En México no se denuncia. En 2017, se denunciaron solo 6.5 % de los delitos que se cometieron en el país que, de acuerdo con el INEGI, fueron 33.6 millones. La cifra inversa, la de “no denuncia”, es la denominada cifra negra que en México alcanza el 93.5 %. Estamos hablando de que únicamente 7 de cada 100 personas denunciaron un delito, y esto implica que el resto de los delitos no figuran en las cifras oficiales de la incidencia delictiva que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Más cercana a la realidad es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La diferencia entre ambas fuentes de información es que la información del SESNSP proviene de las procuradurías locales, mientras que los reportes del INEGI provienen de entrevistar a población de más de 120 mil viviendas en todo el país. De acuerdo a la ENVIPE, uno de cada tres mexicanos afirma haber sido víctima de un delito durante el año anterior. De acuerdo con la encuesta, 6 de cada 10 personas no denuncian por causas atribuibles a la autoridad; es decir, porque desconfían o porque los trámites son largos y difíciles. También mencionan que no denuncian por la actitud hostil de la autoridad y por miedo a ser extorsionados. Otros dicen que no lo hacen por miedo al agresor, porque consideran que el delito es de poca importancia o porque no tenían pruebas.
Esta situación prevalece en todos los estados del país. En 2017, los cinco estados con mayor cifra negra fueron: Nayarit (95 %), Zacatecas (95 %), Estado de México (95 %), Tamaulipas (96 %) y Guerrero (97 %). Ante la grave crisis de inseguridad que viven estas entidades, a los gobiernos estatales parece no importarles tener cifras tan altas. Una explicación plausible es que políticamente es más conveniente trabajar con las cifras del SESNSP, pues reporta menos delitos. La diferencia es abismal. Si en 2017, el INEGI reportó 6.5 millones de delitos de extorsión y 4.5 millones de fraude, el SESNSP reportó que sólo hubo 5,642 delitos de extorsión y 59,807 casos de fraude.
Desde el 2012 sabemos cuál es la cifra negra a nivel nacional y en las entidades y cuáles son las razones de ello, pero el tema no está en la agenda pública. De hecho, resulta particularmente preocupante que ninguna institución de seguridad o procuración de justicia, y para el caso ningún gobierno, haya puesto en la agenda pública el tema de los delitos que no son denunciados.
Tampoco es que sea muy sorprendente. Esta indolencia se explica por factores como el alejamiento entre sociedad y policías y ministerios públicos, con el trasfondo de la impunidad que impera en el país. La desvinculación entre sociedad e instituciones se acentúa considerando que los primeros respondientes frente a cualquier acto delictivo, los policías, no cuentan con capacidades creíbles de operación e investigación, por lo que son percibidos, en el mejor de los casos, como de poca utilidad.
En cuanto a las procuradurías, instancias encargadas nada menos que de recibir las denuncias y presentarlas ante un juez, la cifra negra desnuda el deterioro de su infraestructura y capacidad humana. Hoy, los ministerios públicos están colapsados, dada su incapacidad para investigar delitos y para judicializarlos, así como su mal desempeño en las audiencias penales. Por ejemplo, Guanajuato únicamente tiene 1.82 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes; el Estado de México, 1.07; Puebla 1.73; Tlaxcala, 1.25; y Yucatán, 1.27. El caso es que, durante 2017, se inició una averiguación previa en el 6.8% del total de delitos denunciados a nivel nacional y que, de éstas, sólo el 3% culminó en una sentencia.
Dadas estas carencias institucionales, los ciudadanos somos víctimas por partida doble: víctimas de los delitos y víctimas de la impunidad, a un grado en el que ya es difícil de empeorar.
En síntesis:
- a) No hay incentivos para la denuncia ciudadana.
- b) Las estadísticas oficiales se contradicen.
- c) Los gobiernos optan por reportar menos incidencia delictiva; es decir, las cifras de delitos las usan para fines políticos.
- d) Si las personas no denuncian, las cifras oficiales reportan menos delitos y nos dicen que todo funciona bien.
- e) Los ministerios públicos, encargados de recibir denuncias, no cuentan con la infraestructura material y humana para atender a la población que sí denuncia.
- f) Si todos los delitos cometidos fueran denunciados, las policías y las procuradurías tendrían que reformarse y fortalecerse.
- g) No se ejerce justicia para los crímenes que sí se denuncian.
- h) En México, la norma es la injusticia.
Entonces, ¿qué hacer frente al crimen y al colapso institucional? En una palabra: denunciar. La participación ciudadana es un elemento clave para denunciar todo hecho delictivo y para denunciar el mal funcionamiento de nuestras policías y procuradurías ante los responsables de su deterioro, que son nuestros presidentes y nuestros gobernadores; esos que hoy votan irresponsablemente por endosarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de encubrir su ineptitud.
