La sociedad civil organizada no es una moda, un producto del neoliberalismo, ni parte de la mafia del poder. Lejos de ello, la existencia de la sociedad civil organizada comprometida con las mejores causas de nuestro país es un fenómeno de larga data. En la historia de México, encontramos distintas expresiones de cómo la sociedad civil organizada contribuyó a analizar, denunciar y resolver los problemas sociales, así como a llenar vacíos que las instituciones gubernamentales no alcanzaban a cubrir. En cada etapa, se han establecido objetivos, formas de organización y métodos de participación diferenciados acordes con las circunstancias.
Desde la Colonia, con las misiones de franciscanos, los hospitales de Vasco de Quiroga en Michoacán, el Monte de Piedad, pasando por la Coordinadora Única de Damnificados surgidas después de los sismos de 1985 y, a partir del año 2000, teniendo como marco legal la libertad de asociación consagrada en el artículo noveno de la Constitución y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil[1], proliferaron asociaciones civiles, a la par que se multiplicaron los mecanismos de relación entre la sociedad organizada y el gobierno. Actualmente, existe un amplio espectro de organizaciones que cubren los más variados temas como asistencia social, medio ambiente, derechos humanos, combate a la pobreza, anticorrupción, en favor del estado de derecho, y todas ellas dan cuenta de la participación ciudadana en la atención de los problemas y demandas sociales como uno de los rasgos más característicos de la democracia.
La apertura política y el marco normativo a la actuación de las OSC no fue una graciosa concesión de las autoridades, sino resultado de la presión ciudadana por participar en las decisiones públicas que afectan su vida[2]. Además, muchos de los cambios democráticos ocurridos en México durante las últimas décadas han sido originalmente demandas de la sociedad organizada: la ciudadanización y autonomía del Instituto Federal Electoral, luego INE; la creación del IFAI, que después se transformó en INAI; el desarrollo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; el fortalecimiento y la autonomía de la CNDH. Como resultado de una participación más amplia, hemos aprendido a hacer cabildeo ciudadano e impulsar leyes importantes para una mejor procuración de justicia y defensa de los derechos humanos, como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Ley General de Víctimas; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; para la abrogación de Ley de Seguridad Interior. En fin, durante las últimas décadas las organizaciones sociales han sido factor de cambio a favor de nuestra democracia, nuestro estado de derecho y las más diversas causas sociales.
Por ello, el anuncio del presidente López Obrador de dejar de otorgar recursos a las organizaciones sociales bajo el argumento de que ahora las transferencias se harán directamente a los beneficiarios “sin intermediación”, va en contra de una labor social que mucho ha aportado al país. Ya hay casos por demás preocupantes. Por ejemplo, los problemas detectados en el Programa de Estancias Infantiles de la extinta SEDESOL, no justifican la decisión de afectar a miles de madres de familias de escasos recursos que dependen de estas estancias para poder ir a trabajar o de los refugios para las mujeres víctimas de violencia familiar. Todo porque, a rajatabla, la Circular Número 1 del Presidente impide continuar con las transferencias a las asociaciones civiles cuando lo prudente hubiera sido realizar una evaluación de los refugios y de las estancias, identificar los puntos que requerían corregirse y, en caso de encontrarse algún ilícito, sancionar al culpable y no a las miles de familias que se verán afectadas por este tipo de medidas. Esa habría sido una señal clara e inequívoca de que el nuevo gobierno no permite ni la corrupción ni la impunidad.
La cancelación de los recursos hacia las organizaciones sociales, además de contravenir los compromisos asumidos durante su campaña y sus propios dichos en el acto de toma de posesión, son disposiciones que junto con sus señalamientos de desconfianza hacia la sociedad civil, muestran desconocimiento o una concepción equivocada de lo que es y lo que hace verdaderamente la sociedad civil. El presidente López Obrador le está dando a la sociedad civil organizada un trato de adversario político, contraviniendo el principio básico democrático de la participación social en los asuntos públicos, y desdeñando el hecho de que la calidad de una democracia se da en función de la participación vigorosa y autónoma de su sociedad.
En teoría, en una democracia la relación entre el gobierno y la sociedad debería ser abierta y fluida, con una clara participación en la formación de la agenda pública y, sobre todo, en la definición e instrumentación de proyectos sociales y políticas públicas. Esta dinámica es la que ha llevado a que cada vez más organizaciones participen en alianzas, conformando así redes plurales y diversas, con propósitos y causas en común.
