PROPUESTAS

• Retomar el SNSP en tanto red institucional con perspectiva de Estado, que defina políticas de seguridad basadas en evidencia.
• Determinar y definir de manera precisa la distribución de competencias en materia de seguridad pública entre los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal.
• Promover el desarrollo y el fortalecimiento de una corporación civil de seguridad federal en los términos del artículo 21 constitucional.
• Definir y promover la aplicación de criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las corporaciones policiales, ministerios públicos, sistema penitenciario y el Poder Judicial. En el mismo sentido, fortalecer los sistemas técnicos de interconexión entre las diferentes instituciones.
• Establecer mecanismos de seguimiento para los acuerdos emanados de las principales Conferencias que conforman el Sistema (Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario), con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

a) Con respecto al Secretariado Ejecutivo (SE) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CN):

• Cumplir, tanto SE como CN, con las responsabilidades de revisión, diseño y seguimiento de políticas nacionales para el desarrollo de policías, fiscalías y del sistema penitenciario a la altura de los requerimientos del país.
• Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para definir de manera clara los perfiles profesionales idóneos para ocupar la titularidad del SE y los cargos directivos del SNSP.
• Que el SE cuente con la facultad para definir los parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CN, de tal manera que garantice que éstos sean pertinentes, viables y medibles, así como para definir y fiscalizar a los actores responsables de su cumplimiento en los ámbitos federal, estatal y municipal.
• Que el SE defina programas de capacitación para los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a fin de proporcionar un esquema homologado de información. Esto a su vez permitirá contar con mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.
• Que tanto el SE como la CN estén facultados para definir y aplicar sanciones administrativas y presupuestales a las distintas autoridades que componen el Sistema por incumplimiento de los acuerdos.

b) Con respecto a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

• Realizar un censo nacional de policías para definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde a su geografía y problemática delictiva.
• Crear un organismo nacional, constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo policial, incluyendo selección, reclutamiento, capacitación. sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y de prestaciones, equipamiento e infraestructura.
• Homologar y elevar las condiciones laborales de las corporaciones municipales y estatales, a fin de que se respete el Art. 123 de la Constitución referente al derecho a un trabajo digno.
• Dar seguimiento y rendir informes regulares sobre el estado de implementación del Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales y de todos los aspectos relacionados con el desarrollo policial ya mencionados.
• Mantener la aplicación de los componentes del Certificado Único Policial referentes al control de confianza y generar las condiciones para que los demás aspectos que componen el certificado (evaluaciones de competencias y de desempeño) dejen de ser una simulación y formen parte de una estrategia de evaluación integral y efectiva.
• Fortalecer las oficinas de Asuntos Internos de las policías y promover mecanismos de supervisión externa a cargo de organizaciones sociales y ciudadanos.
• Restablecer a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) como una instancia enfocada a la supervisión y promoción del desarrollo institucional y la homologación de las capacidades técnicas y humanas de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS).
• Impulsar el incremento de los presupuestos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a las entidades federativas, y recuperar los fondos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), destinado a municipios.
• Ampliar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) y garantizar que el 20% de los recursos previstos se destinen a la atención de necesidades vinculadas con la seguridad pública. A su vez, promover cambios a las legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial sea destinado a seguridad.
• Que el organismo nacional propuesto impulse las reformas necesarias para que las corporaciones policiales cuenten con mecanismos transparentes y multianuales de financiamiento, así como con calendarizaciones que trasciendan periodos políticos y electorales.

