Las elecciones se aproximan y, con ellas, la responsabilidad de elegir a quien nos representará durante los siguientes seis años. Por ello es fundamental que cada candidato tenga un posicionamiento claro sobre los principales temas de la agenda nacional, como es el de la seguridad pública, y que éste sea del dominio de los ciudadanos antes de emitir su voto. En este orden de ideas, en Causa en Común nos dimos a la tarea de analizar las propuestas de seguridad pública de los candidatos a la Presidencia de la República.

Esta vez toca el turno a la candidata independiente Margarita Zavala, cuya estrategia de seguridad se compone por tres grandes ejes: la 1) “transformación el gobierno federal en materia de seguridad”, 2) “el fortalecimiento de las instituciones de seguridad de todo el país” e 3) “impulsar una política de prevención basada en evidencia”.

El primer eje, “Transformar el gobierno federal en materia de seguridad” incluye, a su vez, propuestas como: a) duplicar el estado de fuerza de la Policía Federal, b) fortalecer los protocolos del desarrollo policial de la corporación, así como aumentar las remuneraciones y prestaciones de los policías federales, y finalmente, c) construir una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Respecto a la primera propuesta, coincidimos que es necesario fortalecer a la Policía Federal, en número y en calidad; es decir, no basta con reclutar nuevos elementos, sino hay que garantizar que todo el personal esté lo suficientemente capacitado y equipado para desempeñar sus funciones. Lo anterior implica reclutar y capacitar a cerca de 40 mil elementos durante los próximos seis años, algo difícil pero no imposible. De manera similar, aunque consideramos que incrementar la remuneración y las prestaciones de los policías federales es un acierto, se requiere una explicación de cómo se definiría el tabulador de sueldos y prestaciones, y cómo se integraría a un auténtico sistema de incentivos en el marco del servicio profesional de carrera.

Respecto a la propuesta de fortalecer los protocolos de desarrollo policial, ésta es demasiado general. La candidata no define qué entiende por “fortalecer los protocolos”, ni cómo lo va a hacer y, sobre todo, tampoco considera la importancia de  garantizar la aplicación de los protocolos de desarrollo y actuación ya existentes. El único referente claro sobre el fortalecimiento de protocolos, corresponde al régimen disciplinario respecto al cual establece a) la necesidad de darle recursos y autonomía a la Unidad de Asuntos internos y b) la creación de un mecanismo de supervisión externa, propuestas que consideramos positivas.

Coincidimos en la importancia de separar las funciones políticas de las de seguridad y, consecuentemente, apoyamos la propuesta de crear una Secretaría de Estado a cargo de la seguridad pública del país. Sin embargo, lo que no queda claro es por qué sería denominada Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos ejemplos de cambio en nomenclatura -es el caso de la policía del Estado de México- sin que ello haya significado cambios de fondo. Quizá el nombre sea lo de menos, pero sería saludable que la seguridad dejara de ser utilizada como bandera política. Se trata de responsabilidades institucionales que no requieren de nombres bonitos para dorarle la píldora a nadie.

El segundo eje, “fortalecimiento de las instituciones de seguridad de todo el país”, contiene cuatro propuestas: a) detonar una reforma policial en todos los estados y municipios, b) crear Academias Nacionales, una sola Unidad de Asuntos Internos y un Instituto de Seguridad Social para personal policial, c) un principio de subsidiariedad y d) el promover y facilitar la denuncia de delitos.

Sobre el primer punto, es un acierto considerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del país mediante una entidad que homologue la capacitación de todos los policías. De la misma manera, la propuesta de crear un Instituto de Seguridad Social para policías es urgente y necesaria. Respecto a la creación de un área de Asuntos Internos Nacional, consideramos que debe valorarse en términos de su aplicación práctica, para que sea en efecto capaz de la supervisión y desahogo de todos los casos a nivel nacional.

En cuanto a la propuesta de subsidiariedad para cubrir los espacios que han dejado vacíos algunos gobiernos locales, ésta debe ir acompañada de un adecuado sistema de incentivos y penalizaciones a fin de romper el esquema de incentivos negativos que hoy permite a los municipios y estados desentenderse de sus responsabilidades de seguridad.

La cuarta propuesta es facilitar y promover la denuncia de actos delictivos, para lo cual la candidata propone ampliar los mecanismos de denuncia, trasladar las funciones de recepción de denuncias a los policías, y eliminar la ratificación de denuncias. Es una propuesta con la que estamos de acuerdo. Promover la denuncia debe estar en el centro de todas las propuestas sobre seguridad. Por cierto, se menciona en este apartado, de pasada, sin ninguna conexión, la transformación del sistema penitenciario. ¿Qué tiene que ver el incremento de la denuncia con la reforma de los penales? Da la impresión de que había que mencionar en algún lado al sistema penitenciario. Valdría la pena pensar el tema y darle la importancia que merece.

El último eje de Zavala será “Impulsar una política de prevención basada en evidencia”. Es sin duda positivo que se mencione el tema. La falta de intervenciones focalizadas para prevenir la violencia es uno de los grandes pendientes en la política pública de seguridad. Lo malo es que las propuestas de este eje son aún más escuetas y ambiguas que algunas de las anteriores, pues no define algunos parámetros, no propone posibles metodologías, ni siquiera ofrece ejemplos para atender a los grupos más vulnerables. Sorprende, asimismo, que no haya un pronunciamiento respecto a la regulación de las drogas ni al control de armas, que han sido dos de los principales motores de la violencia en los últimos años.

Ojalá este sólo sea un borrador y que en algún momento se subsanen los vacíos, ambigüedades y omisiones de esta propuesta. Sería entonces un documento más útil para trazar rutas claras que nos permitan enfrentar la crisis de violencia que vivimos.

* Romina Jiménez Funes es investigadora de @causaencomun.