Propuestas de reforma en seguridad pública

PROPUESTAS DE REFORMA EN SEGURIDAD PÚBLICA

México atraviesa por la peor crisis de violencia de su historia moderna. Aunque las causas son diversas, un factor determinante ha sido el abandono de las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

A nivel federal, el gobierno interrumpió el crecimiento y desarrollo de la Policía Federal, dejó de supervisar el desarrollo de las policías estatales y municipales a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y ha mantenido a las Fuerzas Armadas en funciones que no les corresponden.

En este contexto, consideramos urgente que los candidatos a la Presidencia de la República, los partidos políticos y los gobernadores se comprometan a implementar, como mínimo, las siguientes definiciones de política pública:

1.Un sólo modelo de policía a nivel nacional

  • Se requiere homologar los procedimientos, capacidades institucionales y modos de operación de las corporaciones municipales, estatales y de la Policía Federal, a partir de los estándares definidos en el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL), los cuales ya se encuentran establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cuyos componentes son: carrera policial; homologación de los perfiles, grados y funciones policiales; homologación de salarios y prestaciones; profesionalización; certificación integral; régimen disciplinario, y sistema complementario de seguridad social.
  • Se propone modificar la LGSNSP a fin de incorporar sanciones e incentivos para dar cumplimiento a las reformas orgánicas y estructurales de la Policía Federal, y de las policías estatales y municipales. Se debe transitar de un diseño normativo no vinculante, a uno normativo vinculante, que sancione presupuestal y operativamente el incumplimiento de objetivos.
    • Es fundamental garantizar que, independientemente del modelo de mando, el municipio cuente con una fuerza policial que mantenga el orden público, y realice funciones de proximidad social, prevención, vigilancia, tránsito y primer respondiente. Al igual que en el caso del resto de las corporaciones, el medio para fortalecer a las corporaciones municipales es el apoyo técnico y presupuestal, con mecanismos de control y supervisión. Es esencial, asimismo, definir con claridad en qué condiciones y bajo qué procesos el estado o la Federación podrán tomar el control temporal de la fuerza municipal. En dichos casos debe establecerse una estrategia de fortalecimiento del orden local que permita devolver las facultades de seguridad al municipio en un plazo determinado.

2. Investigación e inteligencia

  • Las instituciones de seguridad deben basar su operación en la planeación, la recolección y el análisis de información, la investigación y la generación de inteligencia. Actualmente, el sistema más robusto para ello es Plataforma México, un sistema de interconexión y acopio de información a nivel nacional. Es necesario recuperar y fortalecer este sistema para generar una base sólida de información en materia criminal para el Estado mexicano.

 3.Un nuevo diseño de seguridad pública a nivel federal

  • Es indispensable definir una estructura a nivel de Secretaría de Estado, encargada exclusivamente de la seguridad pública. Esto se puede lograr a través de:
    • Transformar a la Secretaría de Gobernación en Secretaría del Interior, a cargo de las políticas e instancias de seguridad pública federal, y transfiriendo sus funciones de operación y coordinación política a la Presidencia de la República, o…
    • Reestablecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
  • En cuanto a la Policía Federal, deben reanudarse sus programas de crecimiento, profesionalización y desarrollo interno. Ello permitiría reducir la presión operativa impuesta sobre las Fuerzas Armadas.

 4.Profesionalización

  • El SESNSP debe contar con la facultad legal de emitir certificaciones integrales a las Academias e Institutos de Formación Policial, que tomen en cuenta la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que imparten.
  • Se ha identificado que, en la mayoría de los casos, las corporaciones no aplican las evaluaciones de habilidades, competencias y desempeño. Es indispensable aplicar el Programa Rector de Profesionalización en vigor y evaluar periódicamente a los elementos, con el fin de garantizar que los resultados sean tomados en cuenta no sólo para capacitar, sino como elemento esencial de un sistema de incentivos, correctivos y remociones. Dichas evaluaciones deben, además, realizarse con base en los perfiles de puestos, distinguiendo funciones y nivel jerárquico.
  • El Certificado Único Policial (CUP) incorpora las pruebas de control de confianza, de habilidades y destrezas, así como la evaluación del desempeño. Actualmente, no todos los Centros de Control de Confianza están en condiciones de emitir los CUP. Se propone realizar una auditoría de capacidades a nivel nacional a fin de que todos los Centros se encuentren en posibilidad de cumplir con esta función indispensable para atender los requerimientos de profesionalización, carrera policial y régimen disciplinario.

 5.Modelo de Control de Confianza y Certificado Único Policial

  • Se debe flexibilizar la aplicación de los exámenes por género, nivel jerárquico, función y manejo de información sensible. Además, es necesario homologar los protocolos de actuación de los Centros de Control de Confianza para eliminar discrepancias en los manuales administrativos y formatos de seguimiento de casos, estableciendo con claridad los periodos de vigencia de cada examen.
  • Para mejorar el funcionamiento de los Centros, es necesario implementar el servicio de carrera para crear nuevas plazas y mejorar condiciones laborales. Asimismo, se deben instaurar canales de comunicación entre los Centros y las áreas de operación e inteligencia, antes y después de la realización de las evaluaciones, con el objetivo de integrar la información recabada en las evaluaciones a los trabajos de cada corporación.
  • En cuanto a los exámenes de ingreso a las corporaciones, se podría considerar una etapa de pre-filtro que permita despresurizar la carga de trabajo de los Centros, especialmente del área poligráfica. Esto puede lograrse, por ejemplo, aplicando en primera instancia los exámenes médicos y toxicológicos.
  • Se debe cumplir la ley, dando de baja al personal no aprobado. Para ello, deben destinarse partidas específicas para realizar liquidaciones conforme a derecho. Además, se debe desarrollar un plan de acompañamiento para el personal dado de baja mediante esquemas de orientación vocacional, y apoyo a su incorporación al mercado laboral.
    • Cabría adecuar los procedimientos de aplicación, análisis y presentación de resultados de los exámenes conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para de esta manera no violentar los derechos de los evaluados, y estar en posibilidad de generar elementos de prueba que fundamenten apropiadamente las bajas procedentes.

 6.Régimen disciplinario y combate a la corrupción

  • Se deben desarrollar estándares de conducta policial que permitan la efectiva asignación de responsabilidades a los agentes policiales por incumplimiento de funciones, abusos de autoridad, uso indebido de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos.
  • Son patentes las insuficiencias de las Unidades de Asuntos Internos y de los Consejos de Honor y Justicia en la mayor parte de las corporaciones estatales. Existe gran disparidad en las denominaciones de las áreas, el número de personas que las integran, los mecanismos de investigación, los tipos de conductas sancionadas e incluso en los criterios de deliberación. Es necesario que sus procedimientos se ajusten a un modelo homologado, adaptable a las necesidades locales, pero que establezca procedimientos formales mínimos de investigación (Asuntos Internos) y sanción (Consejos de Honor y Justicia).
  • Debido a que las incidencias de corrupción policial no suelen ser casos aislados, las investigaciones correspondientes deben también analizar la responsabilidad de la cadena de mando, caso por caso, a partir de los instrumentos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sólo de esta manera se pueden atacar las causas de la corrupción y no sólo sus consecuencias.
  • Más allá del sistema ombudsman y de la función de supervisión de las autoridades de seguridad pública que desempeñan las legislaturas federales, estatales y cabildos municipales, es necesario fortalecer las capacidades civiles externas de supervisión policial. Si bien los modelos de “auditor” y “monitor” han sido aisladamente experimentados en distintas entidades, es necesario explorar más modelos (como los Consejos Civiles) que se adapten a las necesidades de la sociedad, y de las policías federal y locales.

7.Estado de Fuerza

  • Actualmente, las cifras oficiales sobre el estado de fuerza de las corporaciones no reflejan el número real de policías operativos. Hay policías que cumplen otras funciones, como escoltas, o bien como personal administrativo. Las corporaciones deben reportar su estado de fuerza real, desglosando funciones y jerarquías.
  • De acuerdo con cifras del SESNSP, la tasa de policías en el país, sin contar a la Ciudad de México, es de 25.5 por cada 10 mil habitantes. Sin embargo, entre entidades existen grandes disparidades. En Tamaulipas, por ejemplo, se cuenta con solamente 1 policía por cada 10 mil habitantes, mientras que, en la Ciudad de México, hay 95 policías por cada 10 mil habitantes. Es necesario incrementar el estado de fuerza de las corporaciones con miras a contar con el número suficiente de elementos acorde a las intervenciones que deben realizar o a las necesidades particulares de cada estado.

 8.Presupuesto y certificación integral

  • Sin presupuesto no hay reforma posible. Es necesario que el Consejo Nacional y el SESNSP operen a lo largo de una estrategia calendarizada, con suficiencia presupuestal, abierta al escrutinio público mediante portales en línea. En este sentido, se propone una representación con voz y voto de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
  • Es necesario, asimismo, agilizar los mecanismos de ejercicio del gasto para eliminar los subejercicios de fondos federales destinados al desarrollo policial, destacando capacitaciones, evaluaciones, equipamiento e infraestructura. Debieran también considerarse horizontes multianuales que permitieran una planeación de mediano y largo plazos, acompañados de una adecuada fiscalización que asegure el correcto destino de los recursos.
    • Los presupuestos asignados deben condicionarse al cumplimiento de las metas de desarrollo institucional acordadas por el Consejo Nacional, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El cumplimiento de dichas metas se acreditaría ante el SESNSP, el cual emitiría anualmente una “certificación integral” de cada corporación.

9.Régimen complementario de seguridad social

  • La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las policías deben tener, además de las prestaciones mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, un régimen complementario de seguridad social, sin especificar su contenido ni sus alcances. Por lo tanto, es necesario establecer y homologar los criterios de dicho régimen, y ponerlo en marcha en todo el país.

 10.Procuración e impartición de justicia y reinserción social

  • De poco servirá reformar las policías si no se reforman igualmente las procuradurías, si no se fortalece al Poder Judicial y si no se atiende la crisis penitenciaria. Todas estas instituciones forman parte del proceso de seguridad y procuración e impartición de justicia, por lo que deben apoyarse y reforzarse mutuamente.

 

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