c) Con respecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

• Crear un organismo nacional, constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo de los ministerios públicos, incluyendo selección, reclutamiento, sistema de carrera, esquemas salariales y de prestaciones, y que además se encargue de promover la capacitación y actualización de ministerios públicos y responsables de los servicios periciales.
• Que el organismo nacional propuesto impulse las reformas necesarias a fin de que se fortalezca la autonomía técnica y presupuestal de las fiscalías, impulsando reformas legislativas que acoten la participación de los poderes ejecutivos en la designación y remoción de sus titulares, y que establezcan períodos de gestión y presupuestos transexenales.
• Definir de manera precisa los requisitos profesionales y de buena reputación que deben cumplir los aspirantes a ocupar la titularidad de las fiscalías.
• Replantear el sistema de evaluaciones de desempeño del personal de las fiscalías para que dejen de basarse en el cumplimiento de requisitos administrativos y, en cambio, evalúen su desempeño a partir de la resolución de delitos de alto perfil, la reducción de la impunidad y la mejora de la atención a víctimas.
• Crear Unidades de Análisis Criminal que tengan como objetivo el estudio de las tendencias delictivas y definir planes de persecución penal que establezcan las prioridades de investigación.
• Promover en los ministerios públicos el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, a efecto de otorgar criterios de oportunidad, realizar procedimientos abreviados y celebrar acuerdos reparatorios con las víctimas afectadas, reduciendo así las cargas de trabajo y dando pronta resolución de los casos.
• Impulsar la creación de unidades especializadas al interior de las fiscalías para brindar protección y atención jurídica, médica y psicológica a víctimas directas e indirectas, testigos y denunciantes de delitos.
• Promover la creación de Consejos Ciudadanos al interior de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales. A su vez, definir de manera clara cuáles son los causales para la remoción de sus miembros, de tal manera que se cuente con criterios precisos que permitan garantizar la independencia técnica de los Consejos.

d) Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

• Recuperar el control del Estado sobre los penales que reportan autogobierno, a partir de trabajo de inteligencia, operativos policiales y un programa emergente sobre premisas esenciales de orden, justicia, respeto a los derechos humanos y reinserción social.
• Restablecer la operación de los penales federales que han sido clausurados y mantener una política de fortalecimiento del sistema penitenciario nacional con base en evidencia y en las necesidades identificadas en cada entidad federativa.
• Reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios, ampliando los recursos de amnistía y promoviendo mecanismos alternativos para la resolución de controversias en materia penal previstos por la Ley.
• Promover la creación de lineamientos para que la federación y las entidades federativas mantengan en operación equipos que permitan bloquear de manera permanente las señales de radiocomunicaciones.
• Garantizar que la población privada de su libertad se encuentre adecuadamente clasificada según su nivel de peligrosidad y etapa del proceso judicial. En este sentido, garantizar que se cumpla el artículo 18 de la Constitución, el cual establece que las personas en situación de prisión preventiva deberán estar separadas de la población sentenciada.
• Establecer lineamientos para un desarrollo penitenciario homologado a nivel nacional, considerando los estudios y protocolos realizados durante los últimos años, y mediante mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan periodos políticos y electorales.

• Llevar a cabo procesos de auditoría transparentes que permitan dimensionar el déficit de juzgados en el país que determinen los recursos técnicos, humanos y presupuestales necesarios para el fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo del Poder Judicial.
• Impulsar el uso de nuevas tecnologías para reducir los costos de impartición de justicia y que además faciliten la presentación de trámites y procesos judiciales, demandas, querellas y denuncias contra autoridades jurisdiccionales.
• Crear un Tribunal Superior Federal que releve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sus labores jurisdiccionales, conservando únicamente su carácter de Tribunal Constitucional. Con ello, disminuiría la carga de trabajo de la SCJN y se agilizarían los procesos judiciales de los tribunales colegiados y juzgados de distrito, que ya no esperarían los pronunciamiento del máximo tribunal a efecto de continuar con sus procedimientos.
• Promover una reforma constitucional a efecto de relevar al presidente de la SCJN de sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. La separación de funciones directivas permitirá acotar la concentración de poder y eficientar el desempeño y la profesionalización en ambos cargos.
• Promover reformas que contemplen el aumento en el número de consejeros para la instauración de salas especializadas en las tres funciones principales del Consejo de la Judicatura Federal: Sala Administrativa, Sala de Carrera Judicial y Sala Jurisdiccional.
• Promover las discusiones en sede legislativa sobre las reformas constitucionales encaminadas a la implementación de la colegiación y certificación obligatoria mediante examen de especialidad, a efecto de cumplir los principios del ejercicio de la profesión judicial, como el secreto profesional, el conflicto de intereses, el respeto a los órganos de impartición de justicia, otras autoridades y sus colegas.
• Fortalecer los sistemas de denuncia contra las autoridades jurisdiccionales por incumplimiento de sus obligaciones, así como el mecanismo de rendición de cuentas de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para dar un mejor seguimiento a las quejas, resoluciones y sanciones impuestas.

1. Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV):

• Con miras a fortalecer la autonomía técnica y la legitimidad de la dirección de la CNDH, reformar el mecanismo de selección de su titular promoviendo ejercicios de gobierno abierto en el Senado, en los que organizaciones sociales y organismos públicos defensores de derechos humanos participen en la definición de la terna de candidatos.
• Reglamentar de manera clara en la Ley de la CNDH las causas y los mecanismos de sanción y eventual remoción del titular de la Comisión, incluyendo la aplicación de sanciones administrativas que no dependan de la voluntad política de las agrupaciones políticas en el Poder Legislativo.
• Dotar a la CNDH de facultades suficientes para emitir resoluciones vinculantes, que garanticen protección y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la posibilidad de emitir sanciones en contra de las instituciones, agentes del Estado y particulares que encuentre responsables.
• Crear definiciones adecuadas, dentro del glosario de la Ley General de Víctimas (LGV), para diferenciar entre víctimas de delitos en general, víctimas de delitos de alto impacto y víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de acotar el universo de responsabilidad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y los casos violatorios a los derechos de las víctimas atendibles por la CEAV y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.
• Definir en la LGV un sistema de responsabilidades y sanciones con el que se pueda garantizar el compromiso y la participación efectiva de las instituciones federales y locales para el correcto funcionamiento del SNAV. Esto permitirá dejar de sobrecargar a la CEAV como la única instancia dedicada a la atención y la reparación integral de las víctimas, así como facilitar sus funciones de coordinación y revisión de la política nacional de víctimas.
• Facilitar la inscripción al Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI) mediante la actualización del reglamento de la LGV, y contar con una versión pública de éste que permita fiscalizar el trabajo de la CEAV y de las Comisiones Estatales.
• Revisar la legislación vigente con miras a evitar cualquier duplicidad en las funciones de la CEAV y las que realizan otras instituciones de atención a víctimas, como la CNDH, las fiscalías y las secretarías de seguridad.
• Dotar de herramientas a los organismos encargados de la atención a víctimas, como lo son la CEAV y la CNDH, para que puedan promover mecanismos de reparación colectiva y simbólica, que involucren garantías de no repetición y que contemplen mecanismos de demostración pública del compromiso de las autoridades con los derechos de las víctimas.
• Dotar a la CNDH, a la CEAV y a las Comisiones Estatales de presupuestos multianuales que proporcionen certeza a la atención a víctimas. Esto incluye recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) como un mecanismo para que los recursos de ayuda, asistencia y reparación sean estables, así como dotar de una expansión al presupuesto administrativo para dar una atención adecuada a las víctimas.

1. Con respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB):

• Dar marcha atrás a la iniciativa del Presidente de elaborar un censo de personas desaparecidas o no localizadas a cargo de los Servidores de la Nación, dado que no ofrece garantías de independencia técnica y únicamente apunta a servir a intereses políticos y partidistas.
• Reformar el glosario de la Ley General en Materia de Desaparición para establecer definiciones claras y adecuadas que permitan llevar un registro mucho más minucioso del número de personas desaparecidas y no localizadas en el país. Esto último permitiría fortalecer las bases de datos a cargo de la CNB, para llevar mediciones confiables y regulares de la desaparición de personas y la localización de fosas clandestinas.
• Reglamentar en la Ley General un sistema de sanciones administrativas y penales con el que exigir cuentas a las autoridades que incumplan el mandato de atender a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
• Promover e institucionalizar estrategias y mecanismos de colaboración entre colectivos de búsqueda ciudadanos y autoridades, con miras a desarrollar mayores y mejores capacidades de búsqueda a partir del intercambio de información, el trabajo de campo, la observancia de los procesos de identificación forense y la judicialización de los casos denunciados.
• Facilitar al Centro Nacional de Identificación Humana de recursos humanos y presupuestales suficientes para la capacitación y formación de los profesionales forenses del país, aumentando y homologando de esta manera la cobertura de los servicios forenses en el ámbito local. Igualmente, destinar mayores recursos para la ampliación de la red de Centros de Resguardo Temporal a todas las entidades del país, dotándolos de los insumos necesarios para el correcto cuidado de restos humanos y para su identificación genética.
• Dotar a la CNB de presupuestos multianuales que le permitan cumplir con los objetivos marcados en el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones.

