Participación de María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común, en el Foro Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos
Mesa 2. La participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción como garante de la protección de los Derechos Humanos
Agradezco la invitación que me hizo para participar en este foro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es un honor compartir mesa con la doctora Mariclaire Acosta y el licenciado Joaquín Narro, ambos del Consejo Consultivo de la CNDH; con el diputado Rogerio Castro, y con mi colega José Luis Chicoma de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias también al moderador de nuestra mesa, el doctor Carlos Reyes, coordinador del posgrado en Derecho en nuestra Máxima Casa de Estudios.
Me da mucho gusto participar en este espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el papel de la sociedad para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Permítanme compartirles la visión que tenemos en Causa en Común, asociación civil que me honro en presidir.
Causa en Común tiende a ser relacionada con seguridad y desarrollo policial, que son los temas en los que hemos ganado más visibilidad; sin embargo, desde una perspectiva más amplia, los propósitos de la organización son la construcción de ciudadanía, la promoción de relaciones de confianza entre la sociedad y sus instituciones, así como el impulso de mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, elementos todos que ayudarán a fortalecer el estado de derecho en México.
El tema que nos ocupa en este Foro es de gran relevancia, ya que muy pocas veces se aborda la corrupción desde este ángulo; es decir, como un factor determinante en la violación sistemática de muchos derechos.
Hasta hace unos años, la corrupción se consideraba como un mal que caracterizaba a las instituciones de gobierno y a los gobernantes mismos. Sin embargo, pocas veces se reparaba en sus consecuencias sociales a gran escala o a largo plazo.
Hoy, la corrupción no puede circunscribirse únicamente al abuso del poder público en beneficio privado; es un fenómeno que se reproduce en todo tipo de instituciones, entre instituciones y particulares y entre particulares mismos, y ya es, sin lugar a dudas, junto con la inseguridad y la violencia, el problema que más afecta al país.
La corrupción es un resultado de nuestro subdesarrollo institucional, y tiene graves costos sociales, políticos y económicos. De acuerdo al índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado por Transparencia Mexicana, en promedio los hogares destinan 14% de su ingreso a dar “mordidas” para acceder o facilitar diversos trámites y servicios públicos, que son parte de derechos constitucionales de todos los mexicanos y que se condicionan a través de diversos tipos de sobornos, de dádivas o de favores con fines electorales.
El fenómeno de la corrupción también implica graves afectaciones presupuestales. De acuerdo a la Organización de Estados Americanos, el promedio de pérdidas por actos de corrupción en México equivale al 10% del Producto Interno Bruto, mientras que, a nivel mundial, es del 2%.
Es tal el impacto, que los expertos la consideran como un impuesto regresivo e incluso diversos estudios han encontrado una correlación entre los altos índices de corrupción y el nivel de desigualdad.
Además, en general, existe una percepción generalizada de que la corrupción no se sanciona y que, cuando llega a castigarse, ésta es a niveles muy bajos cuyo impacto es menor. Tan sólo como ejemplo, del total de las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación, únicamente el 3% llega a los tribunales.
Asimismo, aún prevalece en el país una perspectiva de que, cuando existe castigo, éste es individualizado, como si la corrupción se erradicara únicamente sancionando a “las manzanas podridas”. Este enfoque impide, a su vez, que se desarrolle una perspectiva institucionalizada que combata y prevenga la corrupción de forma eficaz desde sus causas y no sólo desde sus consecuencias. Tenemos como claro ejemplo los casos de gobernadores corruptos. Aunque algunos ya están en la cárcel, sus redes de corrupción siguen impunes y poco o nada ha cambiado a nivel institucional para evitar que estos casos se repitan.
En suma, la corrupción reduce los ingresos gubernamentales, viola derechos al deteriorar la calidad de los servicios públicos y de los programas y acciones de gobierno, inhibe el acceso a la justicia, genera impunidad, y provoca un justificado hartazgo social.
¿Qué hacer ante este panorama? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil y la participación ciudadana?
En primer lugar, un sistema anticorrupción eficiente y eficaz debe estar basado en cinco elementos: 1) un marco normativo; 2) mecanismos eficaces de quejas y denuncias; 3) un sistema independiente de investigaciones; 4) mecanismos de sanción; y 5) mecanismos de supervisión y evaluación.
