Lo que estamos viviendo en materia migratoria es un reflejo de la desatención por la que éste y otros gobiernos han optado, a pesar de que las cifras acreditaban una situación que continuaría complicándose. Haciendo un breve recuento, el 2018 estuvo marcado por las denominadas “caravanas migrantes” y, para el cierre de ese año, un total de 29, 647 personas habían solicitado refugio. El escenario desde entonces se ha complicado mucho más. Simplemente, de enero a mayo del año en curso van 24,424 solicitantes de refugio; es decir, en cinco meses ya estamos cerca de superar la cifra del año pasado, y se puede esperar que, para finales de año, se reciban al menos 80 mil solicitudes. (1)
Como respuesta, el presidente López Obrador prometió a los migrantes visas de trabajo y empleo en la construcción en el Tren Maya. No obstante, en medio de estas aparentes buenas intenciones, se decidió recortarle al Instituto Nacional de Migración (INM) 26% de su presupuesto para este año, y 22% a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). (2) Por si no fuera poco, en el primer trimestre del año en curso, se le redujo a esta última aún más su ya de por sí insuficiente presupuesto de 21 millones de pesos, quedando en 18 millones. (3)
Es decir, aunque la retórica proyectaba un sentido humanitario, las decisiones presupuestales reflejan un desinterés por parte de las autoridades para atender las responsabilidades que México tiene en materia migratoria y para fortalecer las capacidades de todas las instituciones que atienden el tema. En ese sentido, no se podrá aspirar a una migración segura, ordenada y regular hasta que se le brinden las herramientas suficientes al INM, a la COMAR, y a otras instituciones relevantes en el tema.
De los cuarteles a las fronteras
Para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, México prometió el despliegue de la Guardia Nacional (que no es real, pues se trata de una simple amalgama de militares y policías federales), especialmente en la frontera sur, para reducir la migración irregular. En un inicio, se dio a conocer que el despliegue sería de 6 mil elementos. Formalmente, esta corporación sí tiene competencia en materia migratoria pues la propia Ley de la Guardia Nacional establece que ésta podrá realizar, en coordinación con el INM, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras y, en su caso, “presentar” a quienes se encuentren en situación irregular. Asimismo, se le faculta para “apoyar el aseguramiento que realice el INM y, a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren”.
Sin embargo, aunque legamente tiene estas facultades, hay interrogantes sobre su finalidad en la frontera sur y las implicaciones de su involucramiento en fenómenos de este tipo. Por un lado, se ha comentado que esta estrategia no es para detener a los migrantes, pero entonces ¿para qué es? En días anteriores, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, declaró que el objetivo es garantizar los derechos de los migrantes… (4) ¿Será? Más bien, lo evidente es que una institución que fue concebida para atender la gravísima crisis de inseguridad que padecemos, ahora va a dedicarse a detener migrantes.
Derechos humanos
Aunque el discurso oficial no lo maneja así, el uso de la Guardia Nacional en la frontera sur sigue la siguiente lógica: entre mayor despliegue de elementos, mayor control y mayores detenciones. Este tema por sí sólo es controversial debido a que el ordenamiento jurídico mexicano evita el uso del término de “detención migratoria”, y en cambio utiliza los términos “aseguramiento” o “presentación”. Sin embargo, instancias internacionales señalan que estas figuras constituyen formas de privación de la libertad personal.
Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, señaló en 2017 que las detenciones llevadas a cabo por el INM se realizan a través de una modalidad automática y “sin una adecuada fundamentación individualizada sobre su necesidad y razonabilidad”. Asimismo, el Comité alertó sobre el incremento de los riesgos para los migrantes en el uso de rutas alternativas para evitar los múltiples dispositivos de control migratorio desplegados por el Estado. (5) Es decir, el despliegue de militares tal vez no logre frenar el ingreso de migrantes pero sí encarecer el tránsito, atraer a más organizaciones criminales, e incrementar todos los riesgos y empeorar las condiciones en las que transitan.
A los pocos días de comunicarse la decisión de enviar tropas al sur del país, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aceptó que se requiere un protocolo especial que guíe las acciones de la Guardia Nacional en la atención que brinde ésta a los migrantes. Ha pasado una semana de esa declaración y al día que se escribió este artículo no existe dicho protocolo.
Por otro lado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el 30 de junio se graduará la primera generación de elementos de la Policía Federal, la Policía Naval y la Policía Militar que pasarán a la Guardia Nacional. Entonces, ¿se están desplegando elementos que no cumplieron con la capacitación requerida? Y todavía más importante, ¿se están enviando elementos lo suficientemente capacitados en materia de derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (6) y otros organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (7), han recibido quejas sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del INM y de otras instituciones en el curso de los operativos.
En ese sentido, se esperaría que la Guardia actúe, en sus labores coordinadas con el Instituto Nacional de Migración, con estricto apego a la protección de los derechos humanos; de lo contrario, estaríamos empeorando una situación que ya es suficientemente grave para los migrantes. Empero, por la urgencia y la forma en la que fue desplegada, se desconoce si los nuevos “guardias” cuentan con las herramientas necesarias para lograrlo, considerando que se enfrentarán a situaciones ajenas a su formación. Como parte de esta preocupación, están las atenciones específicas que requieren los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas y adolescentes no acompañados; testigos y víctimas de delitos graves; y mujeres embarazadas, entre otros. (8)
Si bien es cierto que desde diciembre de 2018, el Plan de Desarrollo Integral, acordado por México, El Salvador, Guatemala y Honduras, promete un nuevo paradigma para atender la migración, el uso de la Guardia para la vigilancia de la frontera manda un contundente mensaje a los migrantes: “no te queremos aquí”.
Nadie se opone a que un país resguarde sus fronteras, pero no debe haber consideración alguna que se interponga en la responsabilidad que cualquier Estado tiene para preservar y proteger los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre en su territorio, independientemente de su origen o nacionalidad. Esa debe ser la consideración esencial de cualquier política migratoria que determine el gobierno de México, no sólo por compromiso legal, sino como imperativo ético.
(1) Estadísticas de solicitantes de refugio en la COMAR al mes de mayo 2019. Disponible aquí.
(2) De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el caso del INM, su presupuesto para 2018 fue de $1,834,559,214, mientras que en 2019 pasó a $1,351,951,016. Para la COMAR en 2018 fue de $27,313,118 y en 2019 pasó a $21,177,773. Todo con precios ajustados a mayo de este año.
(3) De acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con precios ajustados a mayo de este año.
(4) En frontera sur, 2,400 elementos de la Guardia; no detendrán a migrantes, asegura el gobierno. Disponible aquí.
(5) Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias. (2017). Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México. CMW/C/MEX/3
(6) Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (2013). Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.
(7) Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). Participación de la CNDH en la Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(8) Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Derechos de las personas migrantes: una guía para las y los servidores públicos.
