Blog

Corrupción y abuso policial, algunos apuntes

Por: Juan Pablo Arango Orozco

Los abusos policiales tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder y operan muchas veces, más al servicio de intereses políticos.

No es novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe. Los ciudadanos desconfían de la policía, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional, por así servir a los fines del poder público. En la práctica, se puede observar que los miembros de las instituciones de policía históricamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en la construcción de relaciones sociales capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica.

Así pues, en buena medida, la corrupción y el abuso por parte de la autoridad, son ingredientes que nuestras instituciones policiales padecen debido a condiciones estructurales creadas desde el poder político, que la ha formado a su modo para mantener el control social y aprovechar los beneficios que sus características permiten, lo que provoca que tengan un desempeño poco aceptable, como se verá más adelante.

Según el artículo Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México,[1]

“el abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad ‘natural’ de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado”.

Partiendo de esta lógica, el abuso policial y el abuso de autoridad en general, ocurre cuando un servidor público aprovecha su cargo o funciones para sacar algún tipo de provecho personal o para beneficio de sus compañeros o superiores jerárquicos.

Añadido a este diseño estructural en la cadena jerárquica, todavía no ha sido posible consolidar un sistema de formación profesional que dote a los agentes de policía de las herramientas conceptuales, metodológicas y doctrinales de su función. Al respecto, existe un programa rector de profesionalización (2014), pero no ha sido realizada, a la fecha, una evaluación que nos permita conocer su grado de penetración y eficiencia en la formación policial. Y al no existir una base de formación profesional sólida, miles de policías simplemente carecen, total o parcialmente, de los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir su función. Esto se evidencia en personal que no sabe tratar a la gente ni hacer valer, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad conferida por el Estado: o es muy grosero, o a veces demasiado servil, depende del tipo de persona con quien toque tratar y de acuerdo a una muy particular visión de la criminalización que tiende a agredir a los más pobres y rendir tributo a los más poderosos.

Así, la Policía con frecuencia es señalada por abusar de su condición para obtener beneficios que los ciudadanos a menudo observamos como actos de corrupción. Esto se debe, además de los factores ya mencionados a que los ciudadanos desconocen sus derechos y en muchas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de “influencias” y, en segundo lugar, los policías son a menudo presionados u obligados por sus mandos a llenar cuotas de detenidos o de “mordidas” para demostrar eficiencia y para aprovechar su cargo.

Los abusos policiales más conocidos y cuestionados por los ciudadanos son: cohecho, extorsión, privación ilegal de la libertad y abuso sexual. Según el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, tan solo en 2014, 1,200 oficiales de policía fueron dados de baja a causa de estas conductas[2]. Pero no se puede olvidar la tortura, que, según Amnistía Internacional, se produce en 7 de cada 10 mujeres detenidas en México[3]. Esta misma organización tiene documentados 7 mil casos de tortura hasta principios de 2016, de los cuales, solo 5 han recibido sentencias condenatorias.[4] Es más, según la ONU, “la CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014[5]. […] Ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal.” Con estos argumentos, sentencia que la tortura es un problema de abuso policial generalizado en México.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía Municipal (48.7%), el Ministerio Público (47.6), la Policía Ministerial (47.5%) y la Policía Estatal (42.8). El orden de la desconfianza se debe a muchos factores, pero la corrupción es uno de los principales, la encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2015, marca que 48.9% de la población percibe a la corrupción como algo de frecuente ocurrencia en su entidad.[6]

Tabla 1 Confianza en autoridades de seguridad según ENVIPE 2016

Fuente: ENVIPE 2016.

Además, son las mismas instituciones las que ocupan los primeros lugares en la percepción de la corrupción. Como se aprecia en la tabla 2, el primer lugar lo ocupa la Policía de Tránsito, que, por lo regular, está a cargo de las autoridades municipales. En ese caso prácticamente dos de cada cuatro personas la perciben como corrupta. Dos de cada tres opinan que hay corrupción en la Policía Preventiva Municipal, similar a los datos para la Policía Estatal y la Policía Ministerial.

Tabla 2 Percepción de corrupción en las instituciones de seguridad según ENVIPE 2016

Fuente: ENVIPE 2016.

La percepción de corrupción, sumada a la percepción del desempeño, ofrece una idea más precisa de por qué los ciudadanos desconfían de su autoridad. Las autoridades observadas como corruptas también son aquellas que se consideran como poco o nada efectivas para cumplir sus funciones si comparamos la Tabla 2 con la Tabla 3. Lo anterior se refleja en que casi la mitad de los mexicanos considera ineficaces a los cuerpos de policía.

Tabla 3 Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad ENVIPE 2016

Fuente: ENVIPE 2016

A la fecha no se cuenta con una estadística pública que permita identificar con claridad quienes son los que están abusando y dónde, así como se sabe poco de las sanciones que reciben los policías responsables de los abusos. Aun cuando existe evidencia del mal desempeño, de la corrupción y de los abusos policiales, las Unidades de Asuntos Internos, como las encargadas de vigilar a los policías, y las Comisiones o Consejo de Honor y Justicia, no aprovechan la información disponible para incidir en cambios que permitan reducir estas conductas, así como promover prácticas dirigidas a mejorar la relación con la ciudadanía.