Es justo en este último, el que corresponde a los mecanismos de supervisión y evaluación, en el que la sociedad civil y la participación ciudadana deben tener más peso.
La experiencia a nivel internacional da cuenta de que las instituciones ciudadanas y autónomas, que funcionan con mecanismos de supervisión y evaluación externos, son más exitosas y cuentan con mayor legitimidad que las que no cuentan con dicho componente ciudadano. Es precisamente en este punto en donde nuestro país aún tiene mucho por aprender, ya que, aún con todos los avances en la materia, falta la consolidación, desde las instituciones, de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, que permitan que actores externos, representantes de la sociedad, evalúen los procesos anticorrupción y exijan resultados.
Tomando estos puntos en consideración, entonces ¿en qué pueden incidir las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione mejor? Nos planteamos al menos tres vías de colaboración:
I) Acompañar al Sistema y en específico al Comité de Participación Ciudadana en sus distintas tareas. Actualmente, por ejemplo, organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad, mantienen su enfoque en el monitoreo de los avances en la instalación completa del Sistema. En este sentido, el papel de las organizaciones locales también será de suma importancia para subsanar las deficiencias institucionales de los organismos estatales.
Otras organizaciones también han acompañado al Comité de Participación Ciudadana en su instalación, incluso prestando a sus miembros instalaciones físicas para poder reunirse, ya que, como se ha denunciado en diversos espacios, no existe hasta el momento una oficina en donde los miembros del Comité puedan trabajar.
Otra tarea ha consistido en el monitoreo de la designación en el Legislativo del Fiscal Anticorrupción para evitar el uso político del nombramiento, así como para vigilar que los candidatos a ocupar el puesto tuvieran el perfil requerido por la ley.
II) Exigir que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla con sus obligaciones legales. En este caso, el papel de las organizaciones de la sociedad civil tendrá que ser también el de asegurar que el Sistema Nacional Anticorrupción lleve a cabo investigaciones independientes y de relevancia para el país.
Asimismo, deberá vigilar que cumpla con sus objetivos, que no sólo son los de combatir y sancionar la corrupción, sino también los relativos a la implementación de un plan estratégico de prevención que empiece realmente a combatir el problema desde sus orígenes y no sólo en sus efectos.
Para esto será necesario exigir asimismo que, desde el Sistema y, en específico, desde el Comité de Participación Ciudadana, se emitan recomendaciones para mejorar prácticas de carácter sistémico en las instituciones y promover que éstas se adopten. De lo contrario, se mantendrán las dinámicas recurrentes de prácticas corruptas.
III) Evaluar las labores del Sistema Nacional Anticorrupción. Otra de las opciones que tendrá la sociedad civil a partir de ahora con el establecimiento del Sistema será el de la evaluación de sus acciones y de los efectos que éstas tienen en la ciudadanía.
Un nivel de evaluación tendrá que ver con sus resultados; es decir, número de investigaciones realizadas y sanciones impuestas… y con la calidad de su labor; esto es, si las investigaciones se realizan efectivamente de forma independiente, de forma profesional y con estricto apego a la legalidad. Otro nivel de evaluación tendrá que ver con su impacto: disminución de la percepción de impunidad de la ciudadanía, mejora en la confianza de las instituciones, y cambios institucionales para prevenir los actos de corrupción.
Se tendrá también que promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas a través de informes públicos, no sólo sobre los aspectos negativos que se encuentren en el funcionamiento del Sistema, sino también referentes a aquello que esté funcionando de forma adecuada. Sólo de esta manera el Sistema Nacional Anticorrupción cobrará legitimidad y será percibido como un mecanismo independiente y eficaz en la lucha contra la corrupción.
Señoras y señores,
Si bien no compartimos la idea de que la corrupción es un problema cultural, de idiosincrasia, sí estamos ciertos de que la corrupción refleja patrones estructurales de comportamiento vinculados a la ilegalidad, las complicidades y los compadrazgos. La impunidad pasará a ser la excepción sólo mediante la aplicación de la ley, investigando, persiguiendo y sancionando los delitos; y consolidando las nuevas instituciones…
Por cuanto a la sociedad civil organizada, ésta fue primordial en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y del cuerpo colegiado de ciudadanos independientes que ahora está a cargo de su coordinación. No es poca cosa, pero la tarea, lo sabemos, será permanente. Por ello, sólo resta continuar observando, criticando, exhibiendo y proponiendo…
Muchas gracias.