Es fundamental subrayar esta diversidad. Lejos de constituir un bloque monolítico con una voz única, las OSC se caracterizan por una enorme diversidad de orígenes, formas de participación y temáticas. Si algo las une es una convicción democrática que les permite formar colectivos que permitan fortalecer la denuncia de injusticias o la promoción de causas que se consideran importantes para el país. El país cuenta, por lo tanto, con un amplio coro de miles de voces y perspectivas, demandas, modelos de acción y propuestas. Oficialmente, en el Registro de las OSC[3] que tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) existen en nuestro país más de 41,300 organizaciones sociales formalmente constituidas; hay muchas otras que trabajan sin registro, como colectivos que surgen en coyunturas específicas y luego desaparecen.
A pesar de que, como producto del fortalecimiento de nuestra democracia, esta cifra ha crecido durante las últimas décadas, sigue siendo mucho menor que la de otros países que tienen una mayor tradición organizativa pues, mientras que en México hay aproximadamente 27 OSC por cada 100 mil habitantes, en Brasil hay 170, en Chile 650, en Argentina 270, y en Estados Unidos 670. La falta de más organizaciones se explica por un conjunto de factores que impide acercarnos a la situación que viven estos países. En primer término, el hecho de que las leyes que regulan la operación de las organizaciones sociales en nuestro país se han hecho, durante los últimos años, más restrictivas, incluyendo una cada vez más burocrática regulación y fiscalización. Esto ha sido particularmente nocivo para las organizaciones de base que han visto disminuida la cantidad de recursos con los que operan, porque la ley impide a las fundaciones otorgar financiamiento a OSC que no sean donatarias autorizadas, que son la casi la totalidad de las organizaciones comunitarias y de base que hay en el país.
Para dar una idea, hablamos de que, de las más de 41 mil OSC que conforman el Registro, sólo una de cada cinco; es decir, 8,171 organizaciones, eran donatarias autorizadas, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria, lo que significa que sólo ellas pueden recibir recursos que, a su vez, sus donantes pueden deducir en términos fiscales. Además de que son pocas las donatarias autorizadas, hay una tendencia a que sean cada vez menos por lo complejo que es adquirir o mantener este estatus, lo que se constata en la disminución del número de donatarias autorizadas entre 2014 y 2018. Tan sólo en el último año reportado, la reducción fue del 13.5% y pasaron de 9,447 en 2017 a 8,171 en 2018.
Tabla. Donatarias autorizadas por el SAT 2014-2018
A esto hay que agregar que, desde hace algunos años, ha habido una disminución del financiamiento a la cooperación internacional en América Latina, y particularmente hacia México. Y también hay que decir que, en nuestro país, la cultura de la filantropía es incipiente y la mayoría de los donantes está enfocada en el asistencialismo, lo que hace imposible que las OSC que manejan otros temas puedan sostenerse.
No obstante que son muchas las dificultades que tienen que sortear para su subsistencia, las organizaciones no lucrativas realizan una aportación realmente importante al país. La información de la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL)[4] del Sistema de Cuentas Nacionales que publica el INEGI en su último informe de diciembre de 2018, muestra que las ISFL aportaron 604,583 millones de pesos a precios corrientes, lo que equivale al el 2.9% del PIB nacional. Este monto, desde luego enorme, es el resultado de la suma de los esfuerzos de un impresionante ejército de más de 3.6 millones de personas: un millón 515 mil que reciben remuneración por su trabajo (42.3%) y el restante 57.7%, quienes laboran como voluntarios, sin pago por sus actividades, pero cuyo valor económico se calcula en los 128,606 millones de pesos a precios corrientes.
Para dimensionar de qué hablamos, significa que los 604 mil 583 millones de pesos que aportaron las ISFL a PIB en 2017, equivalen al 10% del gasto neto total previsto en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año. Equivale también a casi 151 veces el presupuesto del fondo para la seguridad municipal (FORTASEG) para este año, con poco más de 4 mil millones de pesos; y a casi 84 veces el presupuesto del fondo para la seguridad estatal (FASP) para 2019, de más de 7,200 millones de pesos.
Si como está ocurriendo, se concretan las amenazas a la libertad de participación de la sociedad civil organizada en los asuntos que más le afectan o interesan a los mexicanos, los riesgos de impacto económico podrían alcanzar casi el 3% del PIB.
Gráfica. INEGI: PIB de las organizaciones no lucrativas
Tampoco se puede obviar que, a nivel mundial, existe desde hace unos años la exigencia de una mayor apertura en el gobierno. Las instancias de cooperación al desarrollo internacionales piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y que los gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. Por ejemplo, en seguimiento a los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno, en 2011 se creó la iniciativa global Alianza para el Gobierno Abierto que iniciaron ocho países, incluido México, y cuyo Plan de Acción comparten 71 naciones. También están los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en donde explícitamente se dice que, para su consecución, se requiere de la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las siguientes generaciones.
No deja de ser paradójico que, aún y cuando las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y toda la clase política, siempre expresan en sus discursos su intención de gobernar “de la mano con la sociedad”, luego actúan en sentido contrario. Pongo un ejemplo de muestra: a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una de sus líneas de acción estableció como objetivo “estrechar … la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública”, al referirse a la actitud crítica de las OSC por la falta de resultados en el combate a la inseguridad, el presidente Peña dijo en el 6° Foro Nacional de Causa en Común que las OSC le hacíamos “bullying”
Lamentamos profundamente que la situación pueda empeorar con el nuevo gobierno. Como se mencionó antes, el presidente López Obrador ha reiterado su desconfianza, e incluso desagrado respecto de la sociedad civil, a la que ha calificado de “fifí” y de ser parte de la mafia del poder. Estos señalamientos, que descalifican el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos, están muy lejos de tender puentes de diálogo, que es lo único que nosotros queremos con el presidente, así como con las autoridades de todos los órdenes de gobierno: queremos espacios que nos permitan exponer nuestros argumentos y conocer con detalle sus propuestas, acciones y resultados; queremos también que haya transparencia y rendición de cuentas, la obligación más elemental que tienen los gobernantes para con sus gobernados. No queremos confrontación con nadie; únicamente queremos diálogo y colaboración en favor de nuestro país.
Queremos gobiernos y parlamentos que dialoguen con respeto, sin descalificaciones o amenazas; en los que se tomen decisiones después y no antes de escuchar. Queremos una mayor colaboración entre ciudadanos y funcionarios para mejorar los servicios que presta el gobierno. En fin, queremos que las autoridades dejen de vernos como sus contrincantes y nos perciban más como un aliado, como un activo para construir políticas que sirvan a la sociedad.
Siempre habrá la tentación de regresar a formas autoritarias en las que las políticas públicas se definen por una sola persona. Sin embargo, somos optimistas y creemos que en México, a pesar de las dificultades que vivimos, la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas es una forma de entender y atender los asuntos públicos que llegó para quedarse. A estas alturas del siglo XXI, no podemos dejar de construir una ciudadanía crítica, responsable y participativa, que nunca deje de exigir gobiernos eficaces, transparentes y abiertos.
La democracia mexicana necesita más sociedad civil organizada, no menos. Más sociedad civil con ámbitos de atención más variados, y mayor capacidad de incidir en los asuntos públicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la sociedad civil organizada deben ser capaces de establecer amplias zonas de convergencia en torno a los asuntos que a todos nos preocupan. Debe prevalecer el respeto entre nosotros y hacia los otros, y asumir un compromiso para contribuir, cada uno desde su ámbito y con sus capacidades, a un mejor país.
* María Elena Morera es presidenta de Causa en Común y Sonia Quintana es coordinadora de Contenidos de Causa en Común.
Bibliografía y referencias
Aguilar Valenzuela, Rubén. (2006) Las organizaciones de la sociedad civil en México: su evolución y principales retos. Tesis de Doctor en Ciencias Sociales. Universidad Iberoamericana. México, D.F.
INEGI Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro / Sistema de Cuentas Nacionales. Última actualización: 10 de diciembre de 2018. Ver aquí.
Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Publicada el 9/feb/2004. Última reforma 24/abr/2018. Ver aquí.
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Consultado aquí.
Reygadas, Rafael (2006). “La participación de las organizaciones civiles, clave para entender la nueva Ley de Fomento”, Revista Trabajo Social. México, Distrito Federal: UNAM
Sistema de Administración Tributaria. Directorio de donatarias autorizadas Datos estadísticos. Publicado el 19/ene/2018. Consultado aquí.
Vargas González, Pablo. (2012) Reinserción de las organizaciones civiles en México. Estudio comparativo de la Ley de Fomento en diez estados. En Espiral vol.19 no.53 Guadalajara ene./abr. 2012. Consultado aquí.
Verduzco Igartúa, Gustavo. (2003) Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. Edit. El Colegio de México -Centro Mexicano para la Filantropía México D.F.
[2] Ver Reygadas, Rafael (2006). “La participación de las organizaciones civiles, clave para entender la nueva Ley de Fomento”, UNAM Revista Trabajo Social. México, Distrito Federal.
[3] Se puede consultar el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad civil aquí.