• La falta de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) abrió el camino a una militarización acelerada, la cual, a su vez, ha obstruido la creación del propio Sistema. Por ello, detener y revertir el proceso de militarización requiere de la construcción de capacidades institucionales civiles, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Cumplir con lo que establece la Constitución en su artículo 21, en el sentido de que la Guardia Nacional sea una corporación de seguridad civil, vigilando y aplicando su adscripción a los programas para el desarrollo policial establecidos en la Ley General del SNSP. En este sentido, trasladar de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las plazas, instalaciones, equipamiento y presupuestos de la Guardia Nacional.
• Cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe darse en conformidad con los siguientes principios: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
• Detener y revertir la participación de las Fuerzas Armadas en obras públicas y en las distintas tareas civiles que se les han otorgado en los últimos años.

• Establecer una definición de combate frontal al crimen organizado, en un esquema de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y de corresponsabilidad con el gobierno de los Estados Unidos.
• Fortalecer las capacidades institucionales y la autonomía técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera para dar seguimiento a los flujos irregulares de dinero y judicializar casos de financiamientos ilícitos ante las Fiscalías Especializadas en materia de Delincuencia Organizada, Delitos Electorales y Combate a la Corrupción.
• Adquirir infraestructura para reforzar la vigilancia en aduanas y cruces fronterizos para la detección y detención de los flujos de drogas y armas. En este sentido, sistematizar la revisión continua de los inventarios de arsenales de las corporaciones de seguridad.

• Promover la reducción del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa contemplados en el artículo 19 constitucional, por tratarse de una medida inconvencional y contraria a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y a esquemas eficientes de investigación.
• Definir mecanismos y procedimientos para que los juzgados de control fundamenten la procedencia de la prisión preventiva en cada caso, así como la revisión periódica de su idoneidad según el curso de las investigaciones y el desarrollo del juicio.
• Promover la despenalización del cultivo, producción, comercialización y consumo de drogas, sancionados en el código penal federal.
• Implementar programas integrales de disuasión y consumo responsable, e incrementar el financiamiento a programas dedicados al tratamiento de adicciones, estableciendo mecanismos en la Ley General de Salud para la colaboración con organizaciones no gubernamentales.

• Dar cumplimiento a los acuerdos internacionales sobre políticas migratorias con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
• Modificar los términos de colaboración en materia migratoria con el gobierno estadounidense, con el fin de disminuir y ordenar los flujos migratorios en la frontera común.
• Revertir la decisión de colocar al Instituto Nacional de Migración bajo las órdenes de una Guardia Nacional militarizada.
• Establecer sistemas de protección humanitaria como albergues con servicios básicos y campañas de salud y de rescate de migrantes. Integrar también medidas de rescate prioritario para menores de edad que viajan sin compañía, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables. Así mismo, restablecer apoyos y generar redes institucionales de colaboración con las organizaciones no gubernamentales que apoyan a migrantes.

• Implementar una estrategia nacional para disminuir la “cifra negra”, delitos no denunciados, la cual deberá partir de la identificación y el desarrollo de buenas prácticas policiales para el fortalecimiento de la proximidad entre ciudadanía y corporaciones policiales, así como de la promoción de la denuncia oportuna de delitos a través de mesas de trabajo vecinales y vías de comunicación digitales.
• Recuperar fondos federales estables, como lo fue el Programa Nacional para la Prevención del Delito, para financiar un catálogo definido de proyectos dedicados al fortalecimiento de la prevención social de la violencia y la delincuencia. En dicho catálogo deberían incluirse:
  • Políticas de prevención situacional y recuperación de espacios públicos para disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva.
  • Programas de reinserción social en beneficio de la población liberada de los centros penitenciarios, incluyendo aquellas personas beneficiarias de amnistía.
  • Rutas de coordinación y mecanismos de colaboración con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de víctimas, que permitan construir una infraestructura de apoyo institucional para víctimas directas e indirectas, incluyendo huérfanos, viudas y comunidades afectadas por las violencias.
• Establecer programas y medidas, en acompañamiento con la sociedad civil, para enfrentar las violencias en contra de las mujeres. En ese sentido, crear unidades especializadas en enfoques y protocolos de género, para la atención, investigación y judicialización de casos de mujeres víctimas de violencias.
• Diseñar campañas de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la participación de autoridades educativas y judiciales de todo el país.
• Debido a que la reparación integral a víctimas debe incluir acceso a la verdad, a la justicia y garantías de no repetición, iniciar un proceso amplio de justicia transicional con la participación de todas las instancias del Estado mexicano.