Los datos más evidentes son las quejas y recomendaciones realizadas en las comisiones de derechos humanos, pero existe una confusión al respecto: no todos los abusos por parte de los policías son violaciones a los derechos humanos, ni todas las violaciones a derechos humanos efectuadas por miembros de instituciones relacionadas con la seguridad, provienen de los policías.

La gente rara vez sabe dónde quejarse o denunciar si fue víctima de un abuso. En su mayoría lo hacen ante las Comisiones de Derechos Humanos o ante una agencia del Ministerio Público. Pocos ciudadanos saben que las Unidades de Asuntos Internos de las Policías son las encargadas de revisar las quejas y de investigar, para que el Consejo o Comisión de Honor y Justicia sancione administrativamente cuando no ha habido una violación a derechos humanos y un delito tipificado. Por ello, cuando pasan situaciones de abuso o corrupción, es frecuente que queden impunes, pues la población no se dirige al lugar correcto y las instituciones no cuentan con mecanismos de coordinación tan desarrollados y efectivos como para canalizar los casos hacia las instancias de Asuntos Internos.

Los abusos de la autoridad policial provocan desconfianza y el temor hacia la institución. El problema es que, no importa cual Policía haya abusado, la población reacciona generalizando la imagen que tiene de ellos, lo que provoca que la conducta de uno sea transferida al resto.

El temor de la autoridad a transparentar sus casos (aquello que sí puede publicarse) lleva a que la ciudadanía, con frecuencia, desconfíe de los castigos o sanciones que la autoridad pudo imponer sobre sus integrantes y eso provoca una sensación de impunidad, sumada a la sospecha de que la información aportada pueda ser filtrada y usada contra los denunciantes.

Actualmente, con el uso cada vez más generalizado de teléfonos inteligentes, es más frecuente común observar en las redes sociales grabaciones de video en las que policías protagonizan situaciones de abuso o incompetencia laboral. Infortunadamente, no todos los abusos son investigados y sancionados vez que no se inicia una queja formal o las unidades de asuntos internos no siempre cuentan con las herramientas técnicas y jurídicas para investigar de manera oficiosa los casos que se conocen por esas vías. Esto acentúa aún más la sensación de impunidad. Es por ello que las unidades de asuntos internos deben modernizarse para poder atender ese tipo de casos y antes que ello, hacer cada vez más transparentes y públicos sus mecanismos de recepción de quejas y denuncias.

La comunidad que es víctima de un abuso y no denuncia, se vuelve cómplice por omisión o por miedo. En el México de hoy, la realidad es que, como ciudadanos, nos resulta más fácil gritar, divulgar y agredir a la Policía a través de las redes sociales, que seguir los caminos institucionales para asegurar que se investiguen y sancionen los abusos. Conocedores de los servicios que ofrecen Procuradurías y Policías, para muchos es mejor y más fácil dar rienda suelta a su enojo mediante el anonimato de internet que presentarse en una institución que, incluso, puede convertir su queja en un riesgo a la seguridad personal. Y las instituciones y sus miembros no lo ven, escudados en lo que marca la ley, muchas veces prefieren cerrar los ojos ante la evidencia en video porque sus procedimientos así lo indican.

En ese sentido, es indispensable la modernización de los procesos de detección de abusos y la investigación de los mismos, así como el desarrollo de mecanismos de prevención del abuso. Si de verdad la autoridad policial tuviera algún interés en mejorar su imagen ante la ciudadanía, tendría que empezar por ello. En una época de hartazgo ciudadano, sería un buen punto de partida para recuperar la legitimidad de las instituciones.

* Juan Pablo Arango Orozco es investigador de @causaencomun.

[1] Alvarado Mendoza, Arturo y Silva, Forné Carlos, “Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México”, Revista Mexicana de Sociología No. 3 Vol. 2011, México, 2011

[2], “Corrupción policial en México: ‘cohechos, extorsión, privación ilegal de la libertad’”, RT News 28 de noviembre de 2014, consultado el 9 de enero de 2017.

[3] Ureste, Manu, “Policías y soldados usan la tortura sexual en arrestos de mujeres”, Animal Político, 28 de junio de 2016, consultado el 9 de enero de 2017.

[4] Caldente, Diego,” México debate una ley contra la tortura policial inmerso en nuevos escándalos” La Información.com, 24 de abril de 2016, consultado el 9 de enero de 2017.

[5] Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —Comisión Nacional de Derechos Humanos, La tortura en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, ONU-DH, CNDH, México, 2015, Pp. 26 y 28

[6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015, tabulado básico IV, INEGI, México, 2016.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*


¡Suscríbete a nuestro newsletter!