Boletín: 06
Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.
Entre los meses de febrero y abril de este año, organizaciones de la sociedad civil realizaron tres reuniones de trabajo con los candidatos a la Presidencia de la República y sus equipos de trabajo para comentar una Agenda mínima en materia de anticorrupción, justicia, prevención y seguridad (anexa).
El 15 de febrero se llevó a cabo el encuentro con los integrantes del Consejo Asesor por la Paz del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, de Andrés Manuel López Obrador. El 28 de febrero asistió el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña; y el 2 de abril acudió Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente. Aún esperamos la confirmación de la candidata independiente, Margarita Zavala a quien, de la misma manera, se le invitó a participar en estas mesas de trabajo. En cada reunión tuvo lugar un diálogo abierto en el que se intercambiaron ideas y puntos de vista en materia de anticorrupción, justicia, prevención y seguridad. El objetivo es que cada aspirante a la presidencia conozca y, en su caso, se comprometa con la agenda mínima de acciones y reformas que resultan indispensables en cada uno de estos rubros.
Las organizaciones que participaron de este ejercicio son: Cohesión Comunitaria e Innovación Social; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Transparencia Mexicana; Fundar; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; México Unido contra la Delincuencia; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y Causa en Común.
AGENDA MÍNIMA
PROPUESTA A CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
● Importancia de mantener diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil para resolver definiciones y problemas de política pública.
● Nuestra prioridad es la transformación de las instituciones del país para que actúen de manera legal, legítima, eficaz, con integridad, apertura y rendición de cuentas.
● Queremos contribuir a dignificar el servicio público en todos sus niveles y vertientes.
● La naturaleza de los problemas que enfrenta el país exige mantener dos líneas de acción simultáneas: acciones de coyuntura y construcción institucional para el mediano y largo plazos.
● Hemos perfilado una agenda mínima de temas para un diálogo sobre seguridad ciudadana, justicia y control de la corrupción.
Control efectivo de la corrupción
– Consolidar y fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, incluida la Plataforma Nacional Digital.
– Revisar a profundidad la legislación sobre lavado de dinero y sobre extinción de dominio.
– Revisar el modelo de designación de los funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Revisar el modelo de designación y supervisión de los titulares y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
– Uso estratégico/automatizado de la información de la Unidad de Información Financiera y SAT en anticorrupción (prevención, detección, investigación, sanción).
– Análisis y uso intensivo de datos en la política anticorrupción (datos abiertos, inteligencia artificial).
– Plataforma nacional para las contrataciones públicas, mediante un “compranet” nacional que sea realmente una herramienta transaccional y no solo un sistema de información.
– Desarrollar un modelo de publicidad oficial que asegure una prensa libre y crítica.
Justicia
– Procuración de justicia. Es urgente el establecimiento de un modelo homologado de investigación criminal que logre consolidar esquemas de coordinación y colaboración entre instituciones a nivel nacional y que faciliten una eficiente persecución e investigación de los delitos.
– Es urgente contar con un sistema especializado en investigación de graves violaciones a los derechos humanos dentro de una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz, a partir de una reforma integral al artículo 102 constitucional y una nueva Ley Orgánica.
– Servicios periciales independientes. Es importante construir una gama de servicios forenses y periciales altamente profesionales y dotados de autonomía técnica.
– Mecanismo internacional contra la impunidad. Es urgente crear el Consejo Asesor recomendado por Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
– Distribución de competencias. Es necesaria una reforma normativa que ponga orden al establecimiento de qué autoridades conocerán de determinados delitos, no solo para su investigación, sino para la impartición de justicia y la ejecución penal. El marco actual ha tenido como resultado la fragmentación de los asuntos entre la federación y los estados, lo que impacta en un acceso a la justicia eficaz y eficiente.
– Disminución del uso de la prisión preventiva. En el ámbito normativo, es necesario suprimir tanto a nivel constitucional como en el Código Nacional de Procedimientos Penales la prisión preventiva de oficio. A nivel institucional es urgente fortalecer las unidades de medidas cautelares a nivel nacional.
– Implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
– Crear un sistema integral de información sobre el sistema penal federal y estatal.
– Reintegrar los conceptos de reinserción social en el sistema penal.
Prevención de la violencia, la delincuencia y el delito
– Política nacional de prevención de la violencia, la delincuencia y el delito que atienda las causas, gestione los riesgos y repare los daños –de manera focalizada y diferenciada en función del contexto local–.
– Dicha política debe conjuntar de manera integral la prevención social, situacional, comunitaria, psicosocial, policial y de la reincidencia.
– Reingeniería del entramado institucional y presupuestal para la prevención de la violencia, la delincuencia y el delito.
Seguridad
Modelo de Seguridad y Desarrollo Policial
– Crear una entidad de alcance nacional a fin de promover los lineamientos de desarrollo establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para las corporaciones municipales, estatales y de la Policía Federal, manteniendo la operación policial a cargo de cada nivel de gobierno.
– Realizar un censo nacional para determinar necesidades de reclutamiento.
– Definir incrementos salariales y un régimen complementario de seguridad social.
– Poner en marcha un programa integral de profesionalización.
– Institucionalizar el circuito: recolección de información-análisis-trabajo policial. Mejorar la calidad y la desagregación de la información para construir diagnósticos locales.
– Derogar la Ley de Seguridad Interior.
– Crear una Secretaría de Estado a cargo de la seguridad pública federal e incrementar sustancialmente el estado de fuerza de la Policía Federal.
– Incremento presupuestal acorde con las necesidades del país en la materia.
– Instaurar mecanismos de supervisión externa para todas las corporaciones.
– Crear una Clave Única de Identidad Ciudadana.
– Despenalización integral de la marihuana.
– Implementar una política de combate al tráfico ilegal de armas.
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