La palabra “estrategia” tiene originalmente una connotación militar. Su etimología proviene del griego strategia, que significa “oficio del general”. De acuerdo a la Real Academia Española, estrategia se define como el “arte de dirigir las operaciones militares” o como el “arte o la traza para dirigir un asunto”. Ahora bien, de acuerdo a estas definiciones, se esperaría que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública fuera un documento con objetivos, metas, acciones, indicadores y, en términos amplios, un plan que señale el camino a seguir. Sin embargo, la “estrategia” presentada por el Gobierno Federal nos conduce hacia un laberinto en el que es fácil perderse, empezando por la estructura misma del documento.
Lo malo… la no-estructura de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”
La Estrategia Nacional contiene los siguientes apartados: marco jurídico, diagnóstico, objetivos y “estrategias específicas”.
El diagnóstico es simplemente una serie de “reflexiones” que parten de la idea de que “el nuevo gobierno recibió una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón”. Es hasta el final del apartado, y de manera tangencial, que se citan tres fuentes de información: el INEGI, el Índice de Paz Global y el Índice de Percepción de la Corrupción.
Se cita al INEGI para referir que en México se cometen más de 31 millones de delitos al año, y que cerca de 99 % de ellos quedan impunes. Además, se menciona la cifra reciente de alrededor de 100 homicidios dolosos al día. También se cita al Índice de Paz Global, para mencionar que México “es percibido por la comunidad internacional como uno de los más corruptos, violentos e inseguros”. Finalmente, se cita al Índice de Percepción de la Corrupción, para señalar que “México ocupa la posición 138 de 180 países”.
Pero lo anterior no alcanza siquiera para conformar un diagnóstico. Si definimos diagnosticar, nuevamente de acuerdo a la Real Academia Española, como “recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza”, este apartado no puede ser considerado como tal. Un diagnóstico para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública debería incluir, al menos, los índices delictivos que se consideren prioritarios, las zonas más afectadas por los delitos, las condiciones con las cuales trabajan los policías, entre otros muchos indicadores.
Posteriormente, en el apartado de “objetivos”, se señalan ocho: 1) erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2) garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 3) pleno respeto y promoción de los derechos humanos, 4) regeneración ética de la sociedad, 5) reformular el combate a las drogas, 6) emprender la construcción de la paz, 7) recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, y 8) seguridad pública, seguridad nacional y paz. En el siguiente recuadro se señalan los objetivos y acciones contenidas en la estrategia.
Como se puede apreciar, la gran mayoría de las acciones que establece el documento para cumplir los objetivos, son generalidades y buenas intenciones que no contemplan metas ni indicadores, mucho menos responsables o plazos.
El laberinto del documento continúa en el siguiente apartado, que es el de “estrategias específicas”, cuya utilidad analítica es nula, y que en todo caso no están necesariamente vinculadas a los objetivos señalados anteriormente. Las estrategias específicas son: a) nuevo modelo policial, b) prevención del delito, c) estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, d) nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, e) estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos, f) estrategia de combate al lavado de dinero, g) estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio, h) estrategia para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras.
La confusión continúa porque las estrategias específicas contienen, a su vez, acciones incluso más desarrolladas que las acciones correspondientes a los objetivos. Por ejemplo, en la estrategia específica de combate al mercado ilícito de hidrocarburos se señalan tres etapas para su aplicación, incluyendo una de evaluación de resultado con ocho indicadores. De similar manera, en la estrategia específica sobre lavado de dinero se señalan 21 acciones concretas a realizar.
El laberinto por el cual nos conduce la estructura formal del documento se agrava con las contradicciones en las que cae la estrategia.
Lo feo… no es lo mismo lo que dicen que lo que hacen
Existe una contradicción grave y evidente cuando se señala que se impulsará la prisión preventiva oficiosa, al tiempo que se tiene como objetivo el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Pero eso no importó a la hora de ampliar el catálogo de delitos que generan prisión automática, modificando el artículo 19 de la Constitución el pasado mes de abril. Esta contradicción entre prisión automática y derechos humanos no es una apreciación de “organizaciones conservadoras”; al contrario, es lo que hace un gobierno profundamente conservador. El tema está bien definido a nivel internacional. En su momento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo saber a nuestro Congreso que “la existencia de la prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte, por lo que la ampliación del catálogo de delitos merecedores de su aplicación acentuaría dicha transgresión. Además, se trata de una medida que trasciende a la vulneración de derechos, ya que afecta en lo general al buen funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública”.
Otra contradicción grave y evidente se encuentra en la pretensión de “regresar a soldados y marinos a sus tareas constitucionales”, y señalar que hacen “funciones policiales para las cuales estas instituciones no han sido facultadas ni capacitadas”, al tiempo que se construye una Guardia Nacional, con procesos, protocolos y entrenamiento militar. De hecho, lo que hoy el gobierno llama Guardia Nacional, no es más que el conjunto de elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval, más algunos miembros de la Policía Federal (que, por cierto, va a desaparecer), que ya estaban desplegados. Pero además, la reforma constitucional le dio facultades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, por cinco años, que bien pueden ser renovados. Guardia militar y poder a las Fuerzas Armadas para operar como policía. Es decir, mucho criticar a la militarización para luego emprender la más profunda militarización de que tengamos registro. Resulta de hecho un tanto ridículo que se pretenda ocultar esta militarización con propaganda, con discursos, o con nuevos nombres para viejas instituciones.
Por otra parte, la Estrategia Nacional contiene un ofrecimiento para los delincuentes, que, por decir lo menos y ponerlo suave, resulta ilusorio, incluso surrealista. En efecto, el documento señala que, como parte de los procesos de desmovilización, desarme y reinserción, se ofrecerá a los delincuentes que, si dejan las actividades ilícitas, tendrán un aumento en la esperanza de vida, llevarán una vida “tranquila y sin sobresaltos”, encabezarán negocios legales y regulares, y alcanzarán la respetabilidad social. Ante tales ofrecimientos, ¿nos esperamos todos a ver cuál es la respuesta del Mayo Zambada o del Mencho o de los asesinos de Minatitlán?
Las deficiencias, confusiones y contradicciones graves del documento, impiden considerarlo una estrategia de seguridad. Con todo, algo se puede rescatar, no como planteamientos programáticos, que no los hay, sino al menos al nivel de ideas.
Lo bueno… ojalá…
En el contexto de las elecciones presidenciales, organizaciones adheridas a la Tercera Cumbre Ciudadana presentaron a los candidatos una serie de propuestas que incluyó el tema de seguridad. Algunas propuestas presentadas entonces, y que fueron incluidas en la “estrategia” de seguridad, se refieren a implementar mecanismos de supervisión externa, crear un documento único de identificación nacional biometrizado y fortalecer Plataforma México.
Otros elementos a destacar incluyen la mención a modelos de justicia transicional, la idea de crear un nuevo modelo policial con énfasis en las corporaciones municipales, y la disuasión focalizada basada en evidencia.
En conclusión, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no es tal. Parece más bien un esbozo de un borrador del proyecto de una estrategia. Gravísima esta pobreza intelectual, teniendo en cuenta la crisis de violencia y criminalidad que sufre el país. Toca a organizaciones, universidades, y ciudadanía presionar para que no se profundice en la militarización del país, para que se desarrollen instituciones civiles (policías, fiscalías, poder judicial y sistema penitenciario), y para que se rindan cuentas de los resultados que se prometen un día sí y otro también. Desde luego, Causa en Común y muchas otras organizaciones, continuaremos poniendo nuestro mejor esfuerzo mediante la crítica y la propuesta, para apoyar todo aquello que nos ayude a salir del hoyo en el que estamos.
* Carlos Treviño Vives es investigador de @causaencomun
