Ciudad de México 1 de febrero de 2018
El pasado 23 de enero, Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido por policías capitalinos en la estación del Metro Rosario. Estuvo desaparecido hasta el día 28 del mismo mes, cuando fue localizado en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Pese a la exigencia de la sociedad, durante esos días las autoridades capitalinas fueron incapaces de informar sobre los hechos que llevaron a la detención del joven, explicar su desaparición y, posteriormente, su reaparición en otro estado. Mucho menos han reconocido las fallas, omisiones y responsabilidades en torno a este caso. Por ello, exigimos a las autoridades de la Ciudad de México respuestas a las siguientes preguntas:
• El gobierno capitalino ha invertido grandes cantidades de recursos en su sistema de videovigilancia, además de cámaras en las patrullas. ¿Cuándo darán a conocer los videos relacionados con su detención, con su liberación y con su posible paradero durante los días que estuvo desaparecido? Si efectivamente no funcionaban las cámaras, ¿Cuál es el estado real de la red de videovigilancia en la ciudad? ¿Cuántas cámaras funcionan y cuántas no funcionan? ¿Se contemplan acciones para subsanar estas deficiencias? ¿Cuáles son estas acciones?
• ¿Por qué no se le permitió a la madre de Marco Antonio presentar en primera instancia la denuncia por desaparición de su hijo? ¿Por qué tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se abriera la carpeta de investigación? ¿Por qué el Ministerio Público no abrió la carpeta de investigación cuando la madre presentó la denuncia? ¿Por qué no se aplicaron los protocolos de búsqueda inmediatamente? ¿Existen estos protocolos? ¿Son públicos?
• Si bien el Juez no tenía motivos para mantener retenido a Marco Antonio, ¿No existe un protocolo de atención para personas que no pueden identificarse o, como en este caso, que además evidentemente fueron maltratadas y golpeadas?
• ¿Por qué no pudieron las autoridades identificar a Marco Antonio cuando lo localizaron el día 27 de enero? ¿Existen bases de datos para la localización de personas? ¿Cuáles son y qué institución las maneja? ¿Cuáles son los mecanismos y los protocolos para cumplir con las responsabilidades que determina la Ley General de Desaparición Forzada?
• ¿Todos los policías involucrados en los hechos están siendo investigados? ¿Es cierto que hay un elemento “desaparecido”? ¿Cuáles son las faltas o los delitos de los que serían presuntamente responsables? ¿Cuál será el papel de la Unidad de Asuntos Internos de la policía capitalina? ¿Y de la Comisión de Honor y Justicia? ¿Cuándo rendirán su informe? ¿Cuántos casos existen abiertos en la policía y en la procuraduría de la ciudad relacionados con maltrato, abuso de autoridad o violación de derechos? ¿Cuántas sanciones?
Es importante mencionar que, a la fecha, hay 32 mil 500 personas registradas en México como desaparecidas. El caso de Marco Antonio ha dejado al descubierto las deficiencias de una policía gigantesca, de alrededor de 97 mil elementos, que no cuenta o no aplica los protocolos ni mecanismos relativos a funciones policiales básicas. ¿Hace falta un escándalo nacional para que la policía de la capital del país reaccione? Y, si aún así, lo hace tarde y mal, ¿Qué piensan hacer los responsables políticos de la ciudad para cumplir con su responsabilidad de construir una policía profesional y eficaz?
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