- Recuperar la paz enfrentando las causas de la inseguridad.
- Rediseño institucional del área de seguridad, coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad.
- Sociedad segura.
- Procuración de justicia.
- Mando único en las corporaciones policiacas para profesionalizarlas y facilitar una orientación “localizada”.
- Auditorías a la procuración de justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mayor autonomía a la Asamblea Superior de la Federación (ASF) y transformación del Sistema Penitenciario de un enfoque punitivo a uno rehabilitador y de reinserción social.
- Implementar un programa de prevención social de la violencia y el delito, sujeto a mecanismos de transparencia y evaluación.
Alrededor de las propuestas originales, el aspirante ha efectuado declaraciones y sugerido diversos “decálogos de acciones” en los que suma diversos enunciados, siguiendo la misma línea discursiva: cambiar la estrategia de seguridad y atender las causas de la inseguridad.
En el primer proyecto de su plan, “recuperar la paz enfrentando las causas de la inseguridad”, la visión del candidato sobre sus causas es que obedece a circunstancias de pobreza. Desde su perspectiva, combatir la pobreza es la respuesta para disminuir la delincuencia en el país, una consideración simplista del fenómeno delictivo a nivel nacional.
Si bien es cierto que la precariedad en la que vive la mitad de la población en México puede generar conductas antisociales, la inseguridad y la delincuencia son circunstancias multifactoriales que no se resuelven con la disminución de la pobreza. Adicionalmente, en esa lógica no caben las explicaciones para los actos criminales de la delincuencia organizada en sus niveles superiores, ni desvío de fondos por parte de la burocracia, que nada tienen que ver con los grupos sociales más pobres del país.
Con relación al segundo proyecto, “rediseño institucional del área de seguridad, coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad”, plantea reuniones diarias con las corporaciones policiacas y militares, crear una Guardia Nacional, reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública y otorgar al Ministerio Público la coordinación de las estrategias en materia de seguridad pública.
El modelo de reuniones interinstitucionales no es nuevo y, como receta desvinculada de fortalecimientos institucionales, no ha funcionado ni va a funcionar. Entre las acciones institucionales no se mencionan, por ejemplo, los sistemas de información (Plataforma México), ni la creación o fortalecimiento de unidades de análisis delictivo en cada corporación con la finalidad de geo referenciar la comisión de delitos y definir acciones de acción y prevención. Las reuniones de gabinete, lideradas por la figura presidencial, no pueden sustituir los programas que permitan diseñar e implantar una visión integral de una política de seguridad.
Por otra parte, si bien propone dotar de autonomía a los órganos anticorrupción a través de reformar el artículo 102 constitucional e integrar presencia ciudadana para fortalecer la transparencia en la impartición de justicia, también señala que “el presidente tendría el mando directo sobre un Ministerio Público con facultades plenas de investigación y ejercicio de acción penal, y concentraríamos en una sola oficina todas las áreas”. ¿Cuál es la diferencia con el tan criticado “fiscal carnal”, a modo del presidente en turno? Tampoco queda claro en qué parte del proceso se integraría la participación ciudadana. De nueva cuenta, la ausencia de planteamientos integrales dificulta el análisis de las propuestas.
Sobre la reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública, asegura que ésta tendrá la facultad de proponer políticas y estrategias de seguridad pública al presidente. Sin embargo, públicamente ha mencionado que “no se va a delegar la responsabilidad en ninguna instancia, en ninguna Secretaría. Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. ¿De qué manera se integran las facultades de la SSP en ese razonamiento?
En el tercer proyecto, denominado “sociedad segura”, impulsa la redefinición de prioridades presupuestales con un programa de austeridad, la creación de una Contraloría Ciudadana, la creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de los cuerpos policiales, el retiro paulatino del Ejército y la Marina, y la exploración de penas alternativas a sentencias de prisión.
Con relación a la Contraloría Ciudadana, plantea que sea autónoma y que se involucre con los procesos de denuncia ciudadana, al mismo tiempo que administraría el registro de los integrantes de los cuerpos de seguridad y coadyuvaría al fortalecimiento de los mecanismos de certificación de servidores públicos vinculados con la seguridad. No es una mala idea; se ha propuesto desde hace años por diversas organizaciones sociales, como Causa en Común. Sería de hecho aconsejable incorporar a la Contraloría en la construcción de un piso mínimo de desarrollo policial en todo el país, tarea que debería estar a cargo de una entidad nacional que sustituya al fracaso que ha sido el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el mismo sentido debe considerarse la propuesta del Colegio Nacional de Seguridad Pública, que podría homologar la capacitación básica en todo el país, a partir de un censo policial que finalmente nos permita conocer con cuántos policías contamos realmente, ya descontando personal administrativo, escoltas y policías auxiliares que se dedican a cuidar instalaciones bajo contrato.
En cuanto a desarrollo policial no se mencionan, sin embargo, otros aspectos esenciales como son los necesarios incrementos salariales y el régimen complementario de seguridad social establecido en ley, pero ignorado en prácticamente todas las corporaciones.
El fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública es la única vía para revertir la creciente militarización de la seguridad pública. Por ello, llama la atención la ausencia de una definición clara con respecto a la Ley de Seguridad Interior la cual, de no ser abrogada, profundizará esta tendencia.
El candidato ha señalado que el ejército se mantendrá en las calles y se “retirará paulatinamente”, aseveración que se contrapone con declaraciones en las que señala que su estrategia no se fincará en el uso de la fuerza. Si su “estrategia” no contempla el uso de la fuerza, ¿por qué mantendría al aparato castrense en labores que, además, se encuentran fuera de su ámbito natural de actuación? De cualquier forma, resulta extraño que alguien que pretende encabezar y representar al Estado mexicano renuncie al uso de la fuerza legítima para combatir al crimen. Como es el caso con muchos de sus planteamientos, éstos parecen responder únicamente a la necesidad electoral del momento y no a un planteamiento serio en torno a la seguridad.
En el cuarto proyecto denominado “procuración de justicia”, el candidato introduce una serie de acciones encaminadas a profesionalizar a los ministerios públicos, establecer un código de conducta para servidores públicos de la seguridad, y especializar perfiles de policías ministeriales de acuerdo con delitos específicos. Al respecto, el aspirante se ha pronunciado a favor de “moralizar y difundir valores”. Sin embargo, la profesionalización del Ministerio Público no puede dejarse al arbitrio de “valores”; debe, más bien, responder a responsabilidades legales claramente delimitadas, y a proyectos claros de mejora continua y evaluación.
El objetivo de que el Ministerio Público encabece y coordine las estrategias en materia de seguridad pública también es un planteamiento extraño. ¿Significa entonces que la nueva Secretaría de Seguridad estaría subordinada a la Fiscalía General? ¿Es esto viable o deseable? ¿No contamos con una fiscalía eficaz y además se le va a otorgar el mando sobre 38 mil policías federales? ¿Dónde queda entonces la función del Secretario de Seguridad o del Comisionado General de la Policía Federal?
Sobre su quinto proyecto, en el que promueve la “integración de un mando único”, presumiblemente a cargo del presidente y que cobraría la forma de una “Guardia Nacional” que integraría a todas las corporaciones de seguridad civiles y militares, surgen diversas dudas, y no es suficiente decir que dicha instancia se abocaría a la “optimización de los recursos del estado en materia de seguridad”. ¿Se trataría de una nueva institución o de una instancia de coordinación? ¿La integración sería orgánica o funcional? ¿Los militares se incorporarían a un régimen civil o los civiles a un régimen militarizado? Considerando que la capacitación y habilidades de policías, marinos y soldados son distintas, ¿de qué manera se pretenden homologar funciones y estrategias, si esos cuerpos de seguridad son distintos en su formación y función? ¿Qué diferencia tendría ese planteamiento con la Ley de Seguridad Interior, la cual efectivamente confunde seguridad pública con seguridad nacional?
En el sexto proyecto, “auditorías a la procuración de justicia” en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mayor autonomía a la Asamblea Superior de la Federación (ASF) y transformación del Sistema Penitenciario de un enfoque punitivo a uno rehabilitador y de reinserción social, se asume que se disuadirá el delito mediante alguna forma de “amnistía” y una “reconciliación nacional”. Son conceptos vagos que diversos miembros de MORENA han interpretado de maneras diferentes, y que convendría precisar. Ciertamente, al igual que en el caso de otras propuestas, parecería elemental transitar de la “moral” y el voluntarismo político, a la definición clara de qué significan estos conceptos en términos del código penal y la política criminal. Si la candidatura de Nestora Salgado es un ejemplo de lo que dichos conceptos implican, se abre un espacio de discrecionalidad muy peligroso en términos de una definición de seguridad que, cualquiera supondría, debería estar apegada a derecho.
El último proyecto, “implementar un programa de prevención social de la violencia y el delito, sujeto a mecanismos de transparencia y evaluación”, propone privilegiar las medidas cautelares sobre la prisión preventiva. Por otro lado, considera la participación de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en la revisión de presupuesto dirigido a la prevención, así como en el diseño de programas que garanticen su adecuado funcionamiento. No es una mala propuesta. El problema es que, como en casi todos los temas que toca López Obrador, se contrapone con otros mensajes políticos. Al igual que en la definición política de actores criminales, hay una tendencia a estigmatizar o absolver, en este caso a las organizaciones sociales, dependiendo si actúan al gusto del candidato. ¿Cuáles serían las organizaciones que sí podrían participar en el mecanismo de gobierno abierto, y cuáles serían y porqué las que, a su entender, estarían vetadas? Si la prevención de la violencia lleva un sufijo social, la propuesta de la participación ciudadana debe contener mecanismos claros de participación para la sociedad civil, desde un punto de vista integrador y no a partir de uno que aliente la exclusión social y la polarización política.
En conclusión, la propuesta de seguridad de López Obrador centraliza en el presidente atribuciones en seguridad y procuración de justicia; vincula erróneamente pobreza y criminalidad; incorpora conceptos ambiguos, como la “amnistía”, que serían interpretados por él en exclusiva; resalta conceptos morales que no deben sustituir a leyes ni a instituciones, y no especifica las vías para el desarrollo policial, ministerial y penitenciario que urgentemente requiere el país.
Preocupante…
Referencias:
