuanto a expectativa y a calidad de vida: Primero, el que la inversión en el sector salud se haya mantenido estática en los últimos años y que una parte importante de la población no cuente con seguro médico. Segundo, la obesidad, ya declarada por la Secretaría de Salud como una epidemia. En este sentido, entre 2006 y 2015 fallecieron casi dos millones de personas por causas asociadas con la obesidad, y actualmente tres cuartas partes de la población la padece, lo que genera y generará enormes presiones sobre las finanzas públicas y el sistema de salud. Y, tercero, la pobreza, condición en la que se encuentra la mitad de la población del país. Difícil que estos factores, que son tendencia, se modifiquen si se mantiene la misma receta económica y social que con extraño orgullo presume la burocracia hacendaria, convertida hoy en gobierno y ahora también, con Meade, en proyecto para otros seis años.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*


¡Suscríbete a nuestro newsletter!