Dinero, policías y un pendiente para el nuevo gobierno – Animal Político

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) es la transferencia federal más importante en materia de seguridad pública para las entidades federativas. Los estados han recibido estos recursos desde 1999 con la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal (capítulo V “Aportaciones Federales”). El Fondo se transfiere de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Secretarías de Finanzas Estatales, y en los estados se abren anualmente dos cuentas bancarias, ya que el FASP lleva una aportación federal y una estatal (de al menos 25%).

El análisis del FASP ha tenido dos vertientes: primero, es un fondo que ha ido disminuyendo con el tiempo y, segundo, se ha caracterizado por subejercicios y malos manejos. Por ejemplo, en 2013 las entidades recibieron 7,631.8 millones de pesos y en 2018 recibieron 6,989.5 millones de pesos, lo cual es 8.4% menos recursos entre ambos años, ello sin tomar en cuenta el incremento de precios durante el periodo.

En cuanto a los subejercicios, con un corte de información hasta abril de 2018, se encontró que aún hay recursos sin ejercer del periodo 2013 a 2017, para un total de 2,364.9 millones de pesos del monto total del FASP. El hecho de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informe que dichos recursos del Fondo se encuentran “comprometidos o pendientes por aplicar”, da pie a una subestimación del problema, lo que se acredita aún más al constatar que, con el tiempo, los subejercicios, lejos de disminuir, se incrementan. En este sentido, un corte hasta julio de 2018, muestra que aún hay recursos sin ejercer… de los recursos del FASP correspondientes a 2016. Sólo con respecto a este año, los principales estados con mayor monto de subejercicios son:

• Veracruz no gastó 52.7%, equivalente a 225.1 millones de pesos;
• Chihuahua no gastó 21.7%, equivalente a 64.1 millones de pesos;
• Guerrero no gasto más del 16%, equivalente a 46.8 millones;
• Guanajuato no gastó 14.3%, equivalente a casi 44 millones de pesos, y
• Michoacán no gastó casi el 11%, equivalente a 13.1 millones de pesos.

Todos estos estados viven una grave crisis de inseguridad y no han sido capaces de invertir los recursos que se les envían para fortalecer a sus policías.

Causa en Común se dio a la tarea de realizar una serie de entrevistas con funcionarios responsables del gasto del FASP en las entidades federativas, con el objetivo de obtener evidencia sobre los obstáculos en la ejecución de los recursos del Fondo. La pregunta obligada fue: ¿Por qué aún hay recurso sin ejercer? Las respuestas coincidieron en que “el Secretariado Ejecutivo Estatal no es responsable del mal uso del recurso del fondo, dado que ellos no manejan el dinero, sólo lo supervisan”. Es decir, hay un reconocimiento por parte de los Secretariados Ejecutivos Estatales de que el recurso del FASP se gasta mal, pero, además, ellos no perciben que es su responsabilidad velar por el buen uso de esos recursos.

Los funcionarios entrevistados coincidieron en lo siguiente:

1. Existe mala coordinación entre las instituciones que operan y ejecutan el Fondo al interior de la entidad. Estas condiciones favorecen un efecto en cadena que repercute en el proceso operativo del FASP.
2. Los entrevistados mencionaron que las ministraciones se reciben mes con mes, de enero a octubre, en un total de 10 ministraciones. Sin embargo, coincidieron en que la forma como se ministra el Fondo impide tener suficiencia financiera sobre todo por lo que se refiere a licitaciones y negociaciones con proveedores.
3. Las concertaciones son deficientes. Muchas veces al no contar con un diagnóstico sobre las necesidades de los principales beneficiarios del FASP, las concertaciones toman más tiempo en ser definidas.
4. Además, los entrevistados coincidieron en que cada entidad tiene un turno para realizar las concertaciones con el SESNSP, y esta situación se percibe como un “embudo” del Secretariado, debido a que se vuelve un proceso lento para atender a las 32 entidades federativas. Por ejemplo, para el ejercicio 2018, algunas reuniones de concertación tuvieron lugar a partir del mes de febrero, cuando ya se habían recibido las primeras ministraciones.
5. La firma de Convenios de Coordinación y el Anexo Técnico respectivo, suelen terminar entre abril y mayo, e incluso hasta julio. Así, pese a que las ministraciones se dan en tiempo y forma, el recurso del FASP no puede ser utilizado hasta después de las firmas del Convenio y Anexo Técnico.
6. La reprogramación de los subejercicios se convierte en un nuevo reto burocrático, debido a que puede tomar un par de meses más.

Las respuestas indican que el diseño operativo del FASP impide la operación eficiente de los recursos destinados al desarrollo policial. Pese a lo anterior, varios funcionarios mencionaron que “los subejercicios ya no son un problema”, dado que el artículo 17 de Ley de Disciplina Financiera, contenido en los Lineamientos para usar los recursos del FASP de 2017, establece que las entidades deben devolver los recursos no ejercidos a la Federación al final de cada ejercicio fiscal. De esta manera, se normalizan dos escenarios:

Por un lado, la multiplicación de las reprogramaciones a otros rubros de gasto a fin de evadir el reintegro de los recursos a la federación. En este sentido, se encontró que algunos estados realizaron hasta 50 reprogramaciones.

Por otra parte, los operadores del Fondo interpretan la devolución de los recursos como una solución administrativa y contable, dejando a un lado los objetivos de dicho Fondo, que son su ejercicio efectivo en favor del desarrollo policial en cada entidad.

Pero ahí no terminan los problemas con el FASP. Cabe señalar que las entidades no pueden gastar el FASP en lo que quieran; únicamente se puede gastar bajo un esquema de 10 programas prioritarios[1]. Sin embargo, pese al rígido esquema de gasto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado algunas observaciones del uso indebido de este Fondo:

1. En diversos estados se transfieren los recursos a otras cuentas que no son del Fondo para el desarrollo policial y, cuando la ASF los audita, en algunos casos reintegran el recurso y en otros no. Asimismo, algunas entidades transfieren el recurso a los ejecutores del gasto a destiempo. Esto significa que, o bien “jinetean” el dinero antes de enviarlo para gasto en desarrollo policial, o bien desvían el recurso sin que se conozca su destino final.
2. En otras entidades, el desarrollo policial tampoco es prioritario, como lo demuestra el que incumplan con su aportación del 25% al Fondo.
3. En algunas entidades hay también un desaseo contable, pues están documentadas las incongruencias entre lo que reportan los estados a la Secretaría de Hacienda y lo que realmente asientan en las cuentas estatales.
4. La falta de seriedad con que se gasta el dinero para las policías en el país también se refleja en el hecho de que diversos estados no realizan las evaluaciones del Fondo para el desarrollo policial, las cuales son obligatorias.

Todo lo anterior acredita la irresponsabilidad y el mal manejo de los recursos destinados a las policías del país por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y buena parte de los estados del país. Aquí hay un tema de vital importancia que debiera revisar el nuevo gobierno.

* Crisna Cuchcatla Méndez es investigador de Causa en Común A. C.

@causaencomun

[1] Los programas prioritarios son: I. Prevención social, II. Desarrollo y certificación policial, III. Infraestructura y equipamiento, IV. Sistema de justicia penal, V. Sistema penitenciario y justicia para adolescentes, VI. Ciencias forenses, VII. Sistema nacional de información, VIII. 911, IX. Prevención de delito de alto impacto y X. Búsqueda de personas.