Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común en la Reunión convocada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017.
Gracias a la Junta de Coordinación Política por convocar a las comisiones legislativas e invitarnos a esta reunión. Agradezco este espacio para plantear nuestras inquietudes en torno a la minuta de Ley de Seguridad Interior.
Llevo 15 años trabajando para la construcción y el fortalecimiento de la ciudadanía y de las instituciones civiles de seguridad y he estado muy cerca de las víctimas. Los ciudadanos tenemos miedo, como también lo tienen las Fuerzas Armadas y los policías.
La situación de inseguridad en nuestro país es muy crítica y se agrava cada día. Por eso estamos convencidos de que no se trata de ganar la discusión, se trata de encontrar, juntos, qué es lo que a México conviene.
Quienes nos hemos opuesto a la aprobación de la minuta de Ley de Seguridad Interior que se turnó a esta Cámara de Senadores, lo hacemos con pleno conocimiento de lo que esto significa. Somos un conjunto de organizaciones sociales, académicos y especialistas aglutinados como Colectivo #SeguridadSinGuerra que, desde hace meses, hemos dado un seguimiento puntual a las iniciativas presentadas en la materia al Congreso de la Unión.
Es decir, nuestro rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en los términos en los que está planteada no es una ocurrencia o fruto de la improvisación; por el contrario, hemos realizado análisis profundos de las implicaciones jurídicas, políticas, sociales, así como para el pacto federal y la vida democrática de nuestro país que esta normativa traería consigo.
Entendemos y valoramos la labor que las Fuerzas Armadas han realizado desde hace más de una década en materia de seguridad pública, pero normalizar jurídicamente las acciones policiales de las Fuerzas Armadas, y conformarnos con las policías que hoy tenemos, perpetuará los delicados escenarios de inseguridad que hemos vivido estos últimos años.
Por eso la crítica a esta Ley no es en ningún momento una crítica a las Fuerzas Armadas, lejos de ello es un reclamo directo, fuerte y claro a las instituciones y gobiernos civiles que no han sabido o no han querido, reformar y fortalecer a las policías.
Rechazamos la minuta de Ley de Seguridad Interior porque, consideramos que no aborda el núcleo del problema y, de aprobarse, sólo serviría para prolongar un estado de cosas incompatibles con nuestras obligaciones internacionales en la protección de los derechos humanos y, con el modelo de Estado democrático de Derecho al que decimos aspirar.
Rechazamos la minuta de Ley en los términos que se plantea, porque en los hechos, consolidaría la tendencia a desatender el fortalecimiento de las instituciones civiles para privilegiar la estrategia militar y trastocaría el equilibrio entre poderes, diluyendo los controles legislativos.
Primero se tiene que reconocer que el problema político de fondo es que tenemos a las autoridades locales en debilidad extrema: que no profesionalizan a su Policía y con presupuestos mermados. En este contexto de vulnerabilidad institucional de las corporaciones civiles de seguridad, frente a situaciones graves, han venido solicitando el apoyo federal, de tal suerte que su debilidad, más el subsidio federal en materia de seguridad pública, los ha liberado de sus responsabilidades sin ninguna consecuencia. Se trata de un ciclo perverso que ocurre en muchas partes del país y definitivamente se tiene que frenar.
Ante esta situación, vislumbramos dos caminos:
Uno, que se diseñe una estrategia nacional con fondos suficientes, allanando las dificultades que encuentran los gobiernos locales para su acceso y con mecanismos de rendición de cuentas ágiles y transparentes, que permitan desarrollar, en todo el país, un Modelo Homologado de Policía bajo la supervisión y control federal que eleve las capacidades de los cuerpos civiles de seguridad pública y se continúe con el crecimiento y fortalecimiento de la Policía Federal.
Y diseñamos una reforma legal que permita la salida paulatina de las Fuerzas Armadas.
O, dos, claudicamos en la ruta por la reconstrucción de las policías y justicia civiles y decidimos que el país tiene que recargar, no sólo la seguridad pública, sino la estabilidad del país en las Fuerzas Armadas. Si es lo segundo, adelante con la Ley de Seguridad.
Si ustedes, legisladores, deciden que ésta es la solución, de todas formas, sería necesario resolver los términos legales de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y el articulado deficiente que presenta. Según los abogados que hemos escuchado y los organismos de derechos humanos que se han pronunciado al respecto, esta Ley tiene un sin número de problemas que, serán abordados mucho mejor por mi compañero Santiago Aguirre y por los representantes de la ONU-DH y de la CNDH.
Me permito hacer un llamado respetuoso a esta Legislatura a ponderar con responsabilidad las implicaciones que la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior conllevaría. Estén claros que éstas van a ser implicaciones políticas muy serias.
Después no se sorprendan de que las decisiones políticas que hoy estamos acostumbrados a tomar desde el ámbito civil, las tengamos que procesar con las Fuerzas Armadas.
No nos dejemos engañar. Esta propuesta no regula exclusivamente la actuación de las Fuerzas Armadas, sino que afectaría a todo el marco normativo en materia de seguridad y el equilibrio político del país.
Esto no significa que nos opongamos a todo, como dije en el punto uno, también tenemos propuestas alternativas al paradigma bélico de seguridad interior que se plantea y que elaboramos a partir de la convicción de que los problemas de violencia e inseguridad que vive el país deben abordarse de forma integral, a partir de siete elementos imprescindibles que, a continuación, y, por el tiempo sólo enumero, pero que con gusto se los doy desarrollados, si es de su interés:
- El respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional.
- Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos en los artículos 29 y 119 de la Constitución.
- Profesionalización de las policías civiles.
- Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública.
- Regulación del uso de la fuerza.
- Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad
- Fortalecimiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como el penitenciario y de reinserción social.
