El derecho a la información resulta indispensable en la construcción de las democracias; esencialmente porque la obligación del Estado de proporcionar información oportuna y de calidad a la ciudadanía permite incrementar su participación activa en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. De hecho, el derecho a la información se ha ampliado hasta ser reconocido como un derecho humano fundamental incorporado en diversos ordenamientos internacionales.
En México este derecho está reconocido en la Constitución en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Esta Ley otorga a la ciudadanía la facultad de solicitar acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Por tanto, la LGTAIP ha permitido grandes avances para acercar la información gubernamental a la población y asegurar de esta forma el derecho a la información. A fin de garantizar que este derecho se cumpla existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), institución encargada de asegurar que las distintas entidades cumplan con esta obligación.
La experiencia de Causa en Común
Causa en Común, preocupada por incidir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la rendición de cuentas, utiliza como insumo la información que proporcionan las diferentes dependencias a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales estatales (INFOMEX).
A pesar de los indudables avances que la Ley y el Instituto han representado, con frecuencia la información obtenida deja mucho que desear. Incluso, en algunos casos la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales estatales funcionan más como mecanismos de simulación y opacidad, que de rendición de cuentas. Estas situaciones no sólo son responsabilidad de los sujetos obligados que se niegan a compartir la información, o que la proporcionan en formatos poco accesibles, o que simplemente no cuentan con ella, sino que también acreditan la falta de capacitación adecuada de las personas responsables de las áreas de transparencia.
A continuación, se enlistan ejemplos puntuales que muestran las dificultades para acceder a la información y lo complicado que pueden resultar los ejercicios de transparencia en la seguridad pública. La información corresponde a las respuestas que Causa en Común ha obtenido de 2017 a 2018.
a) Problemas técnicos con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
En teoría, la Plataforma Nacional concentra a todos los sujetos obligados del país en un sólo lugar, con el objetivo de facilitar las solicitudes de información. Sin embargo, esta integración es parcial, ya que entidades como el Estado de México no utiliza la plataforma de transparencia y sólo recibe solicitudes a través de su portal estatal; en otras entidades, no se puede visualizar la solicitud de información si ésta fue enviada como un archivo adjunto, lo cual con frecuencia es indispensable.
b) Tiempos
No todos los sujetos obligados tienen los mismos plazos de respuesta, ya que éstos varían de acuerdo a la legislación local en cada estado. Los tiempos límites para obtener respuesta varían de 10 a 20 días hábiles, siendo 20 días el máximo permitido por la Ley General. Lo anterior muchas veces dificulta el seguimiento de una solicitud, cuando ésta ha sido enviada a sujetos obligados de diferentes estados.
c) Formatos no accesibles
Diversas instituciones no proporcionan la información con formatos abiertos, lo que impide su procesamiento y análisis.
d) Declaración de “no competencia”
Un ejemplo entre muchos, son las solicitudes sobre la capacitación que se brinda a las policías en temas de uso de la fuerza y derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Nayarit respondió que la solicitud no era de su competencia, sino del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado. Sin embargo, dicho Instituto carece de página oficial a donde dirigirse y, de hecho, fue creado por decreto apenas el 30 de mayo de 2018. Además, en la respuesta de la oficina del gobernador se señala como competente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que originalmente negó su competencia. De nueva cuenta, este tipo de respuestas no son inusuales.
e) Inconsistencias de información
Se han detectado inconsistencias en la información que remiten los sujetos obligados; por ejemplo: Quintana Roo y Tamaulipas respondieron no haber ejercido gasto para el rubro de mantenimiento equipo de cómputo (software, hardware) en 2017; sin embargo, en otra respuesta Quintana Roo informó que gastó 400 mil pesos y Tamaulipas 1.5 mdp.
De igual forma, Campeche, Ciudad de México, Querétaro y Tabasco indicaron que no ejercieron gasto para por concepto de inversión anual en equipo de telecomunicaciones en 2017; sin embargo, en otras solicitudes reportaron un gasto por las siguientes cantidades: Campeche, 2 mdp; Ciudad de México, 463 mdp; Querétaro, 9 mdp; y Tabasco, 2 mdp.
f) Revisiones en las oficinas del sujeto obligado
Uno de los investigadores de Causa en Común, durante una visita de campo a la entidad, acudió a una cita para revisar la información directamente en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se le entregaron tres cajas con grandes cantidades de información que no estaba clasificada, no se le permitió tomar fotografías ni sacar copias, y únicamente pudo observar la información para hacer anotaciones.
g) Recursos de revisión
En la mayoría de las solicitudes de información enviadas a los sujetos obligados de Nuevo León, la respuesta que se ha obtenido es de “reserva de información”, por lo que se han tenido que interponer recursos de revisión. Como parte de este proceso, se ha citado a Causa en Común a las oficinas de audiencias para conciliar; sin embargo, debido a la distancia y los costos, se ha solicitado en varias ocasiones alguna otra alternativa a dicha audiencia, posibilidad que ha sido denegada.
Por otro lado, la mayor parte de las solicitudes que se han enviado a sujetos obligados de Yucatán no han sido atendidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y, en varias ocasiones, la única vía para obtener información es a través de un recurso de revisión. Derivado de uno de estos recursos, se logró que se aplicara una amonestación verbal al titular del área de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado; sin embargo, esta acción no garantizó el derecho a la información, ya que no se brindó la información solicitada.
Se podría seguir con el anecdotario de casos en los que se obstaculiza la entrega de información oportuna y de calidad para la elaboración de proyectos de investigación. Es verdad que hemos avanzado mucho, sí, pero tenemos mucho trecho por recorrer para convertir el derecho a la información en un derecho que pueda ejercerse efectivamente por todos.
Por ello, en lugar de estigmatizar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) o a los institutos locales y recortarles recursos, como ya lo ha hecho el actual gobierno federal, lo que corresponde a todos es reconocer su labor y exigir que se les brinde más apoyo para que puedan cumplir con sus responsabilidades… a menos que la intención no sea transparentar, sino regresar a tiempos en los que la opacidad era la norma. De ser el caso, estaríamos ante la cancelación de un derecho fundamental y un atentado a nuestra democracia. Ojalá no sea el caso, pero en cualquier escenario, de todos es la responsabilidad de defender derechos que no son de un gobierno ni de una corriente política, sino un patrimonio y una conquista de todos y para todos.
* Romina Jiménez y Viridiana López son investigadoras de @causaencomun